El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una reunión telemática con Juan José López Ortega el pasado 15 de abril. Foto: MJ
Justicia constituye la Comisión que elaborará el anteproyecto de la nueva LECrim
Cinco fiscales, tres magistrados y dos profesores de Derecho Procesal integran el grupo de expertos, coordinado por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, que presidirá la comisión
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08/5/2020 11:13
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Actualizado: 08/5/2020 12:12
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El Ministerio de Justicia ha aprobado hoy la orden de constitución de la Comisión de expertos que elaborará el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que sustituya a la vigente de 1882, por encomienda del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Cinco fiscales, tres magistrados y dos profesores de Derecho Procesal integran este grupo de expertos.
Cinco de ellos participaron en 2011 en la elaboración de la propuesta de reforma normativa del anterior Gobierno socialista.
La composición de la Comisión es la siguiente:
Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y miembro del comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, es el presidente.
López Ortega también presidió el grupo de trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.
Entre el 27 de agosto de 2010 y el 1 de febrero de 2011 fue relevado de sus funciones en la Audiencia Provincial y se dedicó a redactarlo.
El anteproyecto fue aprobado el 22 de julio de 2011 por el Consejo de Ministros, pero no vio la luz porque crisis la económica de 2008 obligó a Zapatero a adelantar las elecciones generales y las ganó el PP.
En agradecimiento a su aportación, el exministro de Justicia Francisco Caamaño le concedió la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
El magistrado Juan José López Ortega es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
Ignacio Rodríguez Fernández, fiscal y letrado del Tribunal Constitucional de España. Fue miembro del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.
Pedro Crespo Barquero, fiscal del Tribunal Supremo. Fue miembro del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.
Pilar Rasillo López, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, especialista en el orden jurisdiccional penal. Fue letrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2012 y 2014.
José Antonio Colmenero, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide. Fue jefe de Gabinete del Ministro de Justicia en 2011.
José Luis Ramírez Ortiz, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Lorena Álvarez Taboada, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue miembro del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.
Concepción López-Yuste Padial, fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y directora General para el Servicio Público de Justicia.
Sofía Puente Santiago, fiscal delegada de violencia de género y directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Amaya Arnáiz Serrano (secretaria de la comisión), profesora Titular de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid y directora de Gabinete del Ministro de Justicia de España. Fue miembro del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.
Esta Comisión de expertos estará apoyada por una subcomisión técnica adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia.
La redacción de una nueva ley procesal penal ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo.
Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales.
El ministro Juan Carlos Campo la ha incluido entre las prioridades de su mandato. Se ha comprometido a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de finales de este año.
Campo explicó el pasado 17 de febrero ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que “tendrá todos los aportes normativos, institucionales viculantes y no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado, universidades, ramas afectadas y asociaciones”.
El Ministerio de Justicia recuerda que «la necesidad de agilizar el proceso penal y dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas, es ampliamente compartida por operadores jurídicos, académicos y fuerzas políticas de nuestro país».
Señala que la reforma «permitirá adaptar nuestro proceso penal al de la mayoría de países de nuestro entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías».
El nuevo sistema liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos «para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia».
La futura reforma también perseguirá «mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos».
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