Venezuela tiene una extensión cercana al millón de kilómetros cuadrados (casi el doble de España) y una población cercana a los 30 millones de habitantes. Y es rica, muy rica, en materias primas, especialmente en ”tierras raras” (cruciales para la tecnología moderna –teléfonos móviles, ordenadores, tecnología militar, etcétera–) y petróleo, poseyendo los yacimientos más grandes del globo terráqueo.
El territorio actualmente conocido como Venezuela fue colonizado por España a partir de 1522. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, las ideas de independencia se difundieron en América Latina, y en 1811, después de perder España su flota en Trafalgar frente a los ingleses comandados por el almirante Nelson, Venezuela se convirtió en uno de los primeros territorios hispanoamericanos en declarar su independencia de España.
La lucha independentista fue liderada por figuras como Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José Antonio Páez, quienes obtuvieron importantes victorias, entre ellas la Batalla de Carabobo en 1821 que fue decisiva para consolidar la independencia de Venezuela y de la Gran Colombia (los actuales Estados de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, además de territorios de Perú y Brasil), que posteriormente se disolvió en 1830, dejando a Venezuela como nación independiente tal y como actualmente la conocemos.
Durante gran parte del siglo XIX, el país vivió períodos de inestabilidad política dominados por caudillos regionales, situación que dificultó el progreso.
A partir de 1958, Venezuela transitó hacia gobiernos democráticos; sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990 se vivieron crisis económicas que desencadenaron disturbios sociales, intentos de golpe de Estado y juicios políticos, como el de Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos en 1993.
La insatisfacción con los partidos tradicionales culminó en la elección de Hugo Chávez en 1998, quien, tras un intento de golpe de Estado en 1992, inició lo que él llamó la Revolución Bolivariana.
Chávez convocó a una Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 1999 para redactar una nueva Constitución, cambiando el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela y estableciendo un modelo político de corte socialista, caracterizado por la nacionalización de empresas clave y una mayor intervención estatal en la economía.
Su gobierno estuvo marcado por tensiones internas y polarización, que han configurado los desafíos políticos y económicos posteriores.
Fallecido Hugo Chávez, fue nombrado presidente Nicolás Maduro en 2013. No por elección, sino por designación.
Su presidencia ha estado marcada por una prolongada crisis política, económica y social, así como controversias sobre la legitimidad de algunos procesos electorales, sanciones internacionales y denuncias de violaciones de derechos humanos formuladas por organismos internacionales y otros gobiernos.
El pasado sábado, 3 de enero, en la Operación «Resolución Absoluta», fue capturado por fuerzas de élite norteamericanas (la Delta Force) y arrestado y escoltado por agentes de la DEA para ser puesto a disposición de la Autoridad judicial estadounidense (en concreto, la Corte del Distrito Sur de Nueva York).
La actuación del presidente de los EE.UU. de Norteamérica se ha saltado todas las normas del Derecho Internacional. Todo lo construido a lo largo de varios siglos, especialmente a partir de la II Guerra Mundial.
Principios del Derecho Internacional
Los principios estructurales del Derecho Internacional son las bases fundamentales que rigen las relaciones entre Estados, destacando la igualdad soberana, la no intervención, la prohibición del uso de la fuerza, el arreglo pacífico de controversias, la libre determinación de los pueblos, la buena fe y el respeto a los tratados, asegurando la coexistencia pacífica y el orden mundial, se consolidaron tras la Segunda Guerra Mundial y fueron recogidos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Así:
• Igualdad soberana de los Estados; esto es, todos los Estados son jurídicamente iguales, sin importar su poder, extensión, población y riqueza.
• No intervención, lo que implica la prohibición de interferir en los asuntos internos de otro Estado.
• Prohibición del uso de la fuerza, que significa la no amenaza ni uso de la fuerza armada contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado.
• Arreglo pacífico de controversias, cual es la obligación de solucionar disputas internacionales por medios pacíficos (negociación, mediación, arbitraje).
• Libre determinación de los pueblos: el derecho de los pueblos a decidir libremente su estatus político y desarrollo.
• Buena fe (pacta sunt servanda): el cumplimiento de las obligaciones internacionales de buena fe, incluyendo el respeto a los Tratados internacionales.
• Humanidad y derechos humanos; esto es, exigencia del respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.
Estos principios, que forman el esqueleto del Derecho Internacional Público, definen las normas de conducta aceptadas para mantener la paz, la seguridad y la cooperación entre naciones, siendo un marco esencial para las relaciones internacionales contemporáneas.
Cierto es que se ha invocado, en numerosas ocasiones, la “soberanía”, la “no intervención” y el “orden jurídico internacional” como si estos conceptos generalistas existieran para proteger a los gobiernos y no a las personas.
Principios pulverizados
Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto, capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio masivo y la supresión completa de la soberanía popular. Y no lo es.
Y, repito, Donald Trump ha pulverizado todos estos principios. No uno, todos.
¿Y con qué finalidad? Formalmente para poner a disposición judicial a un narcoterrorista y tratar de evitar la entrada de ingentes cantidades de cocaína en EE.UU., cumpliendo así una orden judicial (indictment, esto es, una acusación penal formal), vigente desde el año 2020 (dictada bajo la Administración Obama) al serle imputados, entre otros, delitos de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas automáticas.
También la de restaurar la democracia, al tratarse de un Gobierno que perdió de forma abrumadora las últimas lecciones frente a Edmundo González y, más allá de formalismos, María Corina Machado.
Victoria electoral reconocida dentro y fuera del país. No seamos obtusos: no es esta la finalidad última de la intervención norteamericana; si fuera así, ya habrían intervenido en Cuba, que lleva ya muchos, muchísimos años viviendo en una dictadura y nadie, tampoco Trump, reclama los derechos civiles individuales de los cubanos.
Pena de los cubanos abandonados a su suerte… aunque parece que ahora a Trump, en pleno arrebato triunfalista, le preocupa (sugirió el pasado domingo que no consideraba necesario una intervención militar en Cuba porque “está a punto de colapsar”, en clara referencia a la privación del petróleo venezolano del cual dependía).
En el fondo la “extracción” de Maduro y su mujer ha sido para controlar, gestionar y comercializar, además de las citadas “tierras raras”, las ingentes cantidades de petróleo de Venezuela, país que –reiteramos- tiene la mayor reserva del mundo, más que Arabia Saudí.
Los esfuerzos estadounidenses de obtener resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de sus intereses (Irak, Bosnia, etc.) pertenecen ya a otra época, es ya pasado.
El protagonismo de la acción realizada no recae ya en el Congreso ni en un debate clásico de política exterior, sino directamente en el Ejecutivo, amparado en la extensión de la jurisdicción penal interna (Ana Palacio en El Mundo, 4, enero 2026). Extensión de la jurisdicción norteamericana más allá de sus fronteras y al margen del reconocimiento soberano del Estado afectado.
¿Y cuáles han sido las reacciones mundiales ante este despropósito? Pocas, muy pocas, eso sí, de condena en nombre de la soberanía y la no injerencia… pero retóricas.
Así, Europa, la UE, ya pinta poco en el panorama mundial; si durante más de tres siglos fuimos los dueños del mundo, ahora, entre veintisiete Estados, poco podemos hacer, salvo buscar la supervivencia (la UE ha sido definida –Mark Eyskenes, ex ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica- como “gigante comercial, enana política y pigmeo militar”); la Alta Representante de la UE (lo que sería el Ministro de Asuntos Exteriores), respaldada por la Presidenta de la Comisión Europea, apeló al respecto al marco normativo internacional y a la contención, evitando así la legitimación explícita como la confrontación con Donald Trump.
Rusia poca capacidad de maniobra tiene, encharcada como está en la guerra con Ucrania.
China toma nota para su intento no disimulado de conquistar Taiwán.
Es el tiempo de la realpolitik. Dejamos atrás el orden jurídico internacional que tanto costó conseguir. Ahora el Derecho Internacional no es ya el eje ordenador de la política mundial y las grandes potencias (EE.UU., Rusia, China) tantean y ejercen su poder en sus zonas de influencia.
¿Y qué pasará en Venezuela?
Trump ha sido listo: con la finalidad de que no haya un golpe de Estado interno, que se amotinen los chavistas, ha dejado a la Vicepresidenta con Maduro, Delcy Rodríguez, al mando del país y, con el pretexto de que le entregasen el premio Nobel de la Paz a Corina, la sacó del país… y tardará en volver, no lo duden.
Jugada maestra para sus intereses.
Actualmente, Venezuela es una tragedia humanitaria. Millones de personas se ha visto obligadas a dejar el país y las que se quedaron conviven con la escasez, la represión y el miedo.
No hay elecciones libres.
No hay prensa libre.
No hay un Poder Judicial independiente.
No hay canales efectivos para que el pueblo se libere por su propia cuenta. Defender que ese pueblo resuelva solo su situación es, en la práctica, defender la perpetuación del sufrimiento.
En suma, defender el respeto a la soberanía de Venezuela fue, durante años, la excusa perfecta para la inercia internacional pero un gobierno que viola sistemáticamente el derecho a la vida y a la dignidad humana no puede exigir que el mundo cierre los ojos en nombre de una abstracción jurídica conveniente.
Ya lo dijo Felipe Hasson (11 de enero), abogado brasileño especialista en Derecho Internacional: utilizar el Derecho Internacional para defender a los dictadores es una perversión intelectual.
Es transformar un sistema creado para proteger a los seres humanos en un argumento de convivencia para proteger a los opresores. No hay nada de progresista en ello. No hay nada de humanista. Solo es el consuelo moral de quien nunca ha tenido que elegir entre soberanía y supervivencia.
La comunidad internacional existe, precisamente, para evitar que se cometan atrocidades detrás de fronteras convenientemente cerradas. Cuando un gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, él mismo elimina cualquier autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interviene para poner fin a tanto sufrimiento.
Que Venezuela vuelva a ser democrática, y próspera, que vuelva a pertenecer a los venezolanos tardará, pero llegará… esperemos.
Los paramilitares ocupan las calles, las detenciones son masivas, incluidos periodistas. No obstante, ya se ha empezado a liberar a presos políticos. Lo que es seguro es que la permanencia estratégica de Estados Unidos en el país será por mucho tiempo.
Trump, en pleno éxtasis, ya ha amenazado a Dinamarca: quiere Groenlandia; el deshielo abre nuevas rutas comerciales y su ingente extensión (muchas veces España) llena de materias primas; es muy golosa. Y quiere también recuperar el control sobre el Canal de Panamá.
Sus amenazas a Gustavo Petro, presidente de Colombia, ya son directas y públicas. También ha amenazado a México, a Canadá, a Irán donde actualmente hay manifestaciones masivas contra el gobierno, con cientos de muertos y miles de detenidos (“la ayuda está en camino”, 13 de enero).
Las otras grandes potencias observan y toman nota. Se ha abierto la veda. Xi Jinping, presidente chino desde 2013, quiere Taiwán. Vladimir Putin, Ucrania… ¡que tiemble Zelensky para que no lo declaren un traficante internacional y al país un Estado narcoterrorista!.
¡Ay! Bienvenidos al nuevo orden mundial.
