El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, todavía no lo sabe. O no lo quiere saber. Pero el caso Pérez de los Cobos le perseguirá hasta el fin de sus días.
Como un fantasma.
Su pasado prestigioso, como juez instructor de la Audiencia Nacional, como presidente de la Sala de lo Penal de ese órgano judicial y su tiempo como vocal del Consejo General del Poder Judicial ha quedado hecho añicos. Volatilizado.
En solo 24 horas.
Porque ha demostrado que todo aquello en lo que que afirmaba creer, el sistema democrático y el respeto a la división de poderes, en realidad era una pose.
De otra forma no se entiende que pretendiera acceder ilegalmente al atestado que la Unidad Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil había elaborado sobre la manifestación del 8 de marzo, por orden de su compañera Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid.
El principal investigado, en ese caso, es nada menos que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, secretario general del Partido Socialista de Madrid- PSOE.
RODRÍGUEZ-MEDEL ADVIERTE, NEGRO SOBRE BLANCO
Su compañera, Rodríguez-Medel, dirigió ayer un escrito a su segundo de abordo, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz –magistrado como ella–, recordándole el deber, por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional –y de todas las policías judiciales, en suma– de “guardar rigurosa reserva” sobre las investigaciones encomendadas.
Y le advirtió que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.
Que una magistrada se dirija, negro sobre blanco, a un secretario de Estado de esta forma son palabras mayores. No hay precedentes.
El ministro, como magistrado en servicios especiales –que es como la excedencia pero que, a diferencia de ella, le permitirá regresar a la Audiencia Nacional como magistrado sin haber perdido un ápice de antigüedad ni de emolumentos– debía ser el más respetuoso con la ley.
Querer conocer el contenido de un atestado de la Guardia Civil en un caso en proceso de instrucción, del que no se es parte, y siendo, además, ministro del Interior, no tenía que haber pasado por su mente.
Ni un segundo.
PÉREZ DE LOS COBOS, UN PROFESIONAL
El problema es que se encontró con la negativa de un hombre honrado, un profesional que cree en lo que hace: el coronel Diego Pérez de los Cobos, hasta ayer jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid.
Pérez de los Cobos se negó a mover un dedo y tuvo la entereza de decir que no, a tres personas, la última, María Gámez, la directora general de la Guardia Civil, la «jefa máxima».
Lo que casi, con toda seguridad, le costará llegar al Generalato en la Guardia Civil.
Al menos mientras permanezca este gobierno.
Lo lógico, lo inteligente para un hombre de su supuesta experiencia, habría sido pasar página y aprovechar el próximo cambio del director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, que ya estaba en tiempo de descuento para su jubilación, para que el que lo siguiera tomara esa decisión.
Pero no, al ministro le pudo la soberbia y decretó el cese inmediato de Pérez de los Cobos por falta de confianza. Una rabieta de nene chico.
Una infantilada inaceptable para alguien en esa posición de poder.
El cese provocó la dimisión de Ceña, en protesta.
Y Grande-Marlaska se apresuró a buscarle un sustituto a toda prisa.
El elegido fue el general de División, Pablo Salas Moreno, máximo responsable de la Jefatura de Investigación e Información de la Guardia Civil.
La decisión, vista desde la Benemérita, choca.
Porque Salas tiene por delante a tres tenientes generales y a dos generales de división, lo cual no se comprende demasiado si no es desde «la confianza» a Grande-Marlaska.
El ministro-magistrado argumentó, en el marco de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la decisión de cesar a Pérez de los Cobos había sido «consecuencia de la remodelación del equipo director de la Guardia Civil, de la Secretaria de Estado de Seguridad. Ha decidido él mismo, y dentro exclusivamente de lo que es el proyecto natural de sustitución del marco de las personas que forman, por así decirlo elementos de confianza de cualquier responsable político».
Que fue como no decir nada. Echando balones fuera.
Con lo que no contaba era con el tsunami que iba a crear su rabieta: La mayor parte de las asociaciones de guardias civiles, las asociaciones de jueces y los partidos de oposición le exigieron una explicación clara y transparente.
Que, de ninguna de las maneras, ha dado.
CORTINA DE HUMO
Vendió, eso sí, que el Consejo de Ministros había cerrado el acuerdo asumido por Interior en 2018 de subir, para 2020, un 20 por ciento el salario de policías nacionales y guardias civiles, equiparándolo con los de las policías autonómicas.
Una cortina de humo que no ha logrado ocultar lo sucedido.
Habría que hacer un sesudo estudio sobre los efectos que produce a determinados magistrados ocupar el sillón de ministro del Interior.
Le ocurrió también a Juan Alberto Belloch, cuando asumió las carteras unidas de Interior y Justicia.
El sillón les hace creer que pueden ser, incluso, presidentes del Gobierno.
Belloch lo pensó con un Felipe González en el epílogo de sus tres mandatos. No sé si Grande-Marlaska se encuentra bajo un hechizo como ese y ha soñado en lo más profundo de su interior si podría sustituir en La Moncloa a Pedro Sánchez.
Pero estoy seguro de que si alguien le hubiera preguntado el domingo si podía volar, Grande-Marlaska habría contestado que sí. Con toda seguridad.
Como Superman.
