El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) han presentado este lunes en el Congreso de los Diputados la propuesta de la creación del Registro Único de Incapacidades Profesionales (RUIP); un sistema que permitirá que, con una sola comunicación, los profesionales procuradores o abogados puedan suspender sus procedimientos activos en caso de enfermedad, accidente o fallecimiento de un familiar.
Una iniciativa para evitar riesgos de indefensión, y garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva. Y, sobre todo, garantizar la conciliación familiar, profesional, y la seguridad jurídica. Este es el objetivo de la propuesta presentada este lunes por el ICAM y el ICPM en el Congreso de los Diputados.
Una iniciativa que ha sido entregada entregada a los grupos parlamentarios y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Y que contempla la creación de un Registro Único de Incapacidades Profesionales (RUIP), que permitirá activar con una sola comunicación la desconexión profesional temporal del letrado o procurador afectado, suspendiendo de forma inmediata las notificaciones electrónicas a través de LexNET y garantizando la paralización de todos los procedimientos en los que intervenga.
“Esta propuesta responde a una necesidad real y urgente. La enfermedad o cualquier causa grave que impida ejercer la defensa no puede seguir suponiendo un riesgo de indefensión para la ciudadanía», ha explicado al respecto Eugenio Ribón, decano del ICAM.
Así pues, ha explicado Ribón, esta iniciativa supone el cumplimiento del «compromiso número 39 de nuestro programa de gobierno. Impulsar el Registro Único de Incapacidades Profesionales (RUIP). Ello, para garantizar que, desde el momento de la comunicación médica, se suspendan automáticamente todos los plazos en cualquier juzgado y procedimiento”.
Por su parte, el Decano del ICPM, Alberto García Barrenechea, ha subrayado: “Es inaceptable que, ante una causa de fuerza mayor, los profesionales de la abogacía y la procura deban iniciar una carrera contra el reloj, redactando escritos para cada órgano judicial. Lo que hoy proponemos es justicia tecnológica: una herramienta que garantice derechos ya reconocidos por la ley, pero aún ineficaces en la práctica”.
Conciliación familiar y profesional en caso de enfermedad o fuerza mayor
Una propuesta que, desde el punto de vista jurídico, reconoce como causa de suspensión procesal la «enfermedad o imposibilidad absoluta» del profesional de la abogacía. Un punto reflejado en la reciente reforma del artículo 188.1.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Del mismo modo, el escrito presentado ante el Parlamento también se apoya en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa. Normativa que consagra el derecho a la conciliación y a la suspensión del procedimiento en casos de fuerza mayor.
Dos preceptos jurídicos que, actualmente, no cuentan con eficacia práctica. Ello, al «no estar respaldados por un sistema operativo centralizado que permita aplicar estos derechos de forma automática, uniforme y segura en todo el territorio judicial», aseguran desde el ICAM.
Así pues, la creación del RUIP se apoyará en la verificación colegial de la causa sobrevenida. Y así, garantizará la trazabilidad, el control judicial y la reversibilidad de la medida. Además, prevé excepciones específicas para actuaciones urgentes o inaplazables, como aquellas que afectan a personas privadas de libertad. Iniciativa con la que el ICAM y el ICPM, de forma conjunta, buscan dotar de efectividad real al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a la conciliación profesional.
Un proyecto que buscará evitar interpretaciones dispares entre juzgados en estos casos. Y, además, eliminará cargas administrativas injustificadas para los profesionales en situaciones críticas, como enfermedad, accidente o fallecimiento de un familiar.
“Se trata de poner la tecnología al servicio de la justicia y de la dignidad profesional. Lo que hoy proponemos no es una prerrogativa del abogado o procurador, sino una garantía del ciudadano”, ha concluido el Decano del ICAM.
