Quién le iba decir a Carlos Lesmes Serrano que, al diseñar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al modelo de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le habían prometido presidir, iba a situarse en posición de rebasar el récord de longevidad.
De convertirse en un nuevo récord Guinness, histórico y nacional.
A los cinco años de mandato constitucional ha sumado ya un año y cuatro meses más de mandato prorrogado. Y los que le quedan.
Porque la cosa de la renovación del CGPJ va para largo, visto lo visto.
El récord, hoy por hoy, lo ostenta el desaparecido Francisco Hernando Santiago, quien estuvo 6 años y 10 meses al frente de la misma institución; entre 2001 a 2008.
Ya le queda menos a Lesmes para sobrepasarlo y así pasar a la Historia aunque quizás en letra pequeña o en nota a pie de página…, salvo por el récord histórico que si merecería reseña.
Como es persona de alto concepto de sí mismo, al idear el modelo presidencialista del CGPJ creyó no solo que podía dirigir a su antojo el órgano colegiado e imponer su criterio con una Comisión Permanente domeñada y aquiescente a sus deseos, sino también que podía enterrar el asociacionismo judicial y convertirse en el líder de la carrera judicial.
Desde luego lo primero lo ha logrado.
La Comisión Permanente es absolutamente seguidista de sus propuestas, que para eso él pone y quita a sus miembros «full time».
Todavía, por cierto, hay no pocos de los integrantes del Consejo que no han tenido el privilegio de formar parte de la misma, probablemente por su condición de díscolos y rebeldes.
Pero ha fallado estrepitosamente en su pretensión dirigista de la carrera judicial.
Las cuatro asociaciones de jueces, –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente–, le han venido plantando cara desde diciembre de 2014, cuando forjaron su acuerdo de unidad de acción.
Durante este tiempo se han convertido en un contrapoder al CGPJ y en interlocutores directos con el poder legislativo. Jamás antes, en su historia, las asociaciones judiciales –a las que Lesmes les propuso una vez que se fusionaran en una porque así era más cómodo negociar– han sido tan fuertes ni han tenido tanta influencia. Sus miembros, desde puestos de responsabilidad en órganos judiciales, están dando la talla, como se requiere en estas circunstancias difíciles. Y, además, están siendo muy leales con el Consejo.
Pero eso no quita para que las cuatro asociaciones de jueces y dos de las tres de fiscales –salvo la Unión Progresista Independiente– pidieran, el 13 de marzo pasado, públicamente su dimisión por su errática actuación en los días posteriores al 8 de marzo; la gestión de la crisis del coronavirus.
Y lo mismo hizo la Junta de Jueces Decanos de la Comunidad de Madrid.
21 jueces decanos.
Un segundo récord que se lleva el presidente en funciones en su historial personal: ninguno de sus predecesores se vieron sometidos a semejante reprobación pública.
Lesmes, habitante de su urna de cristal, aislado de la realidad, se ha dedicado a pontificar desde el sitial en que se ha aposentado.
Por supuesto, sin tener en cuenta que los jugados y tribunales españoles constituían posibles de infección y sin tener en cuenta que tanto a sus titulares, como al personal al servicio de la Administración de Justicia, no se les podía exigir su conversión en héroes sin dotarles de medios de protección.
Las limitadas rectificaciones que ha acordado el Consejo no han contentado a nadie.
Este no es tiempo de exigir responsabilidades. Como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Llegará ese momento, sin duda.
Pero ahí queda la exigencia de dimisión del presidente en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cuyo objetivo personal, único, sigue siendo convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional.
¿Lo logrará?
Eso también sería para otro récord Guinness. El tercero.