De Real Decreto a Real Decreto y tiro porque me toca, se podría decir. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se impuso el estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus, suspendió, a todos los efectos, los plazos procesales y los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.
Así, el punto 1 de su Disposición Adicional Segunda, dice que: «Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo«.
Dicha redacción ha creado cierta confusión en algunos círculos de juristas, al no haber perdido su vigencia dicho Real Decreto y al continuar el estado de alarma, habiendo anunciado el presidente del Gobierno que el próximo miércoles se sometería al Congreso de los Diputados una última prórroga.
Sin embargo, fuentes de toda solvencia han recordado a Confilegal que el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, en el que se acordó prorrogar por quinta vez, hasta el 7 de junio de 2020, el estado de alarma decreto por el mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, contenía un artículo, el 10, que hace referencia expresa al mismo bajo el epígrafe «Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo».
Bajo el mismo se puede leer con toda claridad: «Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones».
Esto debería solventar cualquier duda que pueda existir.
El Gobierno estableció que, con la reactivación económica y la movilidad, era necesario reactivar la Administración de Justicia, que es lo que se pretende con ello.
