La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha estimado la solicitud de medidas cautelares provisionalísimas realizada por la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC).
De esta manera, requiere al departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña para que «con carácter urgente e inmediato» proporcione a los Mossos d’Esquadra material de protección y test.
En el auto, la sala acuerda que la Generealitat dote a los agentes de mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, guantes, ropa impermeable y contenedores de residuos potencialmente peligrosos.
Asimismo, una planificación de formación para los trabajadores en la utilización de los Equipos de Protección Individual (EPI), test para detectar posibles contagios del COVID-19 entre los agentes que hayan tenido contacto con personas que han dado positivo en coronavirus y que se apliquen «de forma minuciosa» procesos de descontaminación y eliminación de residuos del material utilizado, así como la desinfección diaria de los centros y vehículos de trabajo.
Sentencias contradictorias sobre lo mismo
En los últimos días y ante la escasez de medios contra el COVID-19 diversos colectivos profesionales han acudido a los juzgados y tribunales de toda España para solicitar medidas urgentes para que las administraciones autonómicas y centrales provean de manera inmediata de dichos equipos de protección, así como material sanitario.
Hasta el momento, no existe una respuesta unánime sobre este asunto. Hay un número de jueces de toda España que han aceptado dichas peticiones y han dado un plazo de 24 horas a Ministerios o a consejerías para que distribuyan mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, y demás material; mientras que otros magistrados han rechazado estas peticiones.
Es el caso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que en dos ocasiones ha rechazado la petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para dar un últimátum al Ministerio de Sanidad.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denegó también la petición del Sindicato Profesional de Médicos para que se obligara a la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo, de manera cautelarísima a suministrar a los sanitarios de las islas equipos de protección frente al coronavirus (mascarillas, gafas y contenedores de residuos) en el plazo de 24 horas.
Por su parte, el magistrado Antonio Seoane, titular del juzgado de lo Social número 34 de Madrid, rechazó el martes una petición similar realizada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), y advirtió que tenía sospechas de que las medidas cautelares que estaban presentando numerosos sindicatos estaban siendo utilizadas como “arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación”.
En esta resolución el magistrado admitió que los requerimientos judiciales planteados en estos momentos tampoco son una “medida útil” porque si no hay equipos de protección, tampoco un juez “los va a proporcionar, ni los funcionarios judiciales se van a poner a elaborarlos domésticamente”.
