El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados Judiciales (UPSJ), el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) consideran que el plan de choque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «ignora la realidad diaria de la Justicia española».
Analizan en Confilegal las medidas que ha propuesto el CGPJ para evitar el colapso de la Justicia por la crisis del coronavirus, y exponen las razones por las que creen que este plan choca con la realidad y el día a día de los juzgados españoles.
Además, explican en este diario cuáles son, a su juicio, las medidas necesarias para la más «ágil y correcta» reapertura de los juzgados.
EL PLAN DEL COLEGIO NACIONAL
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Rafael Lara, señala que a día de hoy “la Justicia es un verdadero caos de normas y organización y está demostrando que no está preparada para una situación de crisis como ésta.
“No está preparada para el teletrabajo y está tecnológicamente en el pleistoceno”, apunta.
Indica que “solo el trabajo de los letrados de Justicia la está sosteniendo», y que asumen incluso «funciones que no les corresponden y que deberían hacer las Administraciones prestacionales (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas)”.
“Nos están encargando incluso el reparto de equipos de protección individual; decisiones en materia sanitaria, que deberían tomar los responsables de prevención de riesgos laborales, y para teletrabajar, el Ministerio de Justicia y muchas comunidades nos piden aportar nuestros medios personales, poniendo en riesgo la protección de datos”, expone Lara.
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia afirma que el Plan de choque del CGPJ “no es un verdadero plan para la etapa de poscrisis”.
“Es apresurado, incluso en su redacción, desconexo, y alejado de la realidad de los Juzgados. Además, no plantea verdaderas medidas coyunturales para retomar ágilmente la actividad en beneficio del justiciable ni otras estructurales que son necesarias”, explica.
Además, señala que “el CGPJ dedica la mayor parte de las páginas del plan a proponer reformas legislativas, olvidando que requieren de una tramitación parlamentaria, un reposo y unos informes previos de órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado e incluso del propio CGPJ, que al ser quien toma la iniciativa se pone en posición de recusación”.
También afirma que “desoye una elemental separación de poderes, y asume una función que el Real Decreto-Ley de estado de alarma encomendó al Ministerio de Justicia”.
Además, destaca que el CGPJ “no puede plantear medidas que limiten el derecho de defensa, como es el caso muchas de las que contiene el plan», «no puede pretender agilizar la justicia planteando el dictado oral de sentencias porque carecerán de la correspondiente motivación y afectarán al derecho de defensa», ni tampoco puede descargar su redacción en la oficina judicial, vistiendo un santo para desvestir a otro, pues la tecnología no está preparada”.
Lara apunta que las sentencias orales están ya previstas para casos de conformidad y que, por tanto, no se recurren, por lo que no es necesario motivarlas dado que no van a ser recurridas.
“Parece que la ejecución no le importa al CGPJ, que necesita una sentencia escrita y fundada para poder llevarla a término», añade.
Lara también echa en falta que el Consejo «no haya propuesto medidas de nuevas tecnologías».
No obstante, señala que “no todo” lo del plan “es malo”. Explica que “hay cierto número de medidas aceptables», que precisamente el Colegio Nacional propuso en un plan que presentó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el mismo día en el se publicó el del Consejo.
Por otra parte, dice que “el Ministerio de Justicia está tardando en asumir su encomienda en este estado de alarma, su posición y la iniciativa en las medidas a adoptar, para asumir su liderazgo y ordenar el esquema actual tan frágil en seguridad jurídica y caótico”.
Y le reclama “que escuche” a quienes dirigen las oficinas judiciales.
El plan del CNLAJ sobre cómo retomar la actividad «pronto» tras la pandemia, “y mejorar y agilizar” el servicio público ante la previsible necesidad de la sociedad consta de 13 medidas fundamentales.
Un plan de choque para la agilización de los pagos judiciales reintegrando a la sociedad 2.000 millones de euros; reducir la carga de trabajo con la conciliación y mediación de los letrados de la administración de justicia (LAJs), lo que en laboral resuelve el 51% de los casos sin juicio, que sea pactado por las partes y se extienda a todas las jurisdicciones.
Ante la «dificultad de creación urgente de servicios comunes» propone «unidades funcionales de estructura similar que asuman trámites transversales y apoyen a las plantillas ordinarias de los juzgados y tribunales».
También propone equipos funcionales transversales (juez, LAJs y los funcionarios que se precisen) con carácter de refuerzo para adelantar los señalamientos suspendidos, que «podrían trabajar en horario vespertino o en el mes de agosto».
Para determinados asuntos, como los procesos monitorios, que encauzan reclamaciones económicas, exceptuando familia, plantea unidades trasversales que asuman esa tramitación que «depende en casi total medida de decisiones procesales» de los letrados judiciales, para agilizar su trámite y resolución, que descargaría del 50% de la carga de trabajo a los juzgados civiles y sociales, que podrán concentrar sus esfuerzos en el resto de juicios (suspendidos o no) y el dictado de sentencias.
También aboga por la generalización del pleito testigo a todos los órdenes jurisdiccionales que lo admitan, y a decidir por el letrado de la Administración de Justicia, así como las acumulaciones a la hora de admitir a trámite la demanda, sin recurso.
El Colegio Nacional de Letrados también plantea una batería de medidas de carácter tecnológico, entre ellas la utilización de correos electrónicos o WhatsApp, y que se utilice para citaciones la sede electrónica de las empresas.
Quiere que el procurador haga notificaciones y citaciones por obligación y no de forma voluntaria como ocurre ahora.
Además, recomienda que las notificaciones a abogados y graduados sociales sigan los mismos términos que las realizadas por LexNET a los procuradores, y por lo tanto se elimine la necesidad de que abran la notificación para darla por efectuada.
También recomienda que para redoblar los señalamientos de juicios suspendidos se nombren equipos funcionales (juez, LAJs y funcionarios que se determinen) para celebración de juicios por las tardes.
Sugiere, además, la posibilidad de que se habilite el mes de agosto para que estos equipos funcionales de refuerzo puedan trabajar ese mes que ahora es inhábil.
Añade que los equipos funcionales se dediquen a todos aquellos juicios que han sido suspendidos y las plantillas orgánicas de los juzgados se dediquen al trabajo que ya estaba señalado.
Por último, propone actuaciones concretas de simplificación procesal, la reforma de la ejecución para hacerla más ágil, y la limitación de recursos frente a resoluciones interlocutorias que «lastran» los procesos.
EL PLAN DE LA UPSJ
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Judicial señala que ante el escenario poscrisis «muchos operadores jurídicos se han apresurado a enviar al Ministerio sus propias propuestas, en la mayoría de los casos arrimando el ascua a su sardina sin el más mínimo disimulo».
«Basta ver cómo el CGAE se atreve a dar instrucciones organizativas del trabajo de los juzgados o sobre cómo y cuándo deben disfrutar las vacaciones los funcionarios, instando, por ejemplo, a que se dé trámite de urgencia a procedimientos tan objetivamente faltos de la misma como las juras de cuentas o los incidentes de impugnación de la tasación de costas», argumenta.
También apunta que «el Consejo General de Procuradores llega a proponer la privatización de determinados trámites procesales».
Dice que entre todas las propuestas «llama especialmente la atención el borrador del CGPJ, por ser éste un ente al que se le debería presumir un profundo conocimiento del funcionamiento de los órganos judiciales y de lo que es posible o no en los mismos».
Señala que «a través de más de 400 páginas sugiere una batería de medidas que pueden ser resumidas en una clara y vergonzosa premisa: La mejora de las condiciones laborales y retributivas de los jueces y magistrados«.
«Sin el más mínimo rubor, a río revuelto, el CGPJ pretende aprovechar la crisis que nos azota para poner patas arriba el ordenamiento jurídico, sin ningún debate, sin propuestas que supongan ahorrar tiempo y costes al sistema o a los ciudadanos y con la descarada e insolidaria finalidad de descargar de trabajo y responsabilidad a los jueces endosándoselo a otros», denuncia Lidia Urrea, portavoz de UPSJ.
«No le ha bastado al órgano de gobierno de los jueces con boicotear las instrucciones del Ministerio y las comunidades sobre cobertura de servicios esenciales en los juzgados, pese a no fijar una presencia básica mínima del juez en garantía de los mismos», y que «en esa misma esperpéntica deriva propone ahora que se alargue la jornada laboral a los funcionarios (a ellos no), resucita el debate ya resuelto sobre las transcripciones, pretende que otros les redacten sus sentencias y exige una mejora de sus retribuciones a través del sistema de módulos, entre otras lindezas», añade esta asociación.
Informa que la UPSJ ha trasladado al Ministerio un «exhaustivo documento con propuestas realistas» para afrontar la crisis en cada una de las jurisdicciones, apostando decididamente por la tecnología y por racionalizar los trámites procesales.
Según explica Lidia Urrea, la asociación propone incrementar la eficiencia de los medios tecnológicos de los que ahora se dispone. Por ejemplo, generalizando el uso de correos electrónicos; la notificación telemática a todas las partes procesales, aunque no sean profesionales; el pago obligatorio a través de transferencia a cuenta corriente.
También reclama que las inversiones en Justicia que se aprueben con motivo del coronavirus se destinene sobre todo a la modernización de la Justicia, a los medios tecnológicos de la Justicia, «porque sin avanzar en esto nunca será la Justicia rápida y moderna».
Asimismo, «pide que haya un lapsus de tiempo sin entrada de escritos, lo contrario de lo que se ha acordado, para reducir las tendencias de asuntos pendientes antes del 14 de marzo, para estar en mejores condiciones en el momento de la reapertura y cuando llegue la temida crisis socioeconómica».
También reclama la implantación de mecanismos de acuerdos intrajudiciales, como la mediación y la conciliación en asuntos de consumidores, familia, etc, encargándolo a los letrados, «que ya tienen estas funciones legalmente previstas».
En el plan expone «medidas concretas para cada una de las jurisdicciones y dentro de cada una de ellas ha propuesto los cambios legislativos exclusivamente dirigidos a la agilización de la Justicia sin perjudicar nunca los derechos de los ciudadanos».
Dice que «cualquier empresa que en esta materia el Ministerio pretenda exitosa pasa necesariamente por tener en cuenta la opinión de los letrados de la Administración de Justicia como directores de las oficinas judiciales, que son los encargados antes, ahora y después de la organización de los recursos humanos y tecnológicos de la oficina y los que dirigen el procedimiento, según el artículo 454.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales confía en que el Ministerio «esté a la altura que la situación requiere y no se deje influir por las presiones y los intereses corporativistas, espurios a veces, de algunos».
Por otra parte, la portavoz de la UPSJ afirma la última resolución del ministro de Justicia para que permite que entren todo tipo de escritos y demandas, que entró en vigor el miércoles, «es en estos momentos totalmente contraproducente, porque sólo hay un efectivo en cada oficina, como ha marcado el propio ministro en los servicios mínimos, y por tanto, solo se podrá despachar una minúscula parte de lo que entra».
La UPSJ considera que esta medida «va en contradirección a la agilización de la Justicia».
«El panorama es demoledor para jurisdicciones como la Civil, Contencioso-Administrativo, Mercantil y Social, que son las más afectadas por las consecuencias de la decisión, ya que en ellas el proceso funciona a instancia de parte», apunta.
Además, critica que solo se permite la entrada a través de LEXnet o similares, con lo cual, los particulares o los ciudadanos que no vienen asistidos de profesionales se quedan viendo como los demás presentan escritos y que los suyos serán los últimos de la cola.
Señala que la «UPSJ ha pedido al Ministerio en su programa de medidas todo lo contrario a lo que se acaba de decidir».
Según explica, la propuesta de la UPSJ era continuar limitando la entrada de lo no esencial durante una semana más a partir del levantamiento del estado de alarma o de la vuelta de toda la plantilla, si se produjera antes.
Indica que «incluso les parecería más acertado que la entrada de todos los escritos y demandas fuera progresiva y al unísono con la incorporación progresiva de las plantillas».
«UPSJ deja anunciado que el colapso está servido», concluye diciendo Urrea, y pide que «se reconsidere la resolución».
MEDIDAS PROPUESTAS POR EL SISEJ
En el mismo sentido se ha pronunciado el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia sobre el plan de choque del CGPJ.
«Entendemos que quien debe liderar el plan de choque para la reanudación de la actividad judicial es el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Consejo, las Comunidades Autónomas y las asociaciones profesionales», manifiesta a la portavoz del SISEJ, Marta Urbano.
Asimismo, señala que «las modificaciones legislativas propuestas por el CGPJ no ayudan al desarrollo inminente para la ágil reactivación judicial, que es lo que se requiere en estos momentos por la situación generada por el coronavirus».
El SISEJ también ha traslado al Ministerio de Justicia un documento con medidas, tanto generales, como por jurisdicciones, «con el objeto de paliar los efectos negativos que para la Administración de Justicia ha supuesto la suspensión de los plazos procesales decretada, así como la ingente entrada de demandas que se prevé que tendrán entrada en los próximos meses en los órganos judiciales tras la crisis sanitaria producida por esta pandemia».
Según explica la portavoz del SISEJ, desde el punto de vista organizativo «resulta necesario un plan estadístico a través de la Comisión de Estadística Judicial para elaborar políticas públicas adecuadas y cuyo mecanismo de obtención de datos básicos requeriría de la remisión de los mismos, al menos, quincenalmente, por parte de los LAJs».
Asimismo, dice que es «imprescindible» la creación de equipos de refuerzo transversales en los juzgados, principalmente a través de sustituciones voluntarias y/o prolongaciones de jornadas, así como la ampliación de jornadas a las tardes, y el señalamiento de juicios en julio, agosto y septiembre.
Afirma que no menos importante es incentivar la labor conciliadora de los letrados de la administración de justicia en todas las jurisdicciones y la posibilidad de conversión de los mismos en jueces y fiscales por un concurso oposición.
Desde el punto de vista tecnológico plantea el desarrollo digital de la Ley 18/2011 en la Administración de Justicia y la «urgente adaptación de la Fiscalía a esta realidad digital».
«Se hace imprescindible, además, un desarrollo tecnológico y normativo del teletrabajo mediante acceso a VPN -que permite desarrollar las funciones de todos los agentes que intervienen en el órgano judicial fuera de su sede- a todo el personal de la Administración de Justicia«, prosigue, y pide formación específica en la materia para dicho personal.
También afirma que debe tenderse a la desaparición del mandamiento en formato papel y establecerse de forma obligatoria que los pagos a través de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales se realicen exclusivamente por transferencia bancaria.
Otra de las medidas que plantea es la implantación del expediente digital en todo el territorio nacional, que en la actualidad sólo está disponible en algunas jurisdicciones y comunidades.
Además, señala que cobra especial relevancia la posibilidad de establecer «un sistema de videoconferencia seguro, con firma digital reconocida, tanto para la realización de juicios como para conciliaciones ante el LAJ».
También indica que ante la situación actual, la formación del Centro de Estudios Jurídicos debe encaminarse hacia un sistema ‘on line’ en formación continua y semipresencial en formación inicial.
Desde el punto de vista de proximidad, el SISEJ aboga por una progresiva entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil y la «necesaria modificación» de la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer como norma general el apoderamiento mediante el registro electrónico del Ministerio de Justicia.
Asimismo, Marta Urbano manifiesta que es «urgente» la creación de centros de resolución alternativa de conflictos, y la «necesaria formación y potenciación» de los LAJs en la derivación hacia este tipo de mecanismos.
A su juicio, también es un buen momento para sustituir los Juzgados de Paz por Oficinas de Atención a la Ciudadanía, con una asistencia integral al ciudadano, mediante la colegiación de esfuerzos por parte de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, y un adecuado refuerzo contra la «violencia machista».
«Desde el SISEJ mostramos nuestro firme compromiso con el servicio público de Justicia y nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Justicia, como ya le hemos trasladado, para colaborar en cualquier plan necesario de actuaciones que garanticen la modernización, agilización y calidad de la Justicia», concluye Marta Urbano.
LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR AINLAJ
«Si nos inundan a circulares, protocolos y vademecum de cómo hay que suspender las cosas para luego reactivarlas no nos dejarán tiempo para lo que realmente importa, que es recuperar la normalidad», señala el presidente de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), Ángel Maraver.
Sobre el plan de choque del CGPJ se remite a lo anterior.
AINLAJ manifiesta que suscribe «muchísimas de las medidas del Colegio Nacional».
Dice que el único plan de choque es «trabajar», y apunta que por cierto está de guardia y no da abasto.
«La mayoría de los juzgados de pueblo -llamados de tercera, de los cuales existen más de 400 partidos judiciales en España- están actualmente abiertos y estamos trabajando con cierta nornalidad, por lo que no nos va a afectar tanto», señala el presidente de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.
Explica que AINLAJ «echa de menos medidas de protección porque la mayoría de estos juzgados son pequeños y entra el público y está en la misma sala que todos los funcionarios, con lo cual el contagio puede ser inminente».
