La Fiscalía tiene abiertas 191 diligencias de investigación penal en residencias por el Covid-19

La Fiscalía tiene abiertas 191 diligencias de investigación penal en residencias por el Covid-19

3 / 06 / 2020 13:38

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La Fiscalía tiene abiertas a día de hoy 191 diligencias de investigación penal en residencias de mayores y personas con discapacidad por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

En estos últimos datos, recogidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), se registran 14 nuevas diligencias de investigación penal.

En concreto, una en la Fiscalía de Área de Jerez, una en Guadalajara, una en la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León, una en Fiscalía Provincial de Burgos, una en Palencia, dos en Salamanca, una en Castellón, dos en Madrid, dos en Alcalá de Henares, una en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y una en Ferrol.

Estos datos se van actualizando semanalmente por el departamento de Dolores Delgado en función de nuevas actuaciones, de manera que las que se han archivado o judicializado se excluyen de este recuento de actuaciones realizadas por las fiscalías provinciales.

El número de casos judicializados se mantiene en 22.

Así, durante la última semana se ha decretado el archivo de un total de seis diligencias de investigación penal en las Fiscalías de Teruel, Palencia, Salamanca (2), y León (2, una de ellas con remisión de denuncia al juzgado).

Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía responden a denuncias, algunas de ellas, según el Ministerio Público, «muy genéricas o de índole prospectiva», interpuestas por partidos políticos, particulares o asociaciones, de ahí el archivo.

En cuanto a las diligencias civiles también se mantienen activas 191, esta semana se han incoado tres nuevos expedientes civiles para seguimiento de la situación en determinados establecimientos residenciales en las Fiscalías de Cádiz, Alicante y Murcia.

Además, se ha procedido al archivo de dos diligencias de índole civil (en Alcoy), como consecuencia de haberse comprobado la inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento.

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