Una vez me contaron una historia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de esas que hacen leyenda. Su protagonista había sido Javier Delgado Barrio, presidente del Consejo y del Supremo entre 1996 y 2001.
Muchos opinan que Delgado Barrio es el referente de modelo de presidente del órgano de gobierno de los jueces.
Ocurrió el 6 de septiembre de 1998. El expresidente del Gobierno, Felipe González, había hecho unas contundentes declaraciones en solidaridad hacia su exministro de Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.
El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo había confirmado, apenas unas semanas antes, la condena de 13 años de prisión para ambos por su participación en el secuestro de Segundo Marey en 1983 (delitos de secuestro y malversación de fondos reservados).
Marey fue confundido por un miembro de ETA por sus secuestradores en la primera operación de lo que se denominó Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), un grupo terrorista formado por miembros de las fuerzas de seguridad y mercenarios a sueldo.
Condena que González, que había dejado el poder 2 años antes después de 13 años al frente del Ejecutivo, calificó, en varias ocasiones, «de radicalmente injusta».
«No volveré la cara ante la iniquidad que se ha cometido contra Barrionuevo y Vera, a los que se ha condenado porque pertenecieron a un Gobierno de izquierdas. Pienso llegar hasta el final porque el futuro no se puede escribir sobre la iniquidad. Si uno, ante la iniquidad, vuelve la cara, no hay futuro creíble que ofrecer», dijo Felipe –como se le ha conocido popularmente durante muchos años– en la Escuela de Verano del PSOE.
Delgado Barrio consideró aquello una agresión sin precedentes a la independencia del poder judicial.
Así que esa noche del 6 de septiembre redactó un comunicado y ordenó enviarlo por fax a todos los medios de comunicación.
La sentencia del caso Marey, le recordó el presidente del Poder Judicial a Felipe, «es, sencillamente, la respuesta que el Estado de derecho da a los hechos enjuiciados, es decir, a la privación de libertad de Segundo Marey».
Delgado Barrio distinguió dos tipos de reacciones.
La que produjo «entre los ciudadanos en general» y la que se dio entre «el círculo de afectados directa o indirectamente por ella».
Para los ciudadanos el fallo fue «una manifestación concreta del funcionamiento de las instituciones del Estado de derecho, en el que corresponde al Poder Judicial sancionar las conductas constitutivas de delito», es decir, «con toda naturalidad».
Para los del círculo de afectados, que comprendía a los condenados como a las personas ligadas a ellos por vínculos de afecto o políticos, las reacciones fueron «en ocasiones airadas».
Al día siguiente los miembros de la Comisión Permanente se encontraron con la sorpresa. Tras leer el comunicado personal de Delgado Barrio le preguntaron que por qué lo había hecho él solo. Lo lógico hubiera sido una decisión colectiva, argumentaron.
«Hay cosas que solo puede hacerlas un presidente. Y esta es una de ellas», les contestó.
Delgado Barrio poseía una indudable «auctoritas» –el poder moral, basado en el reconocimiento y prestigio de su persona– y una clarísima «potestas» –el poder político innegable que le había sido conferido al asumir la Presidencia del CGPJ y del Supremo».
El «general en jefe» de la Justicia española.
Huelga decir que aquello contribuyó a labrar la imagen de grandeza personal de Delgado Barrio entre los suyos y que, hoy, todavía posee, tras su paso por el Tribunal Constitucional.
Es su leyenda.
DELGADO BARRIO Y LESMES
No puedo remediar comparar aquel acontecimiento con el del pasado 23 de abril, cuando la Comisión Permanente del actual CGPJ, que preside el sucesor de Delgado Barrio, adoptó, de forma colegiada, una decisión para responder a las críticas vertidas por el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, contra la sentencia condenatoria de su amiga, la diputada autonómica madrileña Isa Serra.
Amparándose en la «libertad de expresión».
Iglesias había escrito un tuit, la tarde anterior, mientras se hallaba en el pleno del Congreso, que decía: «Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso«.
La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra Sánchez había sido condenada a un año y siete meses de prisión por un delito de atentado, y a una multa de 2.400 euros por un delito de leve de lesiones y un delito de daños, una pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El diputado Pablo Echenique, siguió la estela de su jefe afirmando que el TSJM había condenado «sin pruebas» a Serra «por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad”.
«Yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza”, añadió.
PALABRAS GRUESAS
La Comisión Permanente del CGPJ respondió acusando al vicepresidente segundo del Gobierno de estar propagando “una sospecha de falta de imparcialidad los jueces españoles”.
Esas fueron palabras gruesas, muy gruesas, para los estándares a los que nos tiene habituados el órgano de gobierno de los jueces.
Las manifestaciones de Iglesias, dijo el CGPJ, «generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes».
Traducido: El poder ejecutivo no puede atacar, denigrar y vilipendiar al poder judicial amparándose en una pretendida libertad de expresión que no hace más que dinamitar el sistema democrático y constitucional.
La verdad es que llovía sobre mojado.
En enero Iglesias había lamentado que los tribunales europeos hubieran quitado la razón a los jueces españoles en lo relativo al “procés”. Para afirmar, a continuación, que era “una humillación para el Estado español”.
La Permanente le respondió dándole lección de primero de derecho a través de un comunicado.
LESMES TENÍA QUE HABERLO HECHO SOLO
¿Y por qué?
Porque buena parte de la ciudadanía percibe que este tipo de manifestaciones colegiadas del Consejo guardan un cierto «tufillo» –por no decir tufazo– corporativista.
Los jueces protegen a los jueces. Se protegen a sí mismos. Autodefensa del poder judicial en estado puro.
Si Lesmes hubiera salido en enero o en abril, como Delgado Barrio en 1996, su estatura personal y profesional habría crecido varios metros a ojos de propios y extraños.
La idea que se habría proyectado era que el presidente del Poder Judicial –él solo ante el peligro–, había sido capaz de poner en su sitio al vicepresidente segundo del Gobierno recordándole la existencia de la división de poderes y el respeto mutuo que debían tenerse.
La misma «auctoritas» y «potestas» que empleó Delgado Barrio en su momento.
Es curioso que el presidente más presidencialista de la historia del órgano de gobierno de los jueces no haya visto esto como una oportunidad.
Su gran oportunidad.
¿Es porque quizá está pensando más en el día después de que deje un Consejo que lleva caducado un año y cinco meses y no quiere molestar a nadie, por si podía perjudicarle en sus aspiraciones futuras?
El portavoz adjunto de Ciudadanos, y portavoz de su partido en la Comisión de Justicia, Edmundo Bal –abogado del Estado–, me recordaba ayer que «el problema de Iglesias y los suyos es que no creen en la división de poderes».
«¿Cómo van a defenderla los comunistas? Al contrario lo que defienden es la concentración de poderes en el Politburó, como en la Unión Soviética. Solo creen en la división de poderes cuando las sentencias les dan la razón. Cuando no es así es que los jueces son unos fascistas«.
PROFESIONALIDAD DEL TRIBUNAL QUE ENJUICIÓ A ISA SERRA
Bal, que fue el primero que llamó la atención a Iglesias en el Pleno del Congreso pocos minutos después de que publicara el tuit en defensa de Serra, subrayó la imparcialidad y la gran profesionalidad del tribunal que juzgó a la diputada autonómica.
«El hombre que presidió ese tribunal fue Celso Rodríguez Padrón, presidente del TSJM. Un hombre riguroso donde los haya, de lo más solvente, jurídicamente hablando«, dijo Bal.
Y añadió: «Rodríguez Padrón fue el ponente de la sentencia del caso que validó en España la ‘lista Falciani’, en la Audiencia Provincial de Madrid. Una sentencia que fue ratificada punto por punto, y sin mover una coma, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con ponencia de Manuel Marchena, y por el Tribunal Constitucional, con ponencia, nada menos, de Cándido Conde-Pumpido. Fue una sentencia espectacular, jurídicamente hablando».
«Cuando los jueces, de acuerdo con el principio de apreciación conjunta de la prueba, de acuerdo con el principio de apreciación inmediata de la prueba, de las reglas de la sana crítica de la prueba, dan por probado que hubo empujones, insultos y lanzamiento objetos, ¿cómo sale Echenique diciendo que es una sentencia sin pruebas? Echenique lo que dijo, con otras palabras -porque no es tonto- es que los jueces prevaricaron. ¿El partido político que sustenta al gobierno de la nación dice que los jueces prevarican?».
Lesmes perdió una oportunidad de oro, o quizá dos, para defender al poder judicial de la manera más eficaz que se podía encontrar: personalmente.
La contestación del CGPJ, además, fue la cuarta de la fila.
Primero fue Bal, en el Congreso de los Diputados, la tarde del 22 de abril, como hemos informado en Confilegal, luego fue la asociación de jueces Foro Judicial Independiente, a primera hora de la mañana, luego el Partido Popular y, por último, el Consejo General del Poder Judicial.
Dicen que Lesmes es el peor presidente, de los ocho que ha tenido el CGPJ en sus 40 años de historia.
No me atrevería a afirmar eso. No sería justo.
Pero ciertamente no es el mejor.
De eso, sí estoy seguro.
