La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de marzo, que había confirmado la desestimación de la demanda presentada contra la supresión acordada por la Junta General Extraordinaria del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) del pago de los auxilios de jubilación que percibía un colectivo de antiguos colegiados.
Con esta decisión tomada por vía de una providencia que tiene fecha de 28 de mayo, los magistrados Luis María Díez-Picazo Giménez, José Luis Requero Ibáñez, César Tolosa Tribiño, Fernando Román García y Dimitry Berberoff Ayuda, dan carpetazo a este conflicto, que ha durado más de cuatro años.
El sistema de previsión social complementario del Colegio de Procuradores reconocía desde 1952 una prestación complementaria de jubilación.
Esta había sido sustituida en 2000 por un sistema de auxilios de jubilación que, si bien, se venía satisfaciendo anualmente, el Colegio consideró que tenía naturaleza graciable y que no era un derecho vitalicio de los colegiados, en situación de pasivos desde entonces.
En consecuencia, el 17 de noviembre de 2016, la Junta General Extraordinaria aprobó suprimir de los presupuestos anuales, a partir de 2019, la partida de 450.000 euros asignada al pago de estas prestaciones complementarias que consideraban un lastre financiero porque comprometía gravemente la economía del Colegio.
Sin embargo, un grupo de antiguos colegiados recurrió el acuerdo de la Junta General, que se ha visto desestimado escalón tras escalón hasta llegar al Supremo.
La dirección letrada del Colegio de Procuradores fue encargada al despacho Blanco y Asociados Abogados, una de las firmas punteras, y más reputadas, especializadas en derecho de seguros.
