La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el magistrado del Supremo, Pablo Lucas, se conocen desde finales de los años 80. El perfil del candidato tiene muchas posibilidades.
Uno de los favoritos a presidente del CGPJ y del Supremo tiene «línea directa» con la vicepresidenta Carmen Calvo
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06/8/2020 06:45
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Actualizado: 06/8/2020 08:11
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Pablo Lucas Murillo de la Cueva, de 66 años, formó parte del tribunal que en 1991 dio la plaza de profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba a la actual vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, de 63 años.
Un tribunal que estuvo formado por los catedráticos de esa materia, Javier Pérez Royo, como presidente, Antonio Colomer Viadel, Germán Gómez Orfonel, Joaquín Mariano Tomás Villarroya y el mencionado Lucas Murillo de la Cueva, como vocal secretario.
Un año antes, en 1989, el salmantino, actual magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo había obtenido su cátedra de Derecho Constitucional de aquella Universidad.
La vicepresidenta también tomó parte de una obra colectiva que coordinó Lucas en 1991 con un capítulo titulado «La mujer y la Constitución como contrato político social».
Ambos, Lucas y Calvo, dirigieron la tesis doctoral con la que se doctoró en 1999 Miguel Agudo Zamora, entonces profesor ayudante de Derecho Constitucional en aquella Universidad y hoy catedrático de esa especialidad. Calvo era entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía que presidía Manuel Chaves.
Su trayectoria profesional, además de por este «valioso» contacto, le convierte en uno de los candidatos favoritos a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Discreto, callado, cerebral, Lucas se ha ganado el respeto profesional y el aprecio de sus compañeros de Sala.
FRANCO
Lucas Murillo de la Cueva formó parte del tribunal que dio luz verde, en octubre del año pasado, para la exhumación de los restos del dictador, Francisco Franco, de su tumba del Valle de los Caídos.
Por ello, la Fundación Nacional Francisco Franco lo recusó aduciendo dos causas de abstención contempladas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la amistad íntima, o enemistad, con cualquiera de las partes –y aquí el Gobierno era una parte– y tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.
La citada Fundación invocó también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que la imparcialidad objetiva del magistrado estuvo comprometida por su relación «muy especial» con Calvo, que estuvo muy implicada en todo este caso.
El tribunal rechazó la recusación y, por unanimidad, dio luz verde al traslado del ataúd de Franco al cementerio de El Pardo, distrito de la capital al norte de Madrid.
JUEZ DEL CNI
Antes de ser elegido por el Consejo General del Poder Judicial magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en 2001, después de haber servido como jefe de Gabinete del presidente del órgano de gobierno de los jueces Javier Delgado Barrio, fue vocal de la Junta Electoral Central entres 1991 y 1994 y después, entre 2012 y 2016, lo que le da un conocimiento muy preciso del funcionamiento de la máquina electoral.
Sin embargo, un dato muy relevante es que desde 2009 ha venido siendo de forma ininterrumpida –reelegido por el CGPJ en 2014 y 2019– magistrado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.
Su función es la de autorizar la entrada en los domicilios de los investigados e intervenir todas sus comunicaciones, tanto tradicionales, en papel, como electrónicas –teléfono fijo, móvil, Whatsups, correos electrónicos, mensajes de Telegram– tras estudiar las solicitudes planteadas, los hechos sobre los que se plantean las adopciones de medidas.
Dichas autorizaciones no pueden exceder de 24 horas en el caso de la entrada en el domicilio y tres meses para la intervención e interceptación de las comunicaciones.
El magistrado del CNI es la red legal sobre la que opera el servicio de inteligencia en defensa de la seguridad nacional.
La función del CNI es la de facilitar al presidente del Gobierno «las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones” (según el artículo 1 de la Ley 11/2002 de 6 de mayo reguladora del Centro Nacional de Inteligencia).
Por su responsabilidad, Lucas Murillo de la Cueva ha dado luz verde a todo tipo de operaciones llevadas a cabo por los agentes del CNI frente al terrorismo etarra y el yihadista, las amenazas energéticas, económicas y todas aquellas que pudieran desestabilizar a España.
Desde 2009 hasta la fecha se han sucedido diferentes gobiernos de la nación bajo las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Mariano Rajoy (PP) y Pedro Sánchez (PSOE).
A esto se añade que es miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo desde 2013, en el que fue renovado recientemente.
Internamente, el candidato es contemplado como un hombre de estado, que gusta del perfil bajo y de cultivar las relaciones personales.
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