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El TC exige a los jueces de violencia de género que hagan una instrucción ‘suficiente y eficaz’ antes de archivar denuncias

No basta con un "mero contraste superficial" de los testimonios de ambas partes del conflictoEl Constitucional destaca que no tiene cabida una "clausura precipitada" o inmotivada de la investigación penal, que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva. Foto: Carlos Berbell
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El Tribunal Constitucional (TC) dictamina que los jueces deben hacer una investigación “suficiente y eficaz” de las denuncias por violencia de género antes de acordar su archivo, y que no se limiten a un “mero contraste superficial” de los testimonios de ambas partes del conflicto.

Destaca que no tiene cabida una “clausura precipitada” o inmotivada de la investigación penal, que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.

Así lo señala la Sala Segunda del TC en una reciente sentencia en la que estima el recurso de amparo de una mujer a la que se le ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en un proceso penal por presunto delito de maltrato habitual, iniciado a raíz de denuncia formulada por la mujer contra su marido, mediando un proceso de divorcio en curso.

Fue sobreseído provisionalmente y archivado nada más prestar declaración el denunciado, sin que el juzgado instructor hubiera practicado ninguna otra diligencia, pese a haber solicitado ella, con el apoyo del Ministerio Fiscal, la realización de actuaciones encaminadas a acreditar los supuestos malos tratos recibidos.

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Esta sentencia, dictada el 20 de julio y que se ha notificado hoy, la firman la magistrada Encarnación Roca Trías (presidenta), Antonio Narváez Rodríguez (ponente), Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, y Ricardo Enríquez Sancho.

El tribunal señala que para que la investigación penal concretamente desplegada satisfaga el derecho a la tutela judicial efectiva de quien se encuentra en posición de víctima en supuestos de violencia de género o cometida en un entorno familiar o afectivo, será necesario “no sólo activar sin demoras -cuando corresponda- las medidas de protección personal adecuadas al caso, sino también desplegar una instrucción que profundice sobre los hechos denunciados con el fin de descartar toda sospecha fundada de delito”.

Subraya que “este canon reforzado se entenderá debidamente colmado en tanto en cuanto, subsistiendo la sospecha fundada de delito se practiquen otras diligencias de investigación que, complementando esos testimonios enfrentados de las partes unidas por una relación de afectividad, presente o pasada, permitan ahondar en los hechos descartando o confirmando aquella sospecha inicial”.

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De ahí que, “el deber de diligencia requerirá abundar en la investigación allí donde no se hayan agotado las posibilidades razonables de indagación sobre los hechos de apariencia delictiva, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva si el órgano judicial clausura precipitada o inmotivadamente la investigación penal”.

Ahora bien, el Constitucional apunta que el comportamiento que se exige a un juez de violencia de género no implica en modo alguno la obligación de admitir o practicar cualesquiera diligencias, sino “únicamente aquellas que se evidencien como pertinentes y relevantes a los fines pretendidos”.

“Pero deberá continuar la tarea de investigación mientras, subsistiendo la sospecha fundada de la comisión de los hechos de que se ha tenido noticia y de su relevancia penal, resulte necesario profundizar en su indagación”, señala.

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El tribunal apunta que en ocasiones, el marco de privacidad o clandestinidad en el que aparecen contextualizados los hechos objeto de una denuncia de esta naturaleza, o bien sus propias características fácticas, determinan que se carezca de evidencias físicas que apoyen la versión del suceso que puedan proporcionar quienes aparecen en el proceso como denunciante o como denunciado.

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“Con frecuencia, sus respectivos testimonios no sólo presentan diferencias, sino que entran en abierta contradicción entre sí”, agrega.

El Constitucional recoge en su sentencia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el deber de diligencia en la investigación de las denuncias formuladas por violencia de género, y hace hincapié en que la intervención judicial debe colmar dos necesidades muy concretas:  “La primera, emplear cuantas herramientas de investigación se presenten como racionalmente necesarias, suficientes y adecuadas ante toda sospecha fundada de delito y la segunda, evitar demoras injustificadas que puedan perjudicar el resultado de la investigación”.

SENTENCIA DEL TC PARA DESCARGAR

ANULA EL ARCHIVO DE UN CASO QUE SE CERRÓ SIN PRACTICAR PRUEBAS

Con esta doctrina, el Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad del auto de 11 de junio de 2018 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid y del auto de 25 de octubre de 2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordaron el sobreseimiento provisional de las diligencias previas sin haber agotado previamente la indagación sobre los hechos denunciados allí donde aún resultaba posible.

Ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del primero de los autos para que el juzgado de violencia sobre la mujer dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental alegado.

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El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) también ha establecido recientemente que las víctimas, una vez constituidas en acusación particular, no recuperan el derecho a la dispensa de declarar contra su pareja -artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)- si renuncian a ejercer dicha posición procesal.

Así lo ha fijado en una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, en la que modifica la jurisprudencia que mantenía al respecto hasta ahora.

Se trata de la resolución número 389/2020, de 10 de julio, notificada el pasado lunes.

Hace una corrección del Acuerdo Plenario de 23 de enero de 2018 (apartado 2º) declarando que no recobra el derecho de dispensa (artículo 416 de la LECrim), quien ha sido víctima-denunciante y ha ostentado la posición de acusación particular, aunque después cese en la misma.

El Supremo pretende así la protección de las víctimas de violencia de género frente a posibles coacciones de su agresor para que no declaren contra él después de haberle denunciado.

Señala que esta interpretación se ajusta a la perspectiva de género y al Convenio de Estambul sobre la protección de las víctimas de violencia de género.