En junio de 2014 el Rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
La Fiscalía del Supremo asume la investigación al Rey Juan Carlos por el AVE a la Meca
La causa se centra en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren después de su abdicación
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08/6/2020 12:47
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Actualizado: 08/6/2020 12:47
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación sobre las presuntas comisiones irregulares en la adjudicación del contrato del AVE a la Meca derivada de las diligencias que llevaba a cabo Anticorrupción al resultar que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey Juan Carlos de Borbón.
En concreto, la investigación se refiere a la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado ‘AVE del desierto’ que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
Esta investigación se centra, precisamente, explica la Fiscalía en un comunicado, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014 (abdicación), momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
«Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo«, recuerda la Fiscalía.
Juan Ignacio Campos, fiscal de la investigación
Precisamente, el pasado viernes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designaba para esta investigación al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos Campos, por su «conocimiento exhaustivo» del derecho penal económico y su «dilatada experiencia» como Fiscal Jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Dada la transcendencia institucional de esta investigación, apunta el Ministerio Público, «se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia».
Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la «innegable complejidad técnica» de estas diligencias de investigación.
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