El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo juzga hoy a un procurador acusado de apropiarse de más de 40.000 euros de un cliente.
La Fiscalía pide un año y 6 meses de prisión por un delito de apropiación indebida de los artículos 253 y 249 del Código Penal, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Señala que concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a Zurich con 40.637,50 euros «por el dinero apropiado, más los intereses legales correspondientes».
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, en el ejercicio de su profesión de procurador de los tribunales, el 6 de febrero de 2017, en un procedimiento civil de Juicio Ordinario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Siero, recibió un mandamiento de devolución por importe de 47.637,50 euros a nombre de su mandante en el referido procedimiento, la compañía aseguradora Zurich.
La Fiscalía sostiene que el acusado, en vez de entregar el dinero, como era su obligación, la incorporó a su patrimonio.
Indica que el 17 de enero de 2018, a requerimiento del letrado de Zurich, el acusado devolvió 7.000 euros, y que ha asumido un compromiso de pago, que aún no se ha materializado.
CONDENADA A UN AÑO Y SEIS MESES DE CÁRCEL UNA PROCURADORA DE GRANADA POR APROPIACIÓN INDEBIDA
Recientemente, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por una procuradora de Granada, Amparo M. G., contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que el 1 de octubre de 2018 desestimó su recurso contra la resolución de la Audiencia Provincial de Granada que la condenó a un año y seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida de 336.245,27 euros, más intereses, a indemnizar a General de Galerías Comerciales, y a una multa de 1.440 euros.
La condenada había representado como procuradora desde 2006 hasta 2016 a General de Galerías Comerciales en las causas judiciales relacionadas con el centro comercial Nevada de Armilla (Granada), de su propiedad, en distintos procedimientos
seguidos ante los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Granada.
La empresa es propiedad del empresario murciano Tomás Olivo.
La mercantil se querelló contra ella en 2016 por dos delitos de apropiación indebida y uno de deslealtad profesional.
Fueron dos cantidades: 52.192,02 euros, que era el “sobrante” de la cantidad que la empresa había consignado a un caso, una vez practicada la liquidación de intereses, y 336.245,27 euros, que era la consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia, por la que el letrado de la Administración dictó la devolución de dicha cantidad a la mercantil.
Las cantidades que los procuradores –o abogados– perciban de terceros, como un órgano judicial, para entregar a sus clientes no pueden ser aplicadas, por un acto unilateral, a satisfacer la minutas que consideren que deben ser abonadas, deben ser entregadas en su integridad a aquellas personas a favor de quienes han sido recibidas, sin perjuicio de la reclamación que corresponda para hacer efectivo el pago de su honorarios, ha destacado el Supremo en su sentencia, número 265/2020, de 29 de mayo, recordando su jurisprudencia.
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