Formuló a las Administraciones un total de 1.551 resolusiones: 574 recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias. Foto: EP
El Defensor del Pueblo tramitó 20.215 quejas en 2019, un 18,9% más que el año anterior
Alerta que "algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad"
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13/5/2020 18:02
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Actualizado: 13/5/2020 18:02
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El Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 20.616 expedientes: 20.215 quejas (un 18,9% más que el año anterior); 266 investigaciones de oficio (frente a las 372 de 2018); y 135 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (en 2018 hubo 327).
Así se desprende del informe anual de la institución relativo al ejercicio del año pasado, que la oficina del Defensor del Pueblo ha entregado hoy a las Cortes Generales.
En este enlace podéis descargaros el Informe Anual del Defensor y todos los anexos #InformeDefensor2019https://t.co/VMD5vzEM0X
— Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE) May 13, 2020
En esta ocasión, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, no ha acudido personalmente a entregarlo por el coronavirus.
A los expedientes tramitados hay que añadir los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.402, de los cuales 14.901 a través de llamadas de teléfono y 2.501 presenciales.
Además, el Defensor del Pueblo formuló a las Administraciones un total de 1.551 resoluciones, de ellas 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Foto: EP
DOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
En 2019 presentó dos recursos de inconstitucionalidad: uno contra el apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos, y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León.
A lo largo de su historia ha presentado 31 recursos de inconstitucionalidad.
Respecto a la procedencia geográfica de las quejas recibidas, la institución detalla que el mayor número de ellas fueros presentadas por madrileños (5.751 expedientes), andaluces (2.429), valencianos (2.167) y catalanes (1.915).
Indica que las quejas recibidas en 2019 «continúan la estela de otros ejercicios y reflejan una demanda social según la cual sigue siendo necesario que las administraciones aumenten los medios humanos y materiales», «sin los cuales no se pueden ofrecer servicios públicos de calidad.»
«Algunas de las resoluciones formuladas a las Administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar», ha señalado Fernández Marugán en alusión a los efectos de la crisis del coronavirus.
Apunta que otras de sus recomendaciones y sugerencias pasadas, «tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad».
Así, citado como ejemplos «la situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima de inserción social de ámbito estatal».
SANIDAD
Entre las principales actuaciones llevadas a cabo por la institución el pasado año destacan las relativas a la Sanidad.
Fernández Marugán ha reclamado que se amplíe la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul #InformeDefensor2019https://t.co/dZW3NmlPez
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Fernández Marugán llama la atención sobre «la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica».
El Defensor advierte que los #recortes en los presupuestos sanitarios solo se han compensado parcialmente en los últimos años tras la crisis #InformeDefensor2019https://t.co/dZW3NmlPez
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También ha llevado a cabo actuaciones por la insuficiencia de recursos sanitarios en las zonas rurales y por la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la atención primaria, y dice que el refuerzo de la atención primaria es «imprescindible».
Además, señala que es necesario apostar «decididamente» por el desarrollo de la cartera sociosanitaria de prestaciones, «es decir, por los cuidados de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable».
Respecto al sistema de copago de los medicamentos, que se introdujo en 2012, afirma que «afecta negativamente a personas con pocos recursos económicos y desempleadas, así como a personas con discapacidad o con enfermedades muy graves». Y confía en que pueda acometerse la reforma normativa para ajustar, en términos de progresividad y equidad, el actual modelo de copago farmacéutico.
Las quejas sobre la opacidad en la adjudicación de vivienda pública protegida (VPP) y los retrasos en el pago de ayudas ya reconocidas volvieron a protagonizar las reclamaciones en 2019, y ha instado a las administraciones a aumentar el parque de vivienda social en alquiler y a priorizar en el acceso a colectivos en riesgo, como las familias con rentas bajas y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia doméstica y personas migrantes.
Indica que ñas quejas recibidas sobre rentas mínimas reflejan que la cobertura, intensidad y adecuación de las rentas mínimas es «muy desigual» en función del territorio, por lo que aboga por estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas.
RESIDENCIAS DE MAYORES
El Defensor del Pueblo también ha analizado la dispersión normativa sobre centros residenciales de mayores; la recopilación de datos que realizan las Comunidades Autónomas; la insuficiencia de plazas; la necesidad de revisar al alza de ratios de personal; la asistencia sanitaria que reciben las personas que viven en residencias; las inspecciones que se realizan, o el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico y las sujeciones físicas.
Afirma que deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias y que exijan una mayor dotación de personal y una mejora de su formación.
También ve conveniente reforzar la atención médica y de enfermería en estos centros, y califica de urgente que las comunidades autónomas aumenten su capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existentes y los diferentes modelos de gestión.
El Defensor del Pueblo considera que el modelo en su conjunto del sistema residencial para personas mayores requiere una «revisión profunda» si se quiere conseguir que haya un número suficiente para mayores en las que se preste «una atención de calidad centrada en el individuo, su dignidad y sus derechos».
Por ello, aboga por reformas en el ámbito de las residencias de mayores, centradas en «prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora» en estos para poder hacer frente a los retos actuales y futuros, así como revisar al alza las ratios de personal de atención directa.
El Defensor lleva examinando desde hace unos años la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional y alertando de las carencias de medios y personal en «muchos de ellos».
España cuenta en la actualidad con 4,1 plazas de residencia por cada 100 personas mayores. Son en total 372.985 plazas en 2019, según la base de datos de residencias de Envejecimiento en Red del CESIC. El número de octogenarios ya supone el 6,1% de toda la población y el de centenarios asciende a 16.303 personas. Esto pone de manifiesto un claro proceso de «envejecimiento del propio envejecimiento» que previsiblemente se intensificará en los próximos años.
Por eso, de entre las reformas más urgentes, cree necesario revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial.
Por otra parte, señala que «la vida en una residencia puede dar lugar a situaciones que afectan a la libertad, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico» o «las sujeciones físicas».
Al respecto, afirma que el conjunto de problemas que plantean estas circunstancias hace necesaria «una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas de edad avanzada pueden tener, excepcionalmente, que asumir limitaciones al ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales».
QUEJAS EN EDUCACIÓN
En materia educativa, el mayor número de quejas de padres, madres, alumnas y alumnos tuvieron que ver con las deficiencias en las instalaciones, las dificultades para acceder a un determinado centro escolar, los problemas para obtener becas y ayudas y la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.
Fernández Marugán reclama una educación de calidad, en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva, que educar en igualdad sea una prioridad y la equidad en el acceso a la educación sea una realidad.
AVISA DE ‘FALLOS’ EN TODAS LAS FASES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE ‘VIOLENCIA DE GÉNERO’
El Defensor del Pueblo recibió durante el año 2019 numerosas quejas que ponían de manifiesto «fallos en todas las fases del sistema de protección», que según señala, «son más graves cuanto más vulnerable es la víctima».
Recuerda que ha formulado nuevas recomendaciones para «reforzar el sistema de protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos».
Afirma que es necesario «mejorar la formación de los funcionarios públicos que atienden directamente a las mujeres». Según señala el Defensor del Pueblo, «en muchas ocasiones» denuncian «sentirse solas, cuestionadas, no escuchadas y abandonadas por los poderes públicos».
Fernández Marugán ha reclamado que se amplíe la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul #InformeDefensor2019https://t.co/dZW3NmlPez
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Ha pedido a la Secretaría de Estado de Justicia que dote a los juzgados de violencia de género de las unidades de valoración forense y de los medios humanos y materiales necesarios para que tanto fiscales como jueces puedan desarrollar sus funciones con plenas garantías.
Además, ha aconsejado al Ministerio de Justicia que promueva la modificación de las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, así como la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género.
También ha pedido a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que promueva la elaboración de un plan común de formación en materia de violencia de género y tratamiento de las víctimas para todo el personal de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales.
El Defensor destaca que resulta «imprescindible» también reforzar la educación en igualdad, incluyendo asignaturas y actividades específicas en esta materia en los colegios.
JUSTICIA Y REGISTRO CIVIL
El pasado año, 294 ciudadanos presentaron queja por discrepar con una resolución judicial y 180 por desacuerdo con un procedimiento judicial en trámite.
«También han continuado los problemas en los registros con 881 quejas, de las cuales 623 tienen que ver con retrasos de expedientes de nacionalidad», informa.
RÉCORD DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
En 2019 se ha alcanzado una cifra histórica en el número de personas que han solicitado protección internacional (118.264 personas).
Fernández Marugán considera este incremento de llegadas como “una oportunidad” para mejorar la situación de algunos territorios con poca población y actividad.
En su opinión, la gestión de la acogida humanitaria de personas que acceden de manera irregular a España y que no pueden ser expulsadas, y la gestión de la acogida de quienes solicitan protección internacional necesitan una profunda revisión orgánica y funcional.
En ambos casos, a través de las actuaciones realizadas, ha detectado dos carencias fundamentales: la existencia de varios organismos, adscritos a distintos departamentos ministeriales, con competencias concurrentes y con deficiencias en la coordinación; y la falta de participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la gestión de la acogida.
PIDE A INTERIOR ‘INSTRUCCIONES PRECISAS’ SOBRE EL USO DE LA FUERZA DE AGENTES ANTIDISTUBIOS
Según refleja el informe, el Defensor ha pedido al Ministerio del Interior que elabore un protocolo con «instrucciones claras y precisas» sobre el uso de la fuerza de las unidades policiales de antidisturbios «a fin de reforzar la seguridad jurídica de los agentes y de los ciudadanos», según el informe de 2019, año en el que se llevaron a cabo diferentes actuaciones policiales contra las protestas en Cataluña que derivaron en graves disturbios organizados por grupos independentistas contrarios a la sentencia del ‘procés’.
Ha constatado que hay «un debate social sobre la concreción de lo correcto en cuanto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza», un debate que, según señala «no es tanto cuando se ejerce pacíficamente el derecho de manifestación sino cuando, a su vez, los ciudadanos ejercen resistencia pasiva o violencia activa ante una actuación legal de la policía».
El Defensor aboga por un protocolo de actuación policial con instrucciones claras y precisas sobre el uso de la fuerza, las armas reglamentarias y los materiales antidisturbios #InformeDefensor2019https://t.co/nvTS18su8h
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RECOMIENDA MODIFICAR EL DELITO DE MALTRATO ANIMAL PARA QUE SEA EXTENSIVO A LOS ANIMALES SALVAJES
También ha recomendado la «necesaria modificación» del artículo 337 del Código Penal que en la actualidad «excluye expresamente» el tipo de maltrato animal a aquellos que viven en estado salvaje, como por ejemplo el zorro.
Señala que en la actualidad los animales salvajes están protegidos por el artículo 45 de la Constitución, que impone a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, entre los que deben entenderse en su opinión los animales salvajes.
De este modo se cumpliría con la obligación de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. Recomienda al legislador que debe establecer sanciones penales y obligar a reparar el daño a quienes hagan un uso irracional de los recursos. De aquí se derivaría, según considera, la necesidad de que el Código Penal contemplara el delito de maltrato animal también respecto de la fauna salvaje.
Además, advierte de la demora de las administraciones en adecuar las líneas eléctricas de alta tensión para evitar la muerte de aves por electrocución y colisión que son las causas «más frecuentes» de muertes no naturales de avifauna en España.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo aboga por prohibir la práctica del tiro del pichón lanzado con máquina y paloma a brazo, tras tratar de averiguar las razones por las que un tirador emplea arma de fuego para abatir palomas que se lanzan al aire con un tubo disparador. La recomendación se realiza a la Junta de Andalucía donde según la Ley de Protección de Animales está prohibidas las competiciones de tiro, aunque existen algunas excepciones por motivos deportivos.
EXIGE A AYUNTAMIENTOS CATALANES UTILIZAR EL CASTELLANO EN INDICACIONES Y SEÑALES DE TRÁFICO
Además, el Defensor del Pueblo ha instado al Ayuntamiento de Tarragona y a los de Vilafranca del Penedés, de El Masnou y de Pineda de Mar (los tres de la provincia de Barcelona), a utilizar el castellano en las indicaciones y señales de tráfico, ya que así lo establece la ley.
«La problemática derivada de la señalización de tráfico solo en lengua catalana ha tenido como consecuencia la remisión de diversos recordatorios de deberes legales a varias administraciones locales catalanas», señala la Institución.
«Si los ayuntamientos pretenden que los ciudadanos cumplan la normativa de tráfico, la señalización en los municipios debe ajustarse escrupulosamente a la legalidad», insiste.
No en todos los casos detectados se ha propuesto la revisión de oficio de un expediente sancionador: en los supuestos en los que, a pesar de estar en catalán, la información era perfectamente comprensible por cualquier persona que solo hablara castellano, no se consideró conveniente sugerir la revisión del expediente y solo se envió el recordatorio de deberes legales al consistorio.
Fernández Marugán también aborda en el informe aspectos relativos con la política de impuestos; el bono social eléctrico; el transporte ferroviario; o las apuestas y la publicidad intensa del juego.
Todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo para limitar la publicidad del #juego y las #apuestas y reforzar la protección de las personas más vulnerables frente a la adicción al juego fueron aceptadas en 2019 #InformeDefensor2019https://t.co/nvTS18aSJH
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