El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs, Javier Verdeguer Gorrea, ha decretado la apertura de juicio oral para dos directivos de la empresa Escal UGS SL, adjudicataria del Proyecto Castor, por un delito medioambiental. El juez ha adoptado la misma decisión respecto de la mercantil, como persona jurídica.
El auto que se ha conocido hoy, con fecha de 15 de julio, señala que la Audiencia Provincial de Castellón es el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos.
Además, requiere a los acusados para que presten fianza por cuantía de 23.126 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles determinadas hasta el momento.
El juez dictó auto de procedimiento abreviado para estos dos directivos en octubre del pasado año, al entender que generaron “una situación de peligro potencialmente catastrófico” entre septiembre y octubre de 2013 por continuar con la inyección de gas en la planta de almacenamiento ubicada en la costa de Vinaròs pese a ser conscientes del riesgo sísmico que ello acarreaba.
De hecho, esa actividad provocó hasta 519 sismos que ocasionaron daños tanto en esa localidad como en la de Sant Mateu (Castellón), así como en Amposta y en Sant Carles de la Ràpita, en la provincia de Tarragona.
Fue la Administración la que acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno.
El pasado mes de octubre, en otro auto, el juez decretó el sobreseimiento libre de las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado, al descartar que incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén.
