La Fiscalía ha abierto más de 170 diligencias de investigación penal por la situación en residencias de mayores y de personas con discapacidad durante la pandemia de coronavirus.
La Comunidad de Madrid es la región con más diligencias abiertas, con 80, seguida de Cataluña (32). Además, el número de casos ya judicializados se ha elevado a 22.
Estos datos se van actualizando semanalmente por la Fiscalía General del Estado en función de nuevas actuaciones. Las que se han archivado o judicializado se excluyen de este recuento de actuaciones realizadas por las fiscalías provinciales.
Según los datos del Ministerio Público, se han incoado nuevas diligencias de investigación en León (1), Valladolid (2), Granollers (1), Mataró (1), Madrid (3), Albacete (1), Lugo (1) y Pontevedra (1).
No obstante, en el caso de estas tres últimas, que están relacionadas con la adquisición y uso de material sanitario, falta por confirmar si se refieren a hechos ocurridos en residencias de mayores y/o establecimientos sanitarios.
Al mismo tiempo, en esta última semana se ha decretado el archivo de tres diligencias de investigación penal, concretamente en las Fiscalías de Zaragoza, Asturias y de Área de Elche-Orihuela, sobre todo debido a la generalidad de las denuncias o su carácter prospectivo.
190 diligencias civiles
En cuanto a las actuaciones civiles en defensa de la protección de derechos, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, continúan en trámite unos 190 expedientes, algo menos que la semana pasada.
Así, se ha procedido al archivo de un total de 11 diligencias de índole civil (tres en la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, seis en la Fiscalía de Área de Mataró-Arenys de Mar, una en Navarra y una en la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela), como consecuencia de haberse comprobado la inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento.
Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.
