«El caso de José Manuel Calvente, excoordinador del equipo legal de Podemos, es un ejemplo de libro de texto de lo que es un ‘whistleblower’, un denunciante de corrupción. La Directiva de los «whistleblowers», en vigor en los 27 países de la Unión desde el 17 de diciembre pasado, lo protege frente a ese partido», afirma Fernando Presencia, exmagistrado y presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP).
De acuerdo con Presencia, el recurso de apelación que ha interpuesto el equipo legal del partido que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ante la Audiencia Provincial de Madrid, aduciendo que las pruebas aportadas por Calvente fueron obtenidas de forma «ilícita» mientras trabajaba para ellos, está condenado al fracaso.
«La Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que es como se llama oficialmente, lo dice bien claro: Denunciar la corrupción es un derecho fundamental a la libertad de expresión y de información», explica Presencia.
Desde su punto de vista, Calvente reúne todas las condiciones de «whistleblower» o denunciante de corrupción establecidas en la citada Directiva, concretamente en su artículo 19.
«Después de denunciar internamente lo que estaba pasando, Calvente fue represaliado, lo que prohíbe la Directiva. Fue despedido y acosado; y se dañó su reputación de forma grave porque fue acusado públicamente por Pablo Iglesias, ante los medios de comunicación, como un acosador sexual, lo que se ha archivado recientemente«, especifica.
«Luego, cuando vio lo que pasó, presentó una denuncia ante la Guardia Civil, en Barcelona, que ha terminado por desembocar en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, donde un magistrado está llevando a cabo la investigación, como debe de ser».
En su denuncia Calvente achaca a Podemos los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento informático y blanqueo de capitales.
«El blanqueo de capitales y la protección de la privacidad y de los datos personales, y la seguridad de las redes y los sistemas de información aparecen de forma expresa en la Directiva», subraya Presencia.
NO HAY RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO
El presidente de ACODAP recuerda la Directiva que las personas que comuniquen información sobre infracciones «no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo» siempre que «tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una infracción en virtud de la presente Directiva».
Y añade, «se aplica a los denunciantes que trabajen tanto en el sector privado como en el público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, que es el caso de Calvente».
Presencia, además, recuerda que la función de Calvente y de su compañera, Mónica Carmona –despedida junto con él– ambos responsables del equipo de cumplimiento normativo de Podemos, era la de detectar los delitos que se pudieran producir dentro de la formación política y comunicarlos a la dirección.
«Y si la dirección mira para otro lado, debían denunciarlos a las autoridades, que es lo que hicieron. Si no lo hubieran denunciado, ellos podrían haber sido acusados de no haber hecho su trabajo. Lo dice muy claro el artículo 31 bis del Código Penal, en el que se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, empresas y también partidos políticos, como Podemos», subraya el exmagistrado.
«Calvente, desde el punto de vista legal, ha sido exquisito. Y, por lo que yo sé, no hay documentos confidenciales, ni prueba ilícita, ni denuncia falsa. Fue fruto de una investigación interna, de cumplimiento normativo, en la que los empleados aportaron sus testimonios y fue anterior a sus despidos. Se trató de atajar dicha investigación despidiendo a Calvente y a Carmona. Ellos trataron claramente de proteger a Podemos de elementos corruptos se convirtieron en sus víctimas. Toda una paradoja», concluye.
EL RECURSO DE APELACIÓN DE PODEMOS
En su recurso de apelación, Podemos solicite que se anule la causa que instruye el magistrado José Luis Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, argumentando que el auto de imputación «adolece de nulidad radical y de pleno derecho, en tanto que la documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones de su cargo, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad que es predicable tanto de las personas jurídicas así como de los miembros que la componen y de terceras personas afectadas por dicha intromisión injustificada».
