La Fiscalía Europea (EPPO) ha requerido al Tribunal Supremo que aclare si la causa abierta contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSO y exdiputado, incluye contratos financiados con fondos de la Unión Europea.
En un escrito fechado el 24 de septiembre, las fiscales delegadas Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga piden al magistrado instructor, Leopoldo Puente, que detalle “sin dilación” el objeto de la investigación, identificando contratos, adjudicaciones o subvenciones en examen.
El recordatorio no es menor: el Reglamento (UE) 2017/1939 otorga a la EPPO la competencia exclusiva para investigar delitos que afecten a los intereses financieros europeos. En otras palabras, si los contratos bajo sospecha se nutren de fondos comunitarios, el caso debería pasar automáticamente a manos de la Fiscalía Europea.
La defensa de Cerdán subraya, sin embargo, que la EPPO aún no ha ejercido su “derecho de avocación”, esto es, la facultad de reclamar la instrucción. De hacerlo, añaden, el Supremo tendría que abstenerse o plantear un conflicto de competencia, como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
