El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados Judiciales (UPSJ), el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) denuncian que no tienen la protección «adecuada» para las diligencias diarias que practican fuera de los Juzgados, como son las entradas y registros.
Diligencias que los letrados de la administración de justicia (LAJ) realizan «al menos una vez por semana en partidos judiciales grandes, y son frecuentes incluso en los partidos pequeños, y los juzgados de guardia las practican a diario».
Piden equipos de protección individual (EPI) para llevarlas a cabo: unas batas protectoras, pantallas faciales y escarpines (cubre zapatos), «dado que las entradas y registros suelen realizarse en domicilios en malas condiciones de seguridad».
CNLAJ
«Pedimos este material realizar las diligencias con la debida seguridad tanto para nosotros como para los ciudadanos con los que se practican», señala a Confilegal Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y letrado del Penal de Ejecución número 5 de Valencia.
Apunta que fuera de los juzgados, además de las entradas y registros, se realizan levantamientos de cadáver, aunque con menos frecuencia, y reconocimientos en geriátricos y hospitales por internamiento involuntario, aunque últimamente se está procurando realizarlos por videoconferencia.
Rafael Lara informa que el miércoles reclamaron «con contundencia» al Ministerio de Justicia esos equipos de protección individual en la reunión telemática que mantuvieron con Francisco de Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
«Desde Justicia manifestaron que procurarían ponerlos a nuestra disposición, pero que no lo podían asegurar», explica Lara, y añade que él, desde CNLAJ, manifestó que «espera que no falten mascarillas y guantes para todos».
Informa que una o dos semanas después de la declaración del estado de alarma se empezaron a suministrar guantes y mascarillas, que al principio eran «de muy baja calidad», y que posteriormente se ha subsanado.
También denuncia que «todavía no se han instalado mamparas en todos los Juzgados, por lo que las salas de vistas de los que carecen de ellas no están preparadas para la celebración de los juicios».
Rafael Lara pide que se instalen «inmediatamente» en mostradores y salas de vistas.
Apunta que frente a la «carencia de medios, en algunos juzgados se han colocado plásticos de manera rudimentaria para salir del paso».
Recuerda que la reanuadición de la celebración de los juicios con carácter general todavía no está prevista, y que depende del avance de las fases de la desescalada.
También recuerda que la fase 1, que comienza entre el 11 y 12 de mayo -todavía no se ha concretado la fecha-, significará la reincorporación presencial de «entre un 30 y un 40% del personal», según determine la administración correspondiente, el Ministerio o la Comunidad Autónoma.
Rafael Lara indica que pese a que algunas Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia han acordado que hasta el 24 de mayo no se reanudarán los juicios en sus comunidades, «dependerá de lo que resuelvan el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».
Desde el decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo se están celebrando juicios de causas esenciales (causas con preso y de violencia de género, entre otras).
Lara señala que en alguna comunidad, como por ejemplo Madrid, se están instalando mamparas, pero que «en la mayor parte del territorio todavía carecen de ellas».
Por otra parte, informa que en la última reunión telemática que mantuvieron con el Ministerio, los letrados judiciales le trasladaron su «preocupación de iniciar la desescalada sin hacer la prueba serológica del coronavirus a todo el personal, para asegurar la salud no solo de los letrados y trabajadores de los Juzgados, sino de la propia ciudadanía».
«Contestó que no estaba previsto y que dependen de las directrices de Sanidad», explica Rafael Lara.
El presidente de CNLAJ ve «muy bien» que se vaya a hacer esta prueba a los jueces y magistrados en el reconocimiento médico anual, y que según ha podido saber Confilegal, la totalidad de los reconocimientos «se realizarán en un plazo comprendido entre dos y tres semanas a partir de la tercera semana de mayo».
Rafael Lara apunta que sería conveniente realizarla a todo el personal de Justicia.
«El CNLAJ, siempre responsable con la situación de otros servicios públicos, pero consciente de que la salud y seguridad de todos los funcionarios de justicia, los letrados y demás cuerpos superiores, y la posibilidad de contagio mutuo con los ciudadanos que acudan a los juzgados, considera que la realización de las pruebas del coronavirus son una medida esencial precautoria que debería valorarse para la desescalada«, concluya.
UPSJ
Lidia Urrea, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y letrada del Juzgado de Instancia número 2 de Lérida,señala a este diario que «los guantes y mascarillas están racionados, las reposiciones llegan con cuentagotas» y que «no todos los funcionarios disponen de ellos, cuando es inminente el incremento de personal».
«Tienen los que están guardia, los del Registro de Civil y los de atención al público, pero no el resto de personal de los juzgados», afirma Lidia Urrea.
Apunta que ella no dispone todavía de guantes, ni mascarilla, ni de hidrogel.
«En las primeras semanas se dio un paquete de material a cada Juzgado de guardia, que lo repartía a las personas que estaban en servicios mínimos de atención al público. Y ya está», asegura Lidia Urrea.
Dice que ahora que «se ha incrementado la presencialidad y que seguirá aumentándose a partir de la semana que viene, los funcionarios que van acudiendo a los centros de trabajo no disponen del material mínimo de protección».
La portavoz de UPSJ pidió al Ministerio en la reunión del miércoles que «concretara las medidas de seguridad laboral necesarias para que los letrados puedan practicar las diligencias diarias».
«Aún estamos esperando la respuesta. Según ellos, todas estas diligencias no entran en ningún riesgo extraordinario y con unas guantes y una simple mascarilla puedes acudir a esos sitios», señala Urrea.
También critica que «en muchos Juzgados siguen sin instalarse las mamparas de protección, como también ocurre en las mesas de los funcionarios que atienden en los Registros Civiles, donde van a empezar a trabajar la próxima semana el 100% de la plantilla».
Informa que la UPSJ ya ha solicitado el test para todos los letrados y funcionarios como medida previa a la incorporación laboral para evitar los contagios.
«El Ministerio los considera innecesarios porque no los prescribe Sanidad», afirma.
Advierte que «si no hay test ni material mínimo, peligra la salud de los funcionarios y de quien acuda al juzgado», y solicita al Ministerio que «facilite inmediatamente el material mínimo antes de la apertura de la fase 1».
SISEJ
Marta Urbano, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y letrada del Juzgado de lo Social 26 de Barcelona., manifiesta que el miércoles «insistió al Ministerio de Justicia que es necesaria la distribución y reposición de hidrogeles, jabón, papel desechable, así como de EPIs para la vuelta a la actividad judicial con abstoluta garantía de seguridad laboral».
Urbano también indica que «a día de hoy en muchas comunidades autónomas, los órganos judiciales, salvo los que se encuentran en servicio de guardia, carecen de material de seguridad necesario para reemprender la actividad judicial, como por ejemplo mascarillas y mamparas».
Asimismo, informa que también trasladó al Ministerio de Justicia la necesidad de desarrollar protocolos de actuación y prevención laboral en aquellos casos en los que el riesgo de exposición pueda verse aumentado por las características de la actuación judicial fuera de la sede, tanto en la que intervengan letrados de la administración de justicia como de los cuerpos generales».
Señala que los cuerpos generales realizan, entre otras funciones, diligencias de lanzamiento, «en las que el riesgo de exposición puede ser mayor al habitual dentro de la sede judicial».
Respecto a las pruebas del coronavirus, la portavoz del SISEJ indica que «el Ministerio de Justicia, siguiendo las pautas de Sanidad, no ha considerado necesario la realización de test cuando existe bajo riesgo de exposición, como ocurre con el personal de la administración de Justicia».
Marta Urbano muestra su «sorpresa con que el CGPJ se haya desmarcado de esta línea, creando desigualdad y malestar entre los demás funcionarios al servicio de la administración de Justicia».
Y apunta que prioritariamente quienes deben acceder a las pruebas son el personal sanitario.
AINLAJ
Ángel Maraver, presidente de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y letrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cazorla, considera «imprescindible hacer test para que así los funcionarios que no están contagiados puedan incorporarse con normalidad y los que lo estén se vayan a su casa a pasar la cuarentena».
Indica que trasladó el miércoles al Ministerio esta «necesidad» y que contestaron rotundamente que «no, que los criterios de salud los marca Sanidad y que si Sanidad no lo ha previsto, el Ministerio de Justicia no lo va a hacer».
«Evidentemente peor están en los hospitales y no los tienen, pero sería lógico realizar esos test con unos y con otros», apunta Maraver, presidente de AINLAJ y letrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cazorla.
También señala que «material de protección, como guantes y mascarillas, está llegando con cuentagotas». «Algo es algo», añade.
Le parece «estupendo» que a los jueces les hagan la prueba serológica para detectar posibles contagios y dice que «ojalá llegue a todos pronto».
Insiste en que cuando se incorpore todo el personal, sin realizar los test va a ser muy difícil trabajar porque el despacho diario de asuntos implica con frecuencia y como es lógico que el funcionario que pregunta al juez o al letrado tengan que estar a la distancia necesaria para ver el mismo expediente, por lo que por mucho que se diga que hay que guardar una distancia mínima de seguridad de un metro, eso va a ser imposible».
«Y en cuanto estornude uno se lo va a pegar a los demás. Si hubiera test, eso no pasaría», destaca.
Preguntado por el tratamiento del papel que va de una mano a otra, se ríe y dice que «es evidente que va a haber contagios».
Añade que «aunque las circunstancias son muy excepcionales, esta situación lo que ha hecho ha sido demostrar las carencias pandémicas que tiene Justicia».
