Enrique Sanjuan, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.
El magistrado Enrique Sanjuan reclama medidas excepcionales que reestructuren las deudas de las pymes y de las personas físicas
Pide un Real Decreto-Ley de urgencia que ayude a gestionar mejor estos pasivos
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02/4/2020 06:30
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Actualizado: 02/4/2020 12:56
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Teletrabajando desde su domicilio y asomándose a Linkedin, donde sus artículos y comentarios son seguidos por una legión de expertos en temas financieros, así transcurre la vida de Enrique Sanjuan, magistrado, especializado en asuntos mercantiles y de familia, de la Audiencia Provincial de Málaga.
Sanjuan analiza para Confilegal la situación actual de las empresa y particulares, muchos de ellas abocadas a nuevos concursos de acreedores.
A lo largo de esta noche, como otros tantos juristas, Sanjuán ha estudiado el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Un documento amplio en el que a nivel concursal pocas novedades hay pese a la necesidad de agilizar los procedimientos.
Reconoce que la situación derivada de la crisis del coronavirus es peculiar “y por ello se necesitan medidas de urgencia para que los jueces podamos hacer nuestro trabajo. Hay que aclarar el panorama legislativo y resolver cuestiones para empresarios y autónomos que pueden verse abocados al concurso”.
Del citado Real Decreto-Ley nos señala que en sociedades se ha incluido “un nuevo apartado para impedir que se lleve a cabo la disolución automática o se ejercite el derecho de separación en las empresas mientras dure el estado de alarma y tres meses más”.
Para este jurista hay que tomar medidas excepcionales para evitar el concurso como se ha hecho en Alemania, “donde se da dos meses después del estado de alarma para pedir el concurso, aunque se podría alargar hasta final de año”.
En este sentido, apunta que “habría que aprobar algunas medidas para evitar el concurso de las personas físicas hasta que recuperen su trabajo. Hay que reordenar su deuda hasta que puedan genera ingresos. Necesitarán un plazo de seis a ocho meses”.
Y en cuanto a las empresas, Sanjuan señala “hablamos de pymes, casi el 90% de las pymes son familiares. Necesitarán un periodo de recuperación, además de las ayudas que están recibiendo, pero hay que pagarlas. Tienen que reestructurar el sistema de deudas, tanto el anterior como el actual».
En cuanto a la reestructuración de la deuda, «necesitamos una medida excepcional que nos permita a los jueces de lo mercantil flexibilidad para adaptarse caso a caso respetando los principios de contradicción y defensa de cada una de las partes implicadas”.
Sanjuan reconoce que hay que distinguir a “la persona natural no empresario, del empresario y la persona jurídica que puede ser pyme. Necesitan medidas urgentes para no verse sumidas en esta crisis económica. Necesitan impulso y ver la forma de cómo resolver las deudas cuando se levante el confinamiento existente”.
Fijar las prioridades
“No parece lógico que ahora se pida al Consejo de Estado un informe para validar el texto refundido de la Ley Concursal, como así lo ha hecho el Gobierno. No es la prioridad en estos momentos. Además, las interpretaciones jurisprudenciales serán diferentes en los distintos juzgados”.
Recuerda que con la reforma concursal del 2015 “los concursos de personas naturales no empresarios fueron a los juzgados de primera instancia y los empresarios se quedan en los juzgados de lo mercantil, más especializados en estos temas”.
Desde su punto de vista “esta situación va a generar que muchas personas no podrán pagar sus deudas esenciales, como luz, agua, etc. Muchas de ellas buscarán la exoneración de sus deudas en los juzgados, con lo cual los juzgados van a colapsarse sobre todo los mercantiles, cuando se levante el estado de alarma”.
A su juicio, «necesitamos otras herramientas para afrontar esa situación derivada de la crisis del coronavirus. Lo que no necesitamos son unas herramientas que se vayan a discutir en el Parlamento u otras nuevas que haya que interpretar para solventar la cuestión”.
Para este jurista, estas herramientas “se han implementado en países como Alemania de forma reciente y podrían ser útiles. Unos quieren evitar la situación de insolvencia por eso creo que de aquí a final de año no debería declararse la insolvencia por estas razones de ninguna persona física o jurídica. Es una situación excepcional”.
Para Sanjuan hay que evitar que las empresas acaben “en concurso de acreedores.» porque en este caso «se dilata la solución de esa persona». En concreto, agrega, «según las estadísticas en torno a cuatro años y cuatro meses y no es la solución”.
Destaca que “hay que darse cuenta que las personas naturales necesitan un tipo de instrumentos diferentes de las personas jurídicas».
«Las personas jurídicas necesitan ayudas, préstamos ICO, liquidez y generar mercado para reconstruir su zona de confort para seguir trabajando y creciendo”.
En cuanto al parón económico que se ha hecho en estos días, “hubiera sido bueno implantar medidas sectoriales y territoriales. No todo el mundo está igual en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores de la actividad económica”.
Personal infrautilizado
Desde su punto de vista “hay mucha gente infrautilizada porque no se puede trabajar más al no tener los instrumentos adecuados en casa, eso hace que las posibilidades sean limitadas. Se podría utilizar a estas personas y generar cuerpos territoriales para trabajar en el desarrollo de este tipo de medidas”.
En su opinión, «ahora lo importante es resolver la crisis sanitaria para luego afrontar económicamente la recuperación. Es importante que se tengan en cuenta medidas como las hechas en Alemania donde se han prohibido los lanzamientos y moratorias en el pago de la renta hasta el 30 de junio de este año”.
Sanjuan recalca la necesidad de que empresas y autónomos no acaben en concurso de acreedores, “tristemente la estadística nos dice esto y solo el 8% del total se logran cerrar en convenios, ahora muchos de ellos con la coyuntura que estamos viviendo no se podrán cumplir”.
A juicio de este magistrado “el concurso necesita de una reestructuración para que realmente cumpla los fines para los que se creó. Es lógico que las empresas inviables salgan del mercado, pero empresas que ahora se ven abocadas a la recesión por la crisis del coronavirus necesitan un empuje para ser viables. Necesitamos medidas excepciones en estos momentos en este periodo de recuperación”.
En cuanto al mecanismo de segunda oportunidad, avanza que está ultimando un trabajo sobre esta práctica con un colectivo de expertos en esta actividad que no ha cuajado en nuestro país. “No nos ha servido mucho este instrumento que es muy rígido si lo comparamos con como se aplica en Francia y Reino Unido por ponerle un ejemplo”.
Desde su punto de vista, “este tipo de mecanismos deben ser más flexibles al propio deudor para recuperarle. En Francia, los jueces departen con el deudor y así se hacen una idea de cuál es su situación. Se trata de adaptar la situación a cada caso. En Londres, el propio Tribunal de Quiebras supervisa la actividad de los deudores y les ofrece ciertas ayudas para mejorar su solvencia. Esa flexibilidad no la tenemos”.
En el caso español, “se habla mucho del deudor de buena fe y se ha delimitado este concepto. Uno de los requisitos de los que se habla es no haber cometido ciertos delitos, sin embargo no se recogen los delitos de terrorismo o agresión sexual o la responsabilidad civil derivada de ellos. Hay que ser más flexibles ante robos menores en este tipo de situaciones”.
Sanjuan pide que este mecanismo de segunda oportunidad tenga una mayor flexibilidad prejudicial, “que sean las personas especializadas en la materia abogados y economistas que también necesitan una especial formación los que te vengan con la solución, en el caso de que hubiera. El acuerdo extrajudicial de pagos se ha convertido en una forma de ganar tiempo durante cuatro meses para luego preparar los papeles del concurso”.
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