Más de 6.000 aspirantes estaban llamados el pasado 28 de marzo a realizar la prueba de acceso que habilita a los futuros abogados para ejercer la profesión, pero debido a la crisis sanitaria del coronavirus el examen se aplazó ‘sine die’.
Esta decisión fue anunciada el 10 de marzo. Ahora, el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), el Grupo de la Abogacía Joven de Barcelona (GAJ) y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA-Madrid) reclaman al Ministerio de Justicia que aclare la situación y realizan una serie de propuestas que han sido respaldadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Según han expresado estas tres agrupaciones en un comunicado conjunto, este aplazamiento supone dejar en una «situación alegal» a todas aquellas personas que este curso han superado los másteres de acceso y prácticas correspondientes.
Por ello, piden a Justicia que se celebre la prueba en un plazo no superior a tres meses, que se mantengan las dos pruebas de acceso anuales, que se informe de la fecha con mayor antelación y que se mantengan un diálogo con los representantes de los estudiantes de Derecho y de la Abogacía Joven.
La resolución del pasado 10 de marzo firmada por Concepción López-Yuste Padial, directora general para el Servicio Público de la Justicia, indicaba que la nueva fecha se fijará con “al menos tres semanas de antelación a su fecha de celebración” y se publicará en la página web del Ministerio de Justicia.
La abogacía joven solicita también todos los medios técnicos y humanos para que se amplíe el número de sedes para garantizar que la prueba se realice con una correctas condiciones sanitarias y que se reduzcan los tiempos de corrección con el fin de facilitar la rápida colegiación de todos los aspirantes aptos en la prueba y evitar así un solapamiento con la segunda prueba anual.
Referencia, la selectividad
En este sentido, estas agrupaciones apuntan que se puede tomar como referencia las actuaciones que se vayan a llevar a cabo para la celebración de otras pruebas académicas con cifras de participación más elevadas, como es el caso de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), antigua selectividad.
CONEDE, GAJ Barcelona y AJA Madrid han manifestado, además, que esperan contar con el respaldo de los Colegios Profesionales para que, una vez atendidas sus propuestas por parte del Ministerio y realizada la prueba, se permita una rápida colegiación que facilite que en el mes de septiembre los aspirantes de la prueba de marzo puedan estar colegiados y en disposición de incorporarse al mercado laboral.
Este lunes, el ICAM ha asegurado que el decano José María Alonso y toda la Junta de Gobierno respaldan las propuestas de AJA Madrid junto con el GAJ Barcelona y CONEDE.
Movilización en redes sociales
De forma paralela, durante las últimas semanas los aspirantes a la prueba de acceso han comenzado a movilizarse en redes sociales para reclamar soluciones a los 6.000 aspirantes.
Así, ha surgido ‘Afectados por el examen abogacía 2020‘, cuya página en ‘Facebook’ cuenta hasta el momento con más de 1.400 miembros.
Esta plataforma solicita que se les conceda la habilitación general para el ejercicio de la abogacía, ya que, según exponen en un comunicado, cuentan con los conocimientos necesarios para ejercer, tras la superación del grado, el máster habilitante y las prácticas.
En el caso de que esto no sea posible, agregan, piden que se se haga el examen por medios telemáticos o en sitios habilitados a tal efecto en cada universidad respetando las medidas de distanciamiento necesarias.
Recuerdan que esta prueba, de carácter obligatorio para ejercer la profesión, en ningún momento garantiza una plaza, como es el caso de las oposiciones, ya que la abogacía se trata de una profesión liberal.
