Los empresarios prefieren el acuerdo al pleito. Desde el Circulo de Empresarios se vería con buenos ojos que el ministro de Justicia Juan Carlos Campo impulsara la normativa de mediación en su plan de modernización de la justicia, una medida que ya contempla el propio CGPJ en su plan de choque para la Administración de Justicia.
En los próximos meses surgirá un número elevadísimo de conflictos entre empresas provocados por la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por los poderes públicos para hacerle frente. Nada que ver con la crisis del 2008 por su volumen y concentración.
Piénsese, por ejemplo, en el incumplimiento de muchas obligaciones contractuales o en la necesidad de adaptar los contratos en vigor a los radicales cambios de circunstancias.
La avalancha de asuntos abarcará asuntos contenciosos administrativos por la normativa de RdLeyes que han cambiado aspectos que se retocan a la semana siguiente, lo que genera un derecho transitorio sin seguridad jurídica.
Junto a ello, cuestiones laborales relacionadas con ERTE y despidos y los concursos empresariales que se avecinan. “Debería haberse aprovechado el texto refundido de la Ley Concursal para resolver limitaciones existentes en la normativa actual, como la falta de agilidad en la venta de unidades productivas”, indica Isabel Dutilh, abogada de Argali Abogados y presidenta del grupo de Seguridad Jurídica del Círculo de Empresarios.
En esta Comisión Jurídica también participan expertos como Pedro Pérez-Llorca, Santiago Martínez Lage y Rafael García del Poyo.
A juicio de esta experta “es complicado que alguien que quiera comprar una unidad productiva se quede con toda la deuda de la Seguridad Social. Al final no se compra dicha unidad con lo cual al final debe pagar a esos trabajadores el desempleo. Es un sinsentido que los privilegios de Hacienda y Seguridad Social se mantengan”.
Desde el Círculo de Empresarios, al igual que desde otras entidades se cree que el sistema judicial español, que ya sufría una notable saturación en la mayoría de sus tribunales, se verá colapsado, pese a las medidas anunciadas por los poderes públicos, si las empresas no hacen un decidido uso de los denominados sistemas alternativos de resolución de conflictos.
En concreto, hablan de la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje, como alternativas, aunque desde esta entidad empresarial se apuesta más por la mediación.
«Es un método flexible para conciliar los intereses de las partes. Hay que buscar la fórmula de un reparto equilibrado del coste que va a tener la cuestión”, afirma Dutilh.
Dutilh advierte que en el caso de los alquileres, donde arrendador y arrendatario se muestran con problemas por el coronavirus, “se trata de detectar el problema y de buscar una solución a esta cuestión”.
Hay un coste importante en el litigio cuando hay un juicio, “normalmente se rompe la relación con esa parte. Con la mediación se busca resolver la mejor manera posible esa relación a largo plazo y resolver ese conflicto puntual”, aclara esta jurista.
Desde este colectivo empresarial se están organizando actividades de mediación para dar a conocer esta vía de solución de conflictos. «Es la mejor manera de romper la reticencia inicial ante unos métodos extrajudiciales que ya son habituales en el mundo anglosajón». Para ello insisten en la necesidad de mediadores especializados que conozcan la empresa.
Recientemente organizaron un webinar con la presencia del abogado Paulino Fajardo, socio de Herbert Smith Freehills y la juez de la Audiencia Provincial de Barcelona, Raquel Alastruey, exvicepresidenta de GEMME España, para explicar las ventajas de la mediación para el mundo empresarial.
A la vista de las expectativas y de las diversas preguntas que los asistentes realizaron no se descarta que a corto plazo se realicen otros eventos similares para seguir ahondando en las ventajas de la mediación como método para resolver conflictos empresariales.
La mediación no ha cuajado en España
En contraste con otros países, en España estos sistemas, conocidos por sus siglas inglesas ADR (Alternative Dispute Resolution) nunca han conseguido implantarse con la fuerza que merecen.
Algunas estadísticas estiman que el número de mediaciones de todo tipo que se celebran en España estarían en torno a 1.000 al año, mientras en el Reino Unido o Alemania ese mismo dato es superior a 10.000. Y, de las mediaciones que se celebran en España, solo un reducido número corresponde a conflictos entre empresas.
El Consejo General del Poder Judicial, plenamente consciente de este problema, anunciaba el 6 de mayo, entre las medidas propuestas en su plan de choque para la Administración de Justicia tras el estado de alarma, la próxima publicación de un documento sobre la solución extrajudicial de conflictos.
Desde esta entidad empresarial, se preguntan cuáles pueden ser las causas por las que las empresas acuden tan pocas veces en España a los procedimientos extrajudiciales, en particular a la mediación, que suponen un ínfimo número comparado con el de los conflictos que terminan en los tribunales.
Una de las respuestas que dan los empresarios es que los mediadores que proponen los centros o instituciones que administran la mediación, con contadas excepciones, carecen de conocimientos y experiencia del mundo empresarial, de modo que prefieren “no perder el tiempo” y acudir directamente a la vía judicial (o arbitral, si ésta estaba previamente pactada).
La ley de 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y el Real Decreto de 2013 que la desarrolló, trató de incentivar el uso de la mediación en España, concediendo a las mediaciones que se acogen a lo dispuesto en ella ciertas ventajas, la mayor de las cuales es la fuerza ejecutiva del acuerdo alcanzado.
Sin embargo, al introducir la ley y el decreto algunos requisitos que no figuraban en la Directiva de la Unión Europea de 2008 que dice transponer, como la exigencia para los mediadores de una formación acreditada en la técnica de la mediación, sin insistir en la necesidad de otros conocimientos, parece que el resultado, al menos para el mundo empresarial, ha sido, si no el contrario, muy decepcionante.
La realidad es que la mediación, tal y como la regula la ley civil y mercantil aprobada en el 2012, continúa hoy estando prácticamente ausente en la resolución de los conflictos entre empresas.
El Círculo de Empresarios desea poner de manifiesto ante los poderes públicos estas carencias, para que traten de remediarlas, al tiempo que invita a sus asociados y al mundo empresarial en general a reflexionar, antes de judicializar un conflicto, sobre la posibilidad y conveniencia de acudir, previamente, a la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje.
“Es importante evitar el tsumani judicial que se avecina haciendo un esfuerzo por llegar un acuerdo con la otra parte. Contar con mediadores que conozcan bien el derecho empresarial ofrece seguridad jurídica y confianza a las empresas”, apunta Dutilh.
