El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite, por unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del PP contra el Decreto-ley aprobado por gobierno catalán y validado por el Parlamento de Cataluña sobre el acceso a la vivienda, que obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una.
Se trata del Decreto- ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, el Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento de Cataluña, de 4 de marzo de 2020, de convalidación de este último.
La Cámara catalana lo validó con 77 votos a favor (JxCat, ERC, los comunes y CUP) y 57 en contra (Cs, PSC y PP).
El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) lo consideró inconstitucional, aunque su posición no fue vinculante.
El Constitucional ha ordenado que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
El PP considera que dicho decreto sobre el acceso a la vivienda «desprotege a los propietarios y protege a las mafias ‘okupas».
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, denuncia que este decreto es «profundamente antisocial porque, mientras las familias humildes, trabajadoras y honradas esperan pacientemente en las listas de alquiler y de compra social, mafias violentas ocupan viviendas por la vía de los hechos consumados y encima reciben el apoyo del ‘Govern'».
«Torra quiere convertir Cataluña en un ‘paraíso okupa’, y el PP no lo va a permitir», subraya Fernández.
Agrega que la factura del proceso independentista y la del gobierno de Cataluña es cada vez más grave porque «a una economía cada vez más deteriorada y al ataque sin precedentes a la educación concertada», se suma ahora el «ataque a la propiedad privada, apoyando a los ‘okupas».
Fernández considera que los decretos de vivienda del gobierno catalán «van en contra del derecho a la propiedad privada y vulneran competencias».
Destaca que tanto el Estatuto de Cataluña como la Constitución establecen que un derecho fundamental como el de la propiedad privada no puede ser alterado a través de un Decreto-ley, y defiende que los «conceptos de expropiación forzosa, los grandes tenedores de vivienda y el de vivienda vacía, son claramente inconstitucionales».
Afirma que estos decretos parecen «hechos a medida de las mafias ilegales de ocupación, que actúan impunemente en Cataluña».
El presidente del PP catalán también manifiesta que son un «insulto» para aquellos que deciden invertir y ahorrar a través de la vivienda o que la convierten en su proyecto empresarial, y lamenta que por ello tengan que ser calificados de especuladores.
El ejecutivo catalán aprobó este decreto para modificar la definición de ‘vivienda vacía’ por las dudas de interpretación y los problemas de seguridad jurídica que podía conllevar.
Establece como vacía una vivienda que lleva desocupada «sin causa justificada» por un plazo de más de dos años.
El texto recoge que las causas justificadas de esa desocupación son el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución.
Así, señala que la ocupación de una vivienda sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía esa vivienda.
«Primer paso adelante para derogar la Ley Okupa en Cataluña. Ya queda menos…», ha publicado en Twitter Alejandro Fernández tras conocer que el recurso ha sido admitido a trámite.
