La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) considera que el plan de choque del Ministerio de Justicia para los juzgados para hacer frente al impacto de la pandemia de Covid-19 «es solo un parche, ahora necesario, pero que no debe ocultar que lo esencial para nuestra Justicia se está dejando de lado».
Así lo ha manifestado la Comisión Ejecutiva de esta asociación en un comunicado tras conocer las medidas de refuerzo que prepara el departamento de Juan Carlos Campo para los órganos de las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y de los juzgados de lo mercantil.
A juicio de APIF, la Justicia española necesita que «el legislador tome conciencia de los déficits de nuestra democracia en cuanto a la división de poderes» y que, por tanto, «se afronten de una vez reformas que den a los ciudadanos una calidad democrática de la que hoy no disfrutan, liberando tanto al CGPJ de su bocado de hierro político como al Ministerio Fiscal de sus ataduras gubernamentales».
Asimismo, reclama que se incrementen los medios personales y materiales. «La ratio de jueces y fiscales en España por habitante están a distancia sideral de las que tienen los países europeos de nuestro entorno».
Aunque reconoce que los avances que la Justicia digital puede suponer cuando definitivamente se superen los obstáculos actuales, entre los cuales está el control de toda la información digital que se está acumulando, Apif asegura que se echa en falta «una gran cantidad de jueces, fiscales, funcionarios, instalaciones, dinero para los turnos de oficios de las defensas, y una mejor organización de los recursos disponibles».
«Falta de interés institucional por problemas estrictamente profesionales»
Por lo que se refiere a la Fiscalía, la asociación de la que es portavoz Juan Antonio Frago afirma que «es evidente que hoy la institución se ve gravemente afectada por la relación política entre el FGE y el Gobierno, no importa el signo político de éste».
Algo que afecta, subraya, a muchos órdenes de la institución y de su funcionamiento, como son la promoción profesional de los fiscales, la calidad del servicio (al no ser ni el mérito y la capacidad lo que determina la promoción, sino la obediencia o la sintonía política), la falta de interés institucional por problemas estrictamente profesionales como las cargas de trabajo o la distribución de esas cargas.
Asimismo, la salud profesional de los fiscales, el régimen disciplinario sin garantías, el castigo de la arbitrariedad cuando proviene de la jerarquía, la distribución no reglada de asuntos, la falta de medios materiales, la necesidad de una Inspección Fiscal que sea un motor de mejora de las condiciones de trabajo y de calidad en la prestación de la Fiscalía o algo tan sencillo como procurar una representación proporcional en el Consejo Fiscal.
«El Gobierno cree que manda en la Fiscalía»
Todos esos problemas, agrega APIF, «se han cronificado en la Fiscalía porque en la acción política gubernamental y del FGE es casi siempre prioritaria -frente a los problemas señalados- la actuación para mantener el control operativo sobre la institución».
Esto tiene su origen, remarca, «en el hecho de que el Gobierno cree que manda en la Fiscalía, como apuntó el presidente hace unos meses, pero se encuentra con que la ley no ampara dicha creencia y que los fiscales nos debemos a la ley no al Gobierno, lo que genera tensiones desde hace ya más de 40 años».
