La libertad de expresión y el derecho a la información –para ser más precisos– son el oxígeno de la democracia.
Sin ellos no hay nada que pueda definirse como tal. Sin ellos solo hay tiranía y dictadura.
Dicho esto, hay que reconocer que la existencia de bulos, de noticias falsas (“fake news”), se ha disparado en los momentos actuales, debido, sobre todo a la situación de aislamiento, como consecuencia de la pandemia Covid-19.
La disponibilidad de tiempo libre para conectarse a las redes sociales y para transmitir mensajes de todo tipo en forma de vídeos, de memes, de fotos falsas «photosopeadas», de audios de imitadores de magistrados y de políticos que buscan hacer pasar por verdad lo que no lo es, está en el fondo del asunto.
Obviamente es algo que hay que combatir, estoy de acuerdo.
Aparte de la actitud personal, de quien lo ve o lo recibe, de poder contrastar la veracidad o no de la noticia, esta también la acción de desmentirla por quien se vea afectado por esa falsedad.
No puede aceptarse que circulen falsedades por las redes.
El afectado debería actuar. Si no hace nada, ya se sabe el viejo dicho, «el que calla, otorga».
El problema surge cuando, se establecen mecanismos de “filtros” y “censores” de lo que se publica –verificadores de información, se les denomina– como los que se han puesto en marcha en España para patrullar las redes sociales.
Estos censores, determinan criterios de “protección de la verdad”, o valoraciones de conveniencia a los intereses de quienes acuerdan denegar o autorizar la noticia.
En cualquier caso, la existencia de dichos censores supone un ataque directo a la libertad de expresión, el oxígeno de nuestra democracia.
Con ello se olvida, lo que es realmente preocupante: el Ordenamiento Jurídico.
No solo el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Se olvidan las armas legales reguladas por el legislador para la defensa de la verdad y para la defensa de aquellos que se vieren afectados por las manifestaciones vertidas al amparo de la invocada libertad de expresión.
Dicha libertad de expresión encuentra sus limitaciones no en la censura, criterio de aplicación absolutamente arbitrario e interesado por quien lo aplica, sino en nuestro Código Penal.
Existe en este Código un extensísimo artículo que castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses, a quienes, “fomenten el odio, la hostilidad”, etcétera.
Este mismo precepto, permite el “bloqueo al acceso” a las páginas donde se publican e incluso la “interrupción a la prestación del mismo”.
Pero esa decisión, la adopción de tal medida, no depende, de ningún organismo, creado al antojo arbitrario y político, camuflado de una profesionalidad informativa defensora de una falsa neutralidad, sino que debe ser fruto de una decisión Judicial,
Y vemos que, lamentablemente, el Poder Ejecutivo, se empeña, en invadir las funciones del Poder Judicial.
Hay más preceptos en nuestro sistema jurídico, que protegen contra los “bulos”, las “noticias falsas” y las difamaciones que se califican como injurias y calumnias, entren otros.
La jurisdicción civil, asimismo, dispone de palancas legales para actuar.
Cualquier otro sistema, distinto de la Ley Penal o Civil y de los tribunales, supone actuar contra la propia libertad de expresión, la piedra angular de nuestra democracia.
Cualquier otro sistema es, se llame como se llame, es censura.
Ya tuvimos mucho de ella en nuestro pasado como nación.
No pueden, ahora, darnos gato por liebre.
No pueden pretender engañarnos persuadiéndonos de que es la mejor forma de proteger nuestra libertad de expresión y nuestra democracia.
No podemos permitirlo. Nuestro presente, tal como lo conocemos, está en peligro.
En serio peligro. Tenemos que tenerlo muy claro. Nos va todo en ello.
