El Defensor del Pueblo defiende la liberación de los inmigrantes internos en los CIE por la crisis del coronavirus
Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo. Foto: EP.

El Defensor del Pueblo defiende la liberación de los inmigrantes internos en los CIE por la crisis del coronavirus

Hace suya una petición de la Asociación de Abogados Extranjeristas y ya gestiona que la Secretaría de Estado de Migraciones los ponga en libertad
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20/3/2020 06:25
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Actualizado: 19/3/2020 22:40
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en una carta enviada a la Asociación de Abogados Extranjeristas reconoce que los ciudadanos extranjeros en situación irregular que están privados de libertad en los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) se encuentran, como el resto de las personas privadas de libertad, en una situación particularmente vulnerable, por lo que recomienda que se pongan en libertad debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Desde esta asociación de abogados su vicepresidente Francisco Solans agradece el apoyo de una institución tan relevante como el Alto Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo.

Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio del Interior, “debe demostrar que verdaderamente cree en lo que dice la ley y que no utiliza los CIE como medida de intimidación contra la inmigración ilegal y como castigo añadido contra los que se atrevan a contravenir sus órdenes”.

Solans recuerda que “la ley consagra estos centros como no penitenciarios y eso quiere decir, como lo ha expresado el Defensor del Pueblo, la consecuente obligación de liberación inmediata, que confiamos se lleve a cabo, junto con otros países europeos, lo antes posible, dado que estamos hablando de un derecho fundamental de las personas”.

En el comunicado, al que ha tenido acceso esta publicación, el Defensor del Pueblo en funciones indica que “en el caso de los extranjeros internados en CIE se da la particularidad de que su privación de libertad tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión”.

Las circunstancias actuales, provocadas por el estado de alarma por el coronavirus, impiden que se pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas personas deben ser puestas en libertad.

En este sentido indica que “las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos han de tomar en consideración de modo prioritario la salud y la seguridad, tanto de los internos como de los funcionarios de policía y todo el personal que presta servicio en los CIE”.

“Por ese motivo resulta imprescindible asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos”, señala la nota enviada por Fernández Marugán a esta asociación de abogados.

En dicha notificación recibida por los abogados extranjeristas también se indica que «el Defensor del Pueblo se encuentra en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras así como con la Secretaría de Estado de Migraciones para asegurar que se dan las condiciones anteriormente señaladas para la puesta en libertad de los internos».

Asimismo apunta que ya se están haciendo gestiones, “ambos departamentos han comunicado las medidas de coordinación adoptadas, que ya se han puesto en marcha, para derivar las personas procedentes de patera y los solicitantes de protección internacional al sistema de acogida humanitaria”.

Junto con esas medidas, se están “realizando gestiones para facilitar el regreso a su residencia de las personas que cuentan con domicilio en España y la derivación a los servicios sociales municipales de aquellas otras que no se encuentren en las situaciones anteriores”.

Una queja urgente humanitaria

Hay que recordar que la Asociación de Extranjeristas presentó hace unos días una queja por vía urgente al Defensor del Pueblo por la continuidad de los CIE durante la crisis del COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma en España.

Desde esta asociación reclaman que ningún juez autorice ningún internamiento más durante la crisis del coronavirus y piden que el Ministerio del Interior «ordene de inmediato» la puesta en libertad de todos los internos.

Para Francisco Solans, “ los CIE han sido denunciados en múltiples ocasiones por las condiciones de vida, que pueden resumirse en que son mucho peores que las cárceles, a pesar de que la ley establece claramente que no son centros penitenciarios”.

A su juicio “es precisamente el no ser penitenciarios lo que construye que sean especiales de otras maneras y la ley establece esa especialidad en algo que al parecer el Ministerio del Interior está olvidando de forma grosera y gravosa para el derecho a la libertad, uno de las cúspides de la pirámide de los derechos fundamentales en nuestra Constitución”.

Este experto destaca que “el internamiento en estos centros puede darse única y exclusivamente como un medio para la ejecución de una expulsión«.

Francisco Solans, vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Abogados Extranjeristas.

«Ante el temor de que un extranjero que va a ser expulsado intente huir o entorpecer ilegítimamente la ejecución de la orden, la ley concede a la Administración un auténtico privilegio, como es tener a esas personas privadas de libertad.”

Sobre dicho privilegio indica que “tiene sus limitaciones, debe ser autorizado por un juez, por un máximo insoslayable de 60 días y nunca como castigo añadido a la expulsión, es decir, solo para facilitarla y hacerla posible”.

Por tanto, agrega, «se entenderá perfectamente que si por cualquier otra circunstancia la expulsión no va a ser posible el internamiento debe terminar de inmediato y la persona debe ser puesta en libertad”, apunta Solans.

Recuerda que la actual crisis del COVID-19 ha hecho que la primera medida adoptada por el conjunto de los países de todo el mundo fuera la de limitar la circulación de pasajeros.

Cree Solans que “el estado de alarma en nuestro país no debe solo fijar las medidas, sino que debe hacer que todos los abogados nos opongamos radicalmente, aunque solo fuera por ese motivo, a todo dictado de internamiento”.

Con este razonamiento, la Asociación de Abogados Extranjeristas anunciaba la presentación al Defensor del Pueblo de una queja urgente para que el Alto Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos que es la Oficina del Defensor se dirija al gobierno en apoyo de esta postura, cuya petición acaba de valorarse. Ahora el Ministerio del Interior tiene la última palabra.

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