Pablo, ¿por qué me persigues?

Muchos de Ustedes recordarán el pasaje bíblico -evangélico- al que esta frase hace referencia. En mi caso, es obvio que quiero referirme, no al Saulo que, cegado, cayó del caballo, sino al Pablo que, revestido de poderes “vicepresidenciales” y con acceso a la información privilegiada del CNI, cabalga el caballo del Gobierno con su coleta al viento de la crisis.

Pero al Antisaulo de Galapagar no sólo no le paran los jueces, sino que, convencido como está de que los jueces -al igual que la riqueza nacional- deben estar al servicio de la Nación y entendiendo que la Nación es él, se permite lanzar invectivas que casi ponen a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sede penal de prevaricación judicial.

Pero no hay problema, que ya para eso está el señor presidente del Gobierno, para ampararle con el artículo 20 de la Constitución Española; y no sólo Sánchez, sino que también el magistrado-juez en situación de excedencia especial, señor Grande-Marlaska, también invoca ese precepto.

Y a todas estas, la timorata y “quasi” silente respuesta del CGPJ se queda en la frontera del quiero y no puedo.

Y es que, ¿podíamos esperar otra cosa de un órgano de Gobierno de los jueces que, además de estar en precario por su propia situación de provisionalidad -eternamente prorrogada por virtud del sistema de cooptación política, se debe a quien les quita y les pone?

A mí, desde luego, tanta suavidad de los dirigentes judiciales no sólo no me ha extrañado, sino que me ha confirmado que, hasta que los jueces españoles mismos no sean capaces de elegir a quienes tengan que gobernarles y mandar de verdad en la Administración de Justicia, hasta entonces, no habrá resucitado Montesquieu.

Pero no quiero dejar el surco abierto por el excelentísimo señor vicepresidente segundo del Gobierno, la cuchillada que éste ha propinado a los jueces todos en las personas de los magistrados que dictaron la sentencia referida a su conmilitante (y en otro tiempo persona aún más cercana a él), la señora Isa Serra para los amigos.

Hay dos jueces más en el Gobierno, la señora Robles y el señor Campo; y ninguno de ellos -que se sepa- ha cuestionado la capacidad de “desahogo” político e ideológico del señor Pablo Iglesias.

¿Podía esperarse otra cosa? Pues miren Ustedes: en este caso, yo sí que esperaba algo de ejercicio -también de libertad de expresión- de la señora Robles y del señor Campo.

Pero, salvo que se me haya pasado por alto, no lo he “visto”.

Pues, ¡nada hombre, a vivir y a ser ministros, que son dos días!.

Con este clima de entreguismo judicial (me refiero a la cúpula judicial, que la inmensa mayoría de jueces españoles no son “grey política”), vamos mal, pero que muy mal.

Así, hemos asistido a la generación de cien medidas -luego reducidas a 13 o así en un ejercicio de autojibarización digno de mejor causa- que componían un supuesto “plan de choque para enfrentar la crisis del COVID-19.

Los autores de ese dichoso plan, tan ignotos casi como el club de expertos que asesoran al señor presidente del Gobierno; y las medidas, por su parte, sin práctica participación de otros que no hayan sido esos ignotos autores, con la oposición frontal de la práctica totalidad de los actores jurídicos y, finalmente, sin ni siquiera acogida en el último Real Decreto-ley 16/2020.

¿Puede alcanzarse un mayor grado de falta de influencia? Difícil me parece a mí.

Y aquí quería llegar yo para concluir este apresurado recorrido por algunos acontecimientos de magnitud políticojurídica, al Real Decreto-ley 16/2020.

Es éste, en sí mismo, un claro ejercicio del Gobierno de usar la escoba gorda, de barrer del medio todos los problemas, sin dejar que puedan entorpecer  la imparable trayectoria de este Gobierno hacia la gloria tezana.

Porque el Gobierno decide -y todos dirán amén- que, para enmascarar la tremenda debacle empresarial no hay mejor sistema que impedir que los acreedores puedan presentar demandas de concursos necesarios; y, además, se les dice a los deudores que no se preocupen, que basta con apelar al sacrodemoníaco nombre del coronavirus para que jueces y demás “ganado domesticable” tengan que embainarse su espada jurídica y olvidarse de trabajar.

Esto es algo así como si ya que nos molesta el perro porque puede estar rabioso, lo matamos ¡y se acabó la rabia!.

Pero el método de procrastinar los problemas tiene las patas tan cortas como las mentiras, porque es sólo pan integral para hoy, pero mucha, mucha hambre para mañana.

¿Hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia?

Ah, ¿pero queda algo de impaciencia en los operadores del Derecho?

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