Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, ha acusado a los Estados Unidos de «subvertir la institucionalidad democrática» mediante «manipulaciones y mentiras» con su inclusión en la lista de “Los [delincuentes] más buscados”, a la que han añadido una recompensa de 5 millones de dólares (4.244.482 euros) por información que conduzca a su captura y enjuiciamiento posterior.
Washington también ha incluido a su esposa, Debora Sacha Menicucci Anzola, de 29 años, exMiss Venezuela Mundo 2014, modelo, diseñadora de modas y presentadora de televisión, como cómplice.
Moreno Pérez fue acusado formalmente el 12 de marzo de 2020 por la Fiscalía ante los tribunales del Distrito Sur de Florida por los delitos de blanqueo de capitales y por participar en transacciones monetarias de bienes derivados de una actividad ilícita especificada en violaciones del Título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h) y del Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1957.
“Maikel José Moreno Pérez, un compinche de Maduro, usó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Al designarlo públicamente hoy, estamos enviando un claro mensaje: los EE.UU. están firmemente en contra de la corrupción”, explicó Mike Pompeu, secretario de Estado a través de su cuenta de Twitter el pasado 21 de julio.
De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., durante los últimos años, desde su cargo de presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha venido recibiendo dinero o bienes como pago de sobornos para influir en el resultado de casos civiles y penales en Venezuela.
“Moreno Pérez recibió los sobornos a cambio de acciones judiciales en más de 20 casos judiciales, como ordenar a los jueces de tribunales inferiores que liberaran a determinados acusados o que desestimaran determinados casos”, afirma el Departamento de Estado.
Desde mayo de 2017 el presidente del TSJV, una de las piezas más importantes del régimen chavista, había sido incluido en la categoría de “nacional especialmente designado” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, después de que el TSJV que preside dictara, en marzo de ese año, varias sentencias despojando de autoridad a Asamblea venezolana legítimamente elegida.
UN PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA CON ANTECEDENTES PENALES
Moreno Pérez, tiene antecedentes penales por asesinato. Fue en 1987, cuando ejercía como agente de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) -equivalente a la Comisaría General del Información de la Policía Nacional o al propio Centro Nacional de Inteligencia de España-.
Ocurrió en Ciudad Bolívar, en el Estado de Bolívar, a 578 kilómetros al sur de Caracas.
La víctima fue una mujer.
Por ese asunto, Moreno y otros dos agentes pasaron dos años en la cárcel. Tras conseguir un beneficio procesal, y de reincorporarse al DISIP, ejerció de escolta del entonces presidente del país, Carlos Andrés Pérez, durante su segundo mandato.
En 1989, volvió a verse relacionado con otro homicidio, este de Rubén Gil Márquez, acaecido en el curso de un tiroteo en Caracas. En esa ocasión, no se le imputó ningún delito a Moreno, pero fue apartado como agente de ese organismo.
Fue entonces cuando decidió dar un giro a su vida. Enfocó su existencia hacia el mundo de la justicia.
Consiguió obtener un trabajo como secretario de un juzgado en Caracas y, al mismo tiempo, se puso a estudiar la carrera de abogado, título que obtuvo en 1995, con lo que comenzó su carrera como fiscal, primero, y luego como juez.
DESTITUIDO COMO JUEZ POR DESACATO
En la judicatura ejerció como juez 34 de control y presidente de la Sala Séptima de Apelaciones.
En 2007 fue destituido como juez por desacato a una orden de la Sala Constitucional del TSJV.
Hombre de mucho peso dentro del chavismo, Moreno fue “compensado” de su pérdida, por el entonces ministro de exteriores, Nicolás Maduro –actualmente presidente de Venezuela, cuya detención también tiene precio: 15 millones de dólares– como agregado comercial en la embajada venezolana en Roma.
En ese mismo año, el exmagistrado chavista, Luis Velásquez Alvaray, prófugo de las autoridades venezolanas reveló que Moreno formaba parte de “La banda de los enanos”, una organización clandestina que supuestamente funcionaba dentro del sistema judicial venezolano.
La denuncia fue archivada por la Fiscalía.
En 2010, ya de regreso a Caracas, se postuló al Tribunal Supremo de Justicia, pero no tuvo suerte.
Sin embargo, en 2014 lo consiguió. La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, lo nombró magistrado del TSJV. Al año siguiente se convirtió en presidente de la Sala de Casación Penal.
Desde ese puesto ratificó la condena de 14 años de prisión al opositor Leopoldo López, exalcalde de la ciudad de Chacao, por su participación en las manifestaciones contra Maduro y su gobierno de 2014 en las que perdieron la vida 41 personas.
Una semana más tarde de esa sentencia, el pasado 24 de febrero, fue nombrado presidente del TSJV.
