El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han recibido sendas quejas de la abogada Rosa Vigueras contra el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Orihuela, Antonio Morente Espinosa, por haber fijado para hoy, a las 8 de la mañana, la reanudación de un juicio que tuvo que ser suspendido por la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, por el Real Decreto 463/2020.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó, a su vez –de inmediato– suspender todas las actuaciones judiciales, juicios incluidos, salvo los servicios esenciales y aquellos procesos «en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada)”.
Dichas órdenes –»acuerdos» en el argot interno del órgano de gobierno de los jueces– se impartieron a los presidentes y las Salas de Gobiernos de los 17 Tribunales Superiores de Justicia de España; Morente Espinosa depende del TSJCV.
El pasado 9 de mayo, la Comisión Permanente del CGPJ acordó, nuevamente, que tanto los juicios programados como los plazos procesales, salvo los servicios esenciales, sigan suspendidos hasta las 00.00 horas del 24 de mayo.
Ante la decisión del magistrado, de celebrar el juicio –desoyendo al CGPJ, al TSJCV y a la propia abogada– Vigueras ha anunciado que próximamente presentará una querella contra Su Señoría por –en principio– un delito contra la Administración de Justicia.
Un grupo de reputados penalistas de Murcia ya están trabajando en ello ante lo que tiene toda la apariencia de ser un exceso de Morente Espinosa, dadas las actuales circunstancias.
LA INSTRUCCIÓN DEL CGPJ ES INTERPRETABLE
El mencionado magistrado, en una entrevista reportajeada que ayer publicó el periódico La Verdad de Murcia, considera que la instrucción del CGPJ es interpretable.
Por eso ha decidido que el juicio de un pleito por la resolución de un contrato de arrendamiento con opción a compra, es esencial y urgente y no debe ser suspendido.
La abogada de la parte demandante, Rosa Vigueras, colegiada en la capital de la Región de Murcia, solicitó su suspensión alegando lo evidente. Nada menos que cuatro razones:
Primero, la existencia de una instrucción explícita del órgano de gobierno de los jueces suspendiendo todos los juicios.
Segundo, la preocupación por la salud de su cliente, de los testigos y de ella misma de contagiarse con el COVID-19, porque no existe la seguridad de que la sala de vistas del juzgado haya sido desinfectada y de que disponga de los medios adecuados, como mamparas protectoras.
Tercero, porque el caso no es esencial ni urgente y se puede celebrar más adelante.
Y cuarto, porque la fijación del juicio les hace infringir los protocolos de seguridad establecidos por el Gobierno; Orihuela está en la Comunidad Autónoma Valenciana y Murcia en la colindante. Los desplazamientos están prohibidos.
EL MAGISTRADO HA PUESTO HIDROGEL
El magistrado Morente Espinosa aseguró a La Verdad que, en su opinión, se dan las condiciones mínimas para la celebración del juicio.
Porque él personalmente ha medido las distancias de la Sala y hay un mínimo de tres metros entre unos y otros.
«Y además, he puesto hidrogel en la sala», afirmó.
Sin especificar si había sido el facilitado por la Consejería o lo había financiado de su bolsillo, dado su interés personal en celebrarlo.
CASO OMISO AL JUEZ DECANO DE ORIHUELA Y AL COLEGIO DE ABOGADOS
Morente Espinosa ha hecho caso omiso al acuerdo del juez decano de Orihuela, su compañero Miguel Rivera Muñiz, en el que dice que «no se han adoptado las medidas necesarias para la reanudación con seguridad» de la actividad esencial por parte de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública.
«Es por ello que, a día de hoy, se ha de entender que únicamente pueden tener lugar actuaciones que tengan el carácter de esenciales, según las disposiciones que ha ido dictando al efecto el CGPJ», subraya en el texto, que tiene fecha de 7 de mayo.
También ha hecho caso omiso al Colegio de Abogados de Orihuela, que, el 11 de mayo, le envió un escrito certificado informándole del criterio unánime de su Junta de Gobierno de que hasta que no se adopten las medidas sanitarias que no se celebren comparecencias o juicios, salvo «los considerados urgentes o inaplazables».
Considera urgente e inaplazable la reanudación del juicio por un contrato de arrendamiento con opción a compra.
Es tal «su interés» por celebrarlo que le había indicado a la abogada que se pasara por el Juzgado para recoger las citaciones para su cliente y los testigos con el fin de que ella se los hiciera llegar; una función que corresponde a la oficina judicial.
EL CGPJ TIENE ALGO QUE DECIR
La abogada, según ha podido saber Confilegal, no va a comparecer esta mañana al juicio fijado por Morente Espinosa.
Tampoco su cliente ni los testigos.
Recurrirá en apelación la sentencia que el magistrado dicte.
Espera, eso sí, que el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, lea su queja, aséptica y descriptiva, que relata lo que aparece ser, a todas luces, una clara desobediencia a una decisión gubernativa.
La verdad es que llueve sobre mojado.
El pasado 11 de mayo, el decano del Colegio de Málaga, Francisco Javier Lara, recordó al CGPJ que, frente a las decisiones de los jueces están «la salud de las personas, de los detenidos, de las víctimas, de los testigos y, por supuesto, de los que a mí me toca cuidar, los abogados», lo que provocó un movimiento de adhesión entre la abogacía española.
Y añadió: «Lo que no es de recibo es que la forma de llevar el Juzgado quede al arbitrio del juez, como si fuese su cortijo, confundiéndolo con la independencia del poder judicial».
Un símil que tiene todos los visos de ser transplantable a este caso en cuestión.
