La fuerza de la Abogacía de Valencia

Como decana del tercer colegio más importante de España me he visto obligada a asumir esta crisis sanitaria con la serenidad que, en momentos como el presente se ha de tener, con firmeza, pero sobre todo con la responsabilidad que me transmiten los más de 11.000 colegiados y colegiadas y los cerca de 100 empleados que tiene el Colegio de Abogados de Valencia.

El mismo 13 de marzo para salvaguardar la salud de los compañeros y compañeras y, también de todo el personal del ICAV, se cerraron todas y cada una de las distintas sedes del Colegio, eso sí, ofreciendo a los colegidos/as todos los servicios de manera telemática y, telefónicamente a la ciudadanía, a través del SOJ.

Gracias a un intenso trabajo previo, con importantes inversiones, somos un colegio dotado de mecanismos para poder emitir todo tipo de certificaciones desde nuestra web, muchas han sido las expedidas para acreditar la dirección del despacho profesional y facilitar la movilidad, muchos han sido también los burofax que nuestros colegiados/as han remitido a clientes sin tener que desplazarse.

La oficina de atención a abogados y ciudadanos (OACC), ha sido nuestra “UCI”, resolviendo todas las dudas y la inmediata y necesaria respuesta.

Desde nuestro Centro de Mediación, CMICAV se articuló un sistema para poder llevar a cabo el servicio de intermediación hipotecaria y mediación familiar de la Diputación de Valencia, con asistencia on-line y telefónica para todos los ayuntamientos.

Los departamentos de Formación y Biblioteca, han ofertado formación “on line”, y se ha ampliado nuestra “Nube de Lectura” con más de 4.600 libros, gracias a la Editorial Tirant lo Blanch, valenciana esta, como nosotros.

También desde aquel 13 de marzo, se constituyó el Comité de Seguimiento de la crisis del “coronavirus” (COVID-19) que, entre otras, ha informado de la desbordante legislación que esta pandemia ha provocado, así como de todo aquello que los diferentes órganos han resuelto y que nos ha afectado.

MEDIDAS ECONÓMICAS 

Por supuesto, la Junta de Gobierno del ICAV, tuvo también que tomar medidas económicas, y a menos de 15 días de la declaración del estado de alarma, y con el fin de ayudar a nuestros colegiados y colegiadas redujimos la cuota de nuestro colegio correspondiente al segundo trimestre del presente ejercicio, en un tercio (33%) de su importe y ofrecimos además aplazamientos y fraccionamientos de las cuotas correspondientes al 3º y 4º trimestre de 2020; prorrateando su pago durante el primer semestre de 2021.

He de confesar que este colegio se sentirá siempre en deuda con el abogado D. Eduardo Calabuig quien en su testamento dejo su patrimonio al banco para el que trabajó como letrado toda su vida, y ello, con el fin de que se creará una Fundación para ayudar a los empleados/as de dicha entidad, pero con la premonición de que si el banco desaparecía todo pasará al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y el banco desapareció.

El patronato de esa, que hoy es la Fundación D. Eduardo Calabuig-ICAV, ha aprobado una línea de ayudas para los colegiados/as ejercientes afectados por el COVID-19 y sus consecuencias, a fin de que se atiendan de forma personalizada cada una de las distintas situaciones.

Que voy a decir de la Abogacía del turno de oficio, ya en Junio de 2018, con el desembarco del Aquarius, dieron la talla y, como siempre la dan los 365 días y las 24 horas al día, llueva, truene o haya, como ahora ocurre, una pandemia.

No quiero que estas palabras expresen desazón o tristeza, los Valencianos y las Valencianas somos por naturaleza emprendedores, intuitivos, trabajadores, dispuestos, y eso es trasladable a nuestra Abogacía.

Ahora, debemos seguir, algunos como dice la película tendrán que “Volver a Empezar”, pero con lo que sabemos, que no es poco.

Debemos de prepararnos, formarnos, reinventarnos si es necesario, para salir adelante y, mi colegio ya se ha puesto las pilas con propuestas al CGAE para el plan de choque que se avecina y con alternativas para la resolución de disputas entre las partes, ante la más que probable saturación de la Administración de Justicia.

Desde nuestro TAV (Tribunal Arbitral del ICAV), con el arbitraje ofrecemos una solución rápida -en principio, en un plazo inferior a seis meses desde la contestación a la demanda tendremos un laudo firme- a los conflictos entre las partes.

Y en la medida en que el tiempo es dinero (no sólo, pero también) el arbitraje resultará, en estos tiempos que se avecinan, una solución más económica.

También la mediación, como proceso alternativo de resolución de conflictos, voluntario, facilita que las personas puedan resolver sus discrepancias de forma pacífica y satisfactoria, alcanzando soluciones rápidas, ágiles, flexibles y vinculantes a través del diálogo, ayudados por un mediador.

De eso, de salir de este agujero doloroso e injusto, con fuerza nos vamos a ocupar, los valencianos y valencianas, nuestra abogacía y desde luego el ICAV.

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