De izquierda a derecha: Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia; Alberto García, portavoz de STAJ; Javier Hernández, responsable de acción sindical de CC OO Justicia; Victoria Carrero, responsable federal de FeSP-UGT Justicia; e Imanol Oyarzábal, delegado de ELA del sector Justicia.
CSIF, STAJ, CC OO, UGT y ELA no apoyan el plan de desescalada de la Justicia
Insisten en que "no se puede volver a la normalidad sin que se garantice de forma efectiva la protección de la salud del personal que se reincorpore"
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09/5/2020 07:00
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Actualizado: 26/1/2021 11:45
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Cinco de los seis sindicatos con representación en la mesa del Ministerio de Justicia -CSIF, STAJ, CC OO, UGT y ELA, a excepción de CIG- no apoyan el plan de desescalada que ha propuesto el Ministerio de Justicia, que prevé una reincorporación de los funcionarios de la administración de Justicia en 4 fases y que comenzará el próximo martes, 12 de mayo.
Insisten en que «no se puede volver a la normalidad sin que se garantice de forma efectiva la protección de la salud del personal que se reincorpore».
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Francisco de Borja Vargues, presentó el pasado miércoles a los sindicatos el borrador en una reunión telemática.
Consta de tres resoluciones: Guía de salud laboral, fase de desescalada y turnos de trabajo.
Según han informado a Confilegal los sindicatos, el jueves por la noche el Ministerio les envió el documento final para que a poder ser se pronunciaran ese mismo día porque el viernes por la mañana, a las 9.30, estaba previsto un acto para firmar un acuerdo con el ministro, Juan Carlos Campo, en caso de que hubiera mayoría sindical que lo apoyara.
Una vez estudiado el plan, entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana CSIF, STAJ, CC OO, UGT y ELA fueron comunicando al Ministerio que no iban a apoyarlo.
‘CIG Xustiza’, sindicato con ámbito de representación en Galicia, ha apoyado dos de las tres partes, la referente a las fases de desescalada y a la de los turnos.
Tampoco apoya, como el resto sindicatos, el anexo de salud laboral por «considerarlo un documento demasiado abierto y con carencias importantes, por ejemplo, en cuanto al suministro de equipos de protección individual (EPIs)», según ha informado Xesús Sánchez, secretario nacional del sindicado.
El presidente de CSIF, Javier Jordán de Urríes, ha manifestado a Confilegal que su sindicato comparte la necesidad de reactivar la actividad en los juzgados y fiscalías, pero insiste en que «no se puede volver a la normalidad sin que se garantice de forma efectiva la protección de la salud del personal que se reincorpore».
Critica que el plan de desescalada del Ministerio está «al margen del plan general del Gobierno y centrado únicamente el levantamiento de la suspensión de las actuaciones judiciales y plazos procesales y no en criterios sanitarios y de salud pública».
Para CSIF, las medidas de seguridad laboral que se plantean junto con la desescalada «no son suficientes» para proteger la salud del personal de Justicia que se vaya a incorporar a su puesto de trabajo.
«No garantizan test fiables previos a la reincorporación ni la provisión efectiva de mascarillas para todo el personal que se reincorpore ni tampoco equipos de protección individual (EPIs) para determinadas actuaciones», argumenta Jordán de Urríes.
Denuncia que «no se ha repartido suficiente material de protección en lo que llevamos de pandemia» y que «el Ministerio tampoco garantiza con esas medidas de seguridad laboral la posibilidad de que un funcionario pueda cesar en su actividad en el caso de que no tenga medios de protección individual a su alcance».
Recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Comunidad Autónoma de Andalucía van a hacer test del coronavirus al personal de su competencia, algo, según CSIF, «que debería extenderse a todo el personal de Justicia con independencia de dónde esté destinado y de la administración de la que dependa».
Y apunta que también deben acceder a las pruebas todos los empleados públicos, empezando por el personal sanitario.
Javier Jordán de Urríes señala que el 22 de abril el sindicato remitió un escrito al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidiendo que se iniciara un plan de realización de test, fiables, a través de la la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
Afirma que aún no tienen respuesta.
Respecto al Real Decreto-ley de Justicia también advierte que las medidas que contempla «son más efectistas que efictivas».
«No sirven para atajar el atasco judicial que se prevé por el parón provocado por el coronavirus, que ha puesto en evidencia «los males de la Justicia” tras años de instrumentalizarla políticamente y no resolver sus problemas reales», critica el presidente de CSIF Justicia.
Por último, manifiesta que hace «falta mayor transparencia en el diseño, implantación y seguimiento del plan de agilización que el ministro lleva anunciando desde hace semanas y que aún no ha trasladado a los sindicatos» cuando va a afectar a las condiciones laborales del personal al que representan.
Y pide que se negocie también con ellos.
Informa que CSIF ha presentado al Ministerio medidas concretas para ese plan, pero que tampoco ha recibido respuesta alguna.
CSIF comparte la necesidad de reactivar la Administración de Justicia, pero hincapié en que los criterios sanitarios y de salud pública y la provisión efectiva del material de protección deberían regir la vuelta a la normalidad.
Alberto García, portavoz de STAJ, afirma que su sindicato no está de acuerdo con el plan porque «no sirve para sacar adelante todos los problemas que hay en la administración de Justicia y no está garantizando la seguridad de los trabajadores ni de los ciudadanos en la prestación de este servicio público».
Además, apunta que les parece «una auténtica barbaridad que se diga que el personal de la administración de Justicia tiene una posibilidad baja de riesgo de contagio, cuando sitios como el Registro Civil han estado reciviendo miles de partes de defunción».
STAJ espera que el ministro «decida escuchar al que hoy por hoy es el colectivo más grande dentro de la administración de Justicia, y que está deseando colaborar y volver a poder sacar adelante su trabajo, pero con las medidas de seguridad necesarias tanto para los trabajadores como para los ciudadanos».
Alberto García pide al Ministerio que incremente los recursos de Justicia en la modernización de la misma, en la que llevan años pidiendo una inversión, y que ponga los medios de protección necesarios.
Añade que «el compromiso de los trabajadores es más que evidente, como queda reflejado en que los trabajadores del Registro Civil de Madrid en una jornada de 9 de la mañana a 8 de la tarde los siete días de la semana han puesto al día todas las inscripciones de defunción de Madrid».
Javier Hernández, responsable de acción sindical de CC OO Justicia, critica que el Ministerio vaya a implantar «un plan idéntico sin tener en cuenta lo que ellos mismos, el propio Gobierno, con toda la razón, critica: Que los planes de desescalada no pueden ser simétricos, sino que tienen que ser asimétricos en función de las condiciones sanitarias».
Alude a que en la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha rechazado el plan de pasar a la fase 1 por no tener las condiciones epidemiológicas adecuadas y seguirá en la fase 0, pero que en la administración de Justicia van a estar en la fase 1, y dice que «eso no tiene ningún sentido».
«El ministro es incapaz de entender, a pesar de que los sindicatos se lo hemos dicho reiteradamente, que las fases de escalada y de desescalada en la administración de Justicia tienen que ser idénticas a las que tenga la sociedad en su conjunto porque nos debemos a la misma autoridad sanitaria», añade.
CC OO también denuncia que los medios de protección de carácter colectivo e individual «no se garantizan».
De hecho, exige que la mascarilla «sea obligatoria, como ha decidido la Comunidad de Madrid que lo sea en sitios cerrados», pero critica que el Ministerio «lo rechaza».
Indica que «no solamente no es obligatoria en la administración de Justicia, sino que el Ministerio dice que se utilizará solamente en casos muy excepcionales si se mantiene la distancia de seguridad de dos metros».
Hernández señala que en la administración de Justicia eso es «completamente imposible».
«Aunque la gente trabaja en una mesa, se levanta constantemente a la impresora, a la fotocopiadora, a llevar cosas a un centro distinto y está constantemente moviéndose», argumenta.
Afirma que el Ministerio «rechaza también algo fundamental, como es que si hay riesgo de contagio en un centro de trabajo se pueda paralizar la actividad por medio de acuerdo del Comité de Seguridad y Salud y los delegados de prevención».
«¿Por qué lo rechaza? Porque sabe perfectamente que no va a cumplir las medidas de seguridad, y que puede haber contagios en los centros de trabajo. Y nosotros en vez de ayudar a la autoridad sanitaria a no extender la pandemia, vamos en la línea contraria. Y esto un sindicato serio no puede aceptarlo», expresa.
Javier Hernández pide al ministro que ponga en marcha una serie de medidas que le han planteado por escrito y verbalmente. Que las incluya en la orden.
No obstante, dice que no lo va a hacer porque «ya ha roto la negociación».
«Anoche mandó el último documento y lo firmabas o no. Nosotros no lo hemos firmado y el resto de sindicatos tampoco. Creo que GIG firmó parte de dos anexos que había de cuestiones menores, pero el anexo fundamental que era de las medidas de seguridad no», explica.
Tras la publicación hoy en el BOE de la orden sobre la desescalada, CC OO ha publicado un comunicado reafirmando su rechazo a la misma: «Supone un paso más hacia la desprotección del personal de Justicia».
CCOO reafirma nuestro rechazo a la orden del ministro de Justicia sobre la desescalada, tras su publicación en el BOE, que supone un paso más hacia la desprotección del personal de Justicia https://t.co/ZzvGSwUZnr pic.twitter.com/xliFBsevtR
— CCOO Justicia (@ccoojusticia) May 9, 2020
A Victoria Carrero, responsable federal de FeSP-UGT Justicia, denuncia que «el Ministerio no quiera dotar a los trabajadores de medios EPIs individuales para protegerse, cuando Sanidad está recomendando y casi exigiendo que en los espacios cerrados todos los trabajadores y las personas que estén tengan que llevar mascarillas y guantes».
Además, señala que «el personal de Justicia que ha estado contagiado de Covid-19, para volver al trabajo cuando se haya recuperado ha de hacerse el test, y tiene pagar de su bolsillo los 200 euros que cuesta».
«Lo comuniqué al Ministerio y se encogieron de hombros», señala.
Otra de las razones por las que FeSP-UGT no apoya el plan de desescalada es porque lo considera «arbitrario y ambiguo» y «deja en manos de los letrados de la administración de Justicia las condiciones laborales de los trabajadores».
Le parece ambiguo y arbitrario, por ejemplo, porque «no cierra los supuestos y los porcentajes de plantilla que tiene que ir asistiendo según las fases».
También denuncia que «no se tiene en cuenta las situaciones y fases de las distintas comunidades autónomas y la incidencia de la epidemia en ellas».
Además, dice que en los Registros Civiles también «deja en manos de los letrados de la administración de Justicia el porcentaje de plantilla que tiene que acudir, sin tener en cuenta las cargas de trabajo y el retraso de inscripciones de fallecimientos porque no es igual en todas las comunidades, y no respeta el porcentaje de incorporación de las fases de los demás órganos judiciales».
«UGT rechaza este acuerdo porque no respeta la vida y la salud laboral de los trabajadores de la administración de Justicia», sentencia.
Imanol Oyarzábal, delegado de ELA del sector Justicia, sindicato con ámbito de representación en el País Vasco y Navarra, afirma que «las medidas de salud son excesivamente genéricas en algunos aspectos importantes» y «que no hay garantía de que se vayan a cumplir en el País Vasco.
«Como hemos visto que ha ocurrido en las últimas semanas», agrega.
En cuanto a los turnos de mañana y tarde, si no hay voluntarios, serían forzosos y ELA se opone a que se implanten de forma forzosa los de tarde. Considera que deben ser voluntarios e incentivados.
‘CIG Xustiza’, por su parte, considera bueno que haya «un marco único de normas para la vigencia del Real Decreto-ley 16/2020 «con el fin de no quedar al antojo de los letrados de la administración de Justicia y los secretarios coordinadores y otros organismos que pueden tomar decisiones sobre el colectivo», según ha manifestado Xexús Sánchez, secretario nacional del sindicado.
Xesús Sánchez es secretario nacional de ‘CIG Xustiza’ desde hace seis años.
«Además, con ello quedaría establecido un marco de partida, lo que consideramos favorable para el personal de Justicia de cara a las negociaciones de su desarrollo con la dirección general de Justicia de la Xunta de Galicia», señala.
‘CIG Xustiza’ hace un llamamiento al Ministerio para que las resoluciones que dicte sean las últimas presentadas a las organizaciones sindicales tras el proceso de negociación de la última semana.
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