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La APFP denuncia que el Gobierno abre las piscinas de las cárceles ‘sin adoptar medidas frente al coronavirus’

Además del "riesgo", critica "el gasto que supone su apertura en esta situación de crisis" y que el año pasado fue de 360.000 euros La APFP informa que los funcionarios de prisiones y los servicios médicos de los centros penitenciarios están “muy preocupados” por las decisiones que se están tomando por parte de la Secretaría General; en la imagen la piscina climatizada de la cárcel de Archidona, Málaga 2.
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“La Administración se preocupa más de la población reclusa, que de sus funcionarios”. Así lo denuncia en Confilegal el presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), Francisco Llamazares.

Informa que los funcionarios de prisiones y los servicios médicos de los centros penitenciarios están “muy preocupados” por las decisiones que se han venido tomando durante la pandemia del coronavirus por parte de los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La última de ellas es la apertura de las piscinas de las cárceles, y que, según afirma, se han puesto en funcionamiento “sin adoptar medidas frente al Covid-19”.

“Primero decidieron reiniciar las comunicaciones por locutorios, después los vis a vis íntimos y familiares y los permisos, sin unas medidas preventivas adecuadas y sin establecerse cuarente, y ahora se procede a la apertura de las piscinas sin poner límite de aforo”, explica.

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Llamazares destaca que “ante la propagación del coronavirus muchas ciudades tienen sus piscinas con limitación de aforo y con unas normas preventivas para los usuarios, y que en algunas incluso se mantienen cerradas”.

“En prisiones no hay limitación de aforo. Se ha establecido que cada módulo pueda ir a la piscina una hora de media durante varios días a la semana. A los internos los supervisan un socorrista y un funcionario, que tiene que abandonar su módulo para controlar a los bañistas, con el riesgo que eso conlleva para la seguridad del propio módulo y del centro, ya que se queda un funcionario solo en dicho módulo”, explica. 

También advierte que “en caso de que haya un positivo por Covid-19 dentro de un módulo, al no haberse limitado el aforo en la piscina, se puede correr el riesgo de un contagio masivo”.

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“Cosa que no ocurriría si se establecieran, por ejemplo, turnos de 10 personas del mismo módulo repartidos entre diferentes días de la semana”, apunta.

Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

La APFP informa que por el coronavirus a los funcionarios de prisiones se les facilita una mascarilla quirúrgica por día de trabajo, pero que ellos reclaman la FFP2 “por el medio en el que trabajan”, dice que “hasta esta semana tampoco se establecían cuarentenas a los internos cuando regresaban de permiso o de los vis a vis para evitar el contagio y la propagación del Covid-19″, y que “hasta la fecha, en la mayoría de los centros penitenciarios no se ha realizado ningún tipo de prueba o estudio serológico a los trabajadores”.

Llamazares explica que los funcionarios han demandado en estos meses a la Secretaría General de Instituciones Penitencias que tome una serie de medidas preventivas, como por ejemplo cuarentenas, el suministro de mascarillas FFP2, la toma de temperatura a funcionarios y a los familiares de los internos cuando van a un vis a vis, que sea obligatorio que los familiares utilicen siempre mascarilla, y que en cuanto se sospeche de un posible positivo de un interno o funcionario, se realice de forma inmediata la prueba PCR y posteriormente el test serológico.

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Según manifiesta, “hasta el momento, la única reclamación que ha sida atendida es la de las cuarentenas”. 

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Informa al respecto que en las últimas semanas en distintos centros penitenciarios, como por ejemplo el de Asturias se ha aislado un módulo, y en Zuera (Zaragoza) y Badajoz se han suspendido los vis a vis por posible contagio de Covid-19.

También explica que muchos funcionarios se pagan de su bolsillo mascarillas FFP2 “para mayor garantía y protección”; todos ellos mantienen la distancia de seguridad “a pesar de la dificultad de ser un medio cerrado”, y aplican todas las medidas preventivas para evitar el contagio a los propios compañeros de trabajo y a la población reclusa.

Además de denunciar el “riesgo” que conlleva la apertura de piscinas “sin adoptarse medidas preventivas contra el Covid-19”, la APFP denuncia el gasto que supone su puesta en funcionamiento.

Llamazares recuerda que el Gobierno gastó el año pasado 207.390,98 euros para la apertura de 21 piscinas. 

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Señala que a esto se suman otros gastos, “como agua, que supusieron 27.792,77 euros; electricidad, 33.087,03; cloro 41.947,85 euros; y socorristas 41.422,15 euros”. 

En total, estos gastos desde la apertura al cierre fueron 152.362,40 euros, lo que unido al destinado para la apertura de las mismas ascendió en total a 359.753 euros.

Recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy ordenó en 2012 cerrar las piscinas de todos los centros penitenciarios, al considerarlo “un gasto importante e innecesario”.

En junio de 2018, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luís Ortiz, encargó a los directores de los centros que disponen de piscina que redactaran un informe sobre el estado y situación de las mismas.

Tras conocer el coste de ponerlas en funcionamiento, dio luz verde a la apertura de 25. Algunas debido al tiempo que se han mantenido cerradas, en 2018 solamente se pudo hacer una puesta a punto y no llegaron a abrir, quedaron preparadas para el verano de 2019.

La APFP critica que el Ministerio del Interior disponga de partida presupuestaria para poner en funcionamiento las piscinas, y para la subida en 2018 de los sueldos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario general de Instituciones Penitenciarias, pero, sin embargo, no haya partida presupuestaria para las mejoras salariales de los trabajadores penitenciarios”.

Denuncia que funcionarios y laborales (cocineros, electricistas, celadores, fontaneros, enfermeros…) sufren elevadas cargas de trabajo como consecuencia de falta de personasl, y que los funcionarios “para cubrir los servicios mínimos en muchas de las prisiones tienen que trabajar en sus días de libranza”.

Destaca que hay 3.500 vacantes en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y se prevé que 6.942 funcionarios se jubilen los próximos 10 años, por lo que dice que “sería necesario sacar ofertas de empleo público al año de más de 1.000 plazas”.

El presidente de la APFP recuerda que los funcionarios de prisiones llevan desde 2017 reclamando mejoras económicas, así como la creación de un estatuto propio para prisiones, y la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, reivindicaciones que les llevaron a huelga en noviembre de 2018, y que “siguen sin ser atendidas por el Ejecutivo”.

En años anteriores, la APFP ya había puesto el foco sobre el gasto de la apertura de las piscinas. Ahora lo considera “innecesario” en momentos de crisis.

“Pero a nuestros responsables no les preocupa el riesgo de lo que puede conllevar tal decisión ni el gasto”, critica Francisco Llamazares.

Para la APFP, “la administración actúa de esta forma porque que sabe que no va a asumir ninguna responsabilidad”.

“Y no asumen ninguna responsabilidad al no haber una Ley de Responsabilidad Individual del cargo Público, porque cuando el denunciante lo lleva ante los tribunales, son defendidos por la Abogacía del Estado y en caso de condena en costas, las paga el Estado, y tampoco supone un coste político; mientras que el funcionario o particular que denuncia tiene que pagar de su bolsillo el abogado y si pierde, el pago de las costas procesales”, expone.

La APFP advierte que “si el Covid-19 se introduce en las prisiones, va a ser difícil su control, con las consecuencias que esto puede suponer”.

“Y veremos que nadie del Gobierno o de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias asumirá ninguna responsabilidad de la propagación y contagio del Covid-19 entre la población reclusa y los funcionarios de prisiones”, afirma.

Otra situación que preocupa a la APFP son las agresiones, y denuncia que “siguen sin tomarse medidas para combatirlas”.

Según ha denunciado recientemente, en España se produce de media una agresión cada tres días a funcionarios de prisiones.