La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) califica de «inoportuna«, justo en la mitad de la pandemia del coronavirus, la puesta en marcha de los trabajos de elaboración de un nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, iniciativa que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, avanzó el 17 de febrero pasado, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
En ese marco, el ministro se comprometió a tenerlo listo para el último Consejo de Ministros del año «con el consenso de todos»
El pasado 15 de abril, el Ministerio hizo público que el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan José López Ortega –miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia–, había sido elegido para presidir la nueva Comisión que elaborará lo que se pretende que sea la definitiva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que vendría a sustituir a la vigente, aprobada en 1882.
«Especialmente inoportuna la puesta en marcha de una empresa de tanta envergadura como es la revisión de la norma que define el marco de los derechos y libertades de los ciudadanos en la lucha de los poderes públicos contra la delincuencia», afirma la plataforma en un comunicado.
La PCIJ está en contra de que se transfiera la instrucción de los jueces, que han venido ejerciéndola desde la Constitución de 1812, a los fiscales.
La entidad presidida por el abogado, magistrado en excedencia y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Agustín Azparren –y de la que es secretario general el magistrado Jesús Villegas– cree que el Ministerio de Justicia ha aprovechado «la confusión creada por la crisis sanitaria» para anunciar el comienzo de los trabajos de la nueva LECrim que, a su juicio, implantará «un modelo de investigación criminal que aproxima la instrucción penal a la política, con el consiguiente riesgo de favorecer la impunidad de los delitos de corrupción».
«Al margen de la concreta fórmula legal que se termine escogiendo, la figura propuesta implica mayor proximidad de la instrucción penal a la política, ya que el Ministerio Público, jerárquicamente estructurado, tiene en la cúpula una autoridad designada por el propio Ejecutivo», afirma la PCIJ.
Así, agrega en referencia a Dolores Delgado, «no olvidemos que actualmente ocupa el cargo de fiscal general del Estado una exministra del mismo Gobierno».
Aunque considera «prematura» una evaluación de este proyecto, parte del ‘Plan Justicia 2030’, señala que «los requisitos mínimos que debería reunir un nuevo sistema procesal para que no empeorara el vigente marco jurídico son que la política no debe ejercer ninguna influencia, directa o indirecta, en la investigación criminal y que la investigación criminal, sea cual fuere la autoridad que la dirija, debe ser completamente imparcial, inamovible e independiente; y no meramente autónoma».
Señala la plataforma que Justicia pretende «implantar un régimen ideologizado de investigación que, en vez de una búsqueda de la verdad material respetuosa de los derechos fundamentales, se oriente a vehiculizar la política criminal del Gobierno de turno».
La reforma de la LECrim es uno de los ejes principales del departamento de Campo, tal y durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
