La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) afirman que el Tribunal Supremo, con la imposición de «elevadas» costas por recurrir contra decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está provocando un “efecto disuasorio” que dificulta que miembros de la Carrera Judicial y sus representantes profesionales puedan recurrir actos y decisiones del órgano de gobierno de los jueces.
Así lo manifiestan en un comunicado conjunto, publicado hoy, en el que señalan que en poco más de un mes, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado varios recursos contra decisiones del CGPJ que afectan a la Carrera Judicial, y ha impuesto «elevadas costas», como, por ejemplo, en el caso del magistrado Jesús Calderón, quien impugnó a título particular el nombramiento para esa misma Sala de Dimitry Berberoff.
Indican que en la sentencia desestimatoria, que contó con 2 votos particulares discrepantes sobre un total de 5, el Supremo le impuso 4.000 euros de costas.
Asimismo, recuerdan que la semana pasada, el Alto Tribunal también impuso 8.000 euros a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) —luego rebajados a la mitad— y otros 4.000 a FJI tras desestimar sus respectivos recursos contra el Reglamento de Retribuciones Variables de la Carrera Judicial.
Además, apuntan que otras asociaciones, como AJFV, también tienen recursos similares pendientes de ser resueltos, en este caso por nombramientos y convocatorias del propio CGPJ.
AJFV y FJI denuncian que «esas costas tan elevadas» que impone el único tribunal en el que los jueces y sus representantes pueden recurrir contra el CGPJ son ya “una barrera” importante que va camino de convertirse en un “obstáculo insalvable” para “controlar la legalidad de los actos de un órgano constitucional que tiene por función nada menos que el gobierno de los jueces”, por lo que ambas asociaciones consideran que “no es admisible” que el CGPJ “deje de tener ese control» si no oueden cuestionar sus actos, dado «el elevadísimo importe que se impone en caso de desestimación del recurso».
Recuerdan que el mandato del CGPJ finalizó hace más de un año y medio, y que mientras permanece en funciones ha seguido nombrando decenas de cargos discrecionales en los puestos más importantes de la Justicia española, muchos de ellos recurridos por asociaciones como AJFV «ante la falta de un baremo objetivo sobre los méritos y capacidades de los candidatos a esas plazas».
También indican que en otros órdenes jurisdiccionales se han tomado medidas para «evitar el peligro de convertir las costas procesales en una limitación del acceso al proceso».
Apuntan que, por ejemplo, a los sindicatos de trabajadores no se les imponen costas en el orden social.
AJFV y FJI consideran que es el momento de reflexionar sobre esta cuestión y quieren dejar constancia de la preocupación que sienten al respecto.
Señalan que si los jueces no pueden cuestionar los actos del CGPJ, éste «deja de tener control, lo que no es admisible».
