Ciudadanos ha denunciado ante la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo español y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que el vicepresidente Pablo Iglesias y otros representantes de Podemos han emprendido una «campaña de acoso» contra determinados medios de comunicación y periodistas a raíz del «escándalo» en el que se ha visto envuelto recientemente Iglesias «por el posible uso ilegal de datos y fotos privadas sensibles de una exasistente».
Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, ha enviado sendas cartas a la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y al presidente del CTBG en funciones, Javier Amorós, para transmitirles su preocupación ante ciertas declaraciones de miembros del Gobierno, entre ellos Iglesias, y portavoces de Podemos en relación con la pieza Dina del caso Tándem, «un caso judicial muy turbio que podría involucrar al vicepresidente del Gobierno en un uso ilegal de datos y fotos privados sensibles» de su exasesora Dina Bousselham.
🇪🇺🍊 Cs ha denunciado ante la Comisión Europea la campaña de acoso de Iglesias a los periodistas.
‼ Los medios de comunicación son un pilar básico de nuestra democracia.
📻 @maitepagaza «Esta estrategia de desinformación es indigna de un vicepresidente del Gobierno» #EsHerrero pic.twitter.com/HgKRcxjefE— Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) July 8, 2020
“Hemos asistido a declaraciones que podrían conllevar una vulneración de los principios de imparcialidad, independencia y no discriminación que deben regir la actuación y comportamiento del Gobierno y sus miembros, cuyo respeto es clave para garantizar la salud de nuestros sistemas democráticos”, recalca Pagazaurtundúa.
Las misivas:
Carta al Consejo de Transparencia
Carta a la comisaria europea de Justicia
Pagazaurtundúa subraya que «la existencia de unos medios de comunicación libres y plurales es fundamental para una democracia saludable», Pagazaurtundua ha pedido que se preste atención a los «ataques a los medios desde los gobiernos o partidos de gobierno», algo que ocurre en países como Polonia y Hungría, y denuncia que «ahora también en España».
Asimismo, ha incidido en que “el respeto de las libertades de expresión e información de los medios de comunicación es fundamental en los Estados de derecho, como recoge la Carta Europea de Derechos Fundamentales y nuestra Constitución”, y ha señalado que “el hecho de que el vicepresidente subraye que considera necesario naturalizar el insulto y el ataque a la prensa hace preciso evitar la degradación buscada de nuestra democracia”.
Iglesias defendió el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hay que «naturalizar» que «cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política» esté sometido «tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales».
Lo dijo en relación con los ataques recibidos en redes sociales por el periodista Vicente Vallés, al que Podemos ha criticado por el modo en que ha informado sobre la investigación judicial acerca del robo del móvil de Bousselham, en la cual Iglesias -que guardó la tarjea SIM de su exasesora durante meses- ha perdido recientemente la condición de perjudicado.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó que a Vallés le ocurre «lo mismo que a toda la derecha y la ultraderecha: le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno».
Pagazaurtundua considera que declaraciones como éstas «podrían formar parte de una ‘campaña’ de acoso contra medios de comunicación y periodistas concretos, en la que sus promotores, miembros del Gobierno de España, se estarían aprovechando de su posición y poder de forma inapropiada».
En las misivas, fechadas a 7 de julio, Pagazaurtundúa recuerda que tanto la Constitución Española como la Carta Europea de Derechos Fundamentales exigen el respeto a las libertades de expresión e información de los medios de comunicación.
«La prensa es un sector estratégico al que hay que respetar y apoyar en este tiempo histórico convulso para conservar el sentido de su labor de control sobre la transparencia del ejercicio del poder y, por tanto, de garantía de la calidad de las democracias. Los líderes de partidos en el gobierno no deben caer en la tentación de limitar, criticar, juzgar o minusvalorar el trabajo de los medios de comunicación», recalca Pagazaurtundúa.
Hace hincapié en que “los líderes de partidos en el Gobierno no deben caer en la tentación de limitar el trabajo de los medios de comunicación”, por lo que propone “incluir en el Plan de Acción de la UE para la Democracia el análisis de la libertad de expresión, así como las cuestiones del pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en el siglo XXI”.
Asimismo, la eurodiputada alude a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que en su artículo 26 «establece claramente los principios éticos y de actuación» que deben regir la labor de los miembros del Ejecutivo, así como «el régimen de infracciones y sanciones aplicable en caso de no hacerlo, que incluye la destitución del cargo público involucrado».
Pagazaurtundúa considera que la conducta del vicepresidente Iglesias «iría contra los principios mencionados y podrían ser constitutivas de infracción» según esta ley, «por no respetar la Constitución, llevar a cabo conductas discriminatorias basadas en las convicciones o ideología o abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, entre otras».
La eurodiputada también se ha dirigido al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y al Defensor del Pueblo español para comunicarles esta «problemática» y subrayar que “la ‘Ley española de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno’ establece claramente los principios éticos y de actuación que deben regir la labor del ejecutivo y el régimen de infracciones y sanciones aplicable en caso de no hacerlo, que incluye la destitución del cargo público involucrado”.
Según Pagazaurtundúa, “esta conducta sería contraria a los principios mencionados por no respetar la Constitución y llevar a cabo conductas discriminatorias basadas en las convicciones o ideología o abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, entre otras”.
Pagazaurtundúa pregunta a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno si consideran que los medios de comunicación «deben ser protegidos para tener la libertad necesaria de ejercer el control adecuado sobre la acción de gobierno y sobre delitos potenciales ligados a personas que están en el Gobierno».
También pregunta al Defensor del Pueblo y al CTBG si iniciarán una investigación «para aclarar la naturaleza, intención y posibles consecuencias de las declaraciones» de Iglesias, y a la Comisión Europea si incluirá «el análisis de la libertad de expresión y las cuestiones del pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en el siglo XXI» dentro del Plan de Acción de la UE para la Democracia.
