La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido hoy más medios para la gestión online de las reclamaciones a las empresas.
Esta asociación, que preside Patricia Suárez, afirma que la interpretación que hace del decreto de alarma el Ministerio de Consumo, en manos de Alberto Garzón, «al dejar paralizados los cauces de reclamación de los consumidores ante los organismos competentes de las Comunidades Autónomas y entidades locales, no beneficia a los ciudadanos» ya que «retrasa la visualización de los problemas que se están produciendo durante el estado de alarma».
Recuerda el decreto de alarma no impide encauzar las reclamaciones y denuncias de los consumidores dando traslado de las mismas a las empresas interesadas, consiguiendo con ello resolver situaciones sencillas o disuadirles de determinados comportamientos abusivos lo antes posible.
‘BRECHA DIGITAL, TAMBIÉN EN LA ADMINISTRACIÓN’
Asufin señala que el Ministerio de Consumo ha manifestado que esta medida protege a aquellos ciudadanos que no tienen acceso a medios telemáticos.
Esta asociación hace hincapié en «que no se pueden paralizar las denuncias de aquellos ciudadanos que sí tengan estos medios, «máxime cuando se dirigen a grandes empresas que siguen activas y que pueden dar respuesta a sus peticiones».
Informa que la asociación ha constatado que «mientras en la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y grandes municipios se sigue tramitando con normalidad las quejas ciudadanas a través del teletrabajo de sus empleados públicos, otras con menos recursos se han visto obligadas a la paralización absoluta de la actividad en perjuicio de los derechos de los consumidores».
Destaca que «esta brecha digital en las administraciones ocasiona una grave desigualdad entre ciudadanos por su lugar de residencia» y apunta que esta situación debe resolverse cuando la urgencia sanitaria remita.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, manifiesta que su asociación está en teletrabajo desde el pasado 11 de marzo atendiendo todo tipo de consultas de manera telemática y telefónica, y que así ayudan a aquellos ciudadanos que carecen de medios a dar traslado a sus denuncias.
Subraya que «la Administración debe apoyarse en las asociaciones de consumidores para que los ciudadanos no se queden atrás».
INTERPRETACIÓN DE LA LEY
También alude a que el Ministerio de Consumo afirma la “imposibilidad” para tramitar las reclamaciones y deja desactivadas las vías para ejercer denuncias en estos momentos, por lo que “durante este periodo, las Administraciones deberían limitarse a dar respuesta a las consultas planteadas o informar sobre el modo de presentar una reclamación”.
A juicio de Asufin, esta interpretación supone un «retraso injustificado» de las reclamaciones de los consumidores durante el periodo de vigencia del estado de alarma «ante incumplimientos contractuales en la prestación de servicios o compras por parte de las empresas».
«Una situación que perjudica al mercado, al demorar el conocimiento de los problemas que estén surgiendo en este periodo», insiste.
Además, esta asociación señala que pese a que rige una suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos administrativos por la declaración del estado de alarma, el propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y de manera ampliada en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo permite reanudar procedimientos administrativos para “evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado“ y cuando concurra un interés general o a petición del ciudadano.
«En suma, las administraciones públicas deben facilitar en la medida de lo posible el traslado de las denuncias a las empresas, para que se puedan resolver situaciones sencillas además de disuadirlas de que incurran en un comportamiento lesivo», expresa.
Asufin fue fundada en julio de 2009 por un grupo de afectados por derivados financieros con el objetivo de «cambiar la cultura bancaria de nuestro país».
La preside desde entonces Patricia Suárez, licenciada en filología alemana, quien en 2008 descubrió que el banco le había colocado un “seguro” que le iba a costar más de 8.000 euros cancelar. Comenzó a buscar por Internet y vio que no era la única.
“A principios de 2009 comenzamos a intercambiar información en un foro (publicidad, sentencias y resoluciones del Banco de España), y en julio de ese mismo año un grupo de afectados por clips e intercambios de Bankinter fundamos Asufin”, ha relatado a Confilegal.
La asociación centra su actividad en la “prevención, información, formación y defensa de los usuarios financieros”. Ofrece un asesoramiento personalizado, y atiende a los afectados por “incorrectas prácticas bancarias en la comercialización masiva de productos financieros”.
Trabaja con organizaciones europeas, asociaciones y sociedad civil desde 2015, principalmente en la defensa de los afectados por hipotecas en divisas.
Desde abril de 2019 también forma parte de Finance Watch “para influir en Europa y poder ayudar a los usuarios europeos”.
