La hasta ahora fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, junto a siete colegas cuyo único mandato será de tres años, por aplicación de una disposición transitoria del Reglamento aplicada al azar entre los 22; la persona que suceda a Sabadell será por seis años.
Concepción Sabadell, nueva fiscal de la Fiscalía Europea en representación de España
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27/7/2020 18:53
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Actualizado: 27/7/2020 19:14
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El Consejo de la Unión Europea ha aprobado hoy el nombramiento de María Concepción Sabadell Carnicero, de 50 años, como nuevo miembro de la Fiscalía Europea en representación de España y cuya fiscal general es la rumana Laura Kövesi.
Junto con Sabadell han sido nombrados un total de 22 nuevos fiscales que corresponden a los estados que se han adherido a la EPPO (European Public Prosecutor’s Office, en inglés): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Rumanía.
No participan Suecia, Hungría, Polonia, Irlanda y Dinamarca, pero pueden unirse en cualquier momento.
Su misión será la de investigar delitos que perjudiquen a las finanzas de la Unión Europea (previstos en la Directiva UE 2017/1371), como el fraude transfronterizo del IVA, el lavado de dinero y la corrupción.
Podrán, asimismo, ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y sus cómplices de estos; y practicar actos propios en el ejercicio de la acción penal y ejercer las funciones de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros de la Unión.
Actualmente, solo las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar el fraude contra el presupuesto de la UE, pero sus poderes se detienen en las fronteras nacionales.
Con la puesta en marcha de esta Fiscalía Europea, aprobada en 2017 por el Europarlamento, esa dejará de ser así.
Concepción Sabadell está destinada, desde 2007, en la Fiscalía Anticorrupción. A ella le correspondió la dirección de la acusación pública en el juicio del caso Gürtel.
La rumana Laura Kovesi es la fiscal general europea; su mandato, improrrogable, será de siete años.
SEDE EN LUXEMBURGO PERO OPERATIVA EN TODOS LOS PAÍSES DE LA UNIÓN
En 2017, el fraude afectó a 467,1 millones de euros del gasto presupuestario de la UE en países de la Unión.
Los documentos y declaraciones falsas o falsificadas constituyeron los tipos más comunes de fraude, según un informe de la Comisión.
La Fiscalía Europea tendrá su sede en Luxemburgo, junto con la fiscal general y los fiscales de todos los países participantes.
Dirigirán las investigaciones penales cotidianas que realizarán los fiscales delegados en todos los estados miembros participantes.
Operará como una oficina única en todos los países participantes de la UE y combinará los esfuerzos de aplicación de la ley europeos y nacionales en un enfoque que se pretende unificado, transparente y eficiente.
El mandato de estos 14 fiscales europeos será por 6 años.
DOS NIVELES ORGANIZATIVOS
La Fiscalía Europea se construirá en dos niveles: el central y el nacional. El nivel central comprende al fiscal general Europeo, sus dos diputados, 22 fiscales europeos (uno por país participante de la UE), dos de los cuales actuarán como adjuntos al Fiscal General Europeo y el Director Administrativo.
El nivel descentralizado consistirá en fiscales europeos delegados en cada país participante de la UE. El nivel central supervisará las investigaciones y procesamientos que se realicen a nivel nacional.
Como norma, serán los fiscales europeos delegados los que llevarán a cabo la investigación y el enjuiciamiento en su país de la UE.
Los derechos de los sospechosos y acusados estarán asegurados por amplias garantías procesales basadas en las legislaciones nacionales vigentes y la de la UE.
La Fiscalía Europea se asegurará de que sus actividades respeten los derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluido el derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa.
Los actos procesales de la Fiscalía Europea estarán sujetos a revisión judicial por parte de los tribunales nacionales. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mediante sentencias preliminares, tiene poderes residuales para garantizar una aplicación coherente de la legislación de la UE.
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