La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un estudio de incidencia de la pandemia en la Carrera Judicial, «con vistas a planificar acciones preventivas que pudieran ser necesarias en el futuro».
Reclaman que una vez obtenida la información y elaborada la estadística, sea puesta en conocimiento de toda la carrera.
Asimismo, solicitan que el CGPJ «establezca como objetivo el asumir la gestión integral (totalidad de competencias) en materia de prevención de riesgos y protección de la salud de jueces y magistrados, adoptando y poniendo en marcha las iniciativas necesarias para alcanzarlo».
Ambas asociaciones han publicado un comunicado conjunto informando de estas reclamaciones hechas al órgano de gobierno de los jueces.
La AJFV y FJI llevan varios meses reclamando los datos de jueces contagiados y no han recibido respuesta alguna.
El pasado 28 de abril denunciaron ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que el CGPJ «se niega a informar» sobre ello.
Por ello, reclamaron a este órgano independiente que vela por la información que por ley están obligadas a facilitar las administraciones, organismos y servicios públicos, entre ellos el CGPJ, que acredite ese incumplimiento del CGPJ y que dé traslado del mismo al Defensor del Pueblo” antes de denunciarlo ambas ante los propios tribunales en vía contencioso-administrativa.
AJFV y FJI señalan hoy que el CGPJ tiene asumido que dentro del Estado constitucional de Derecho, la protección social de la Carrera Judicial es «un elemento central de la independencia judicial».
Añaden que «por ello, la salud de los miembros de la Carrera Judicial comprometida o en riesgo por la actual pandemia no es una situación ajena a la protección social de la Carrera Judicial».
Explican que la Comisión Permanente del CGPJ reconoció en la reunión del pasado 27 de mayo que «no cuenta con información solicitada relativa al número de integrantes de la Carrera Judicial afectados por la pandemia y el detalle de aquellos que se encuentran de baja o en cuarentena por razón de esta, por no tener el Consejo General del Poder Judicial competencia para recibir los partes de baja».
AJFV salió entonces diciendo que «este desconocimiento supone una disfunción en materia de protección social de la Carrera Judicial de la que es deudora el CGPJ».
AJFV y FJI señalan que es cierto que los partes de baja de jueces no le llegan al CGPJ por no ser órgano competente, como indica la Comisión Permanente, pero destacan que el órgano de gobierno de los jueces dispone de varios canales que pueden ser utilizados para obtener esta información.
Aluden a que el apartado 6.2 del protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional «prevé como actuación ante contagios, la comunicación de la situación a la Sección de Prevención de Riesgos a través del correo [email protected]; y la información a la Comisión Judicial de Seguimiento por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia».
«Por lo que es posible, en teoría, recabar los datos que se hayan podido conocer a través de estas dos vías», afirman.
También indican que «el CGPJ ha tenido el acierto de incluir en las pruebas de revisión médicas de Quirón Prevención de los que se han realizado más de 1.400 test serológicos».
Dicen que esto «hace viable la petición a Quirón Prevención de un informe de datos serológicos, en general, por territorios, edades y sexo, con la debida protección de datos».
Por otra parte, ambas asociaciones valoran de forma «muy positiva» la manifestación de la Comisión Permanente de que el CGPJ a lo largo de la pandemia «ha adoptado y seguirá adoptando cuantas medidas sean precisas para garantizar la salud profesional de la Carrera Judicial, como lo evidencia la realización específica, dentro de la analítica de sangre habitual, de las pruebas de determinación serológica de anticuerpos de Covid-19, satisfaciendo de esta manera la imperiosa necesidad derivada de la actual situación sanitaria”.
Sin embargo, consideran que «no debe ser desperdiciado el conocimiento de los resultados que se obtengan de estas pruebas, que permite saber el estado de salud de la Carrera Judicial y su grado de exposición a este riesgo, según destinos, edades, sexo, territorios, o cualquier circunstancia relevante».
«El conocimiento empírico de lo que ha sucedido en el pasado será el que nos permita acertar en el futuro con las medidas preventivas y de protección de la salud», subrayan.
Por otro lado, manifiestan que esta situación de pandemia ha puesto de manifiesto «la necesidad de que el CGPJ asuma toda la competencia en materia de protección integral de la Carrera Judicial, sin tener que depender del mosaico de Administraciones prestacionales».
Exponen que desde la Carrera Judicial han sido testigos de la «impotencia del CGPJ para hacer efectivas las decisiones que en materia de protección de la salud de jueces y magistrados ha ido adoptando, por carecer de capacidad material de implementar esas medidas sin la intermediación de otras Administraciones».
Afirman que esta crisis es «la mejor oportunidad de impulsar los cambios necesarios para progresar en el futuro».
Por eso, entienden que «esta experiencia es una inmejorable ocasión para emprender los pasos necesarios para que el CGPJ asuma la gestión integral de la prevención de riesgos y protección de la salud de jueces y magistrados».
