La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de las tres existentes, recuerda que la libertad de expresión debe ser igual para todos los fiscales.
En consecuencia, no deben existir dobles varas de medir, según sea quién se pronuncie públicamente desde la carrera, se desprende como conclusión.
«La AF considera que la ponderada interpretación de la libertad de expresión debe ser igual para todos los fiscales», dice en un comunicado hecho púbico hoy, en respuesta a la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de sancionar, con una advertencia y multa de 100 euros a Rafael Soteras, fiscal decano de la Fiscalía Provincial de Zaragoza.
Delgado consideró que Soteras había sido autor de una falta leve disciplinaria de desconsideración por las críticas vertidas contra el magistrado José Ruiz Ramo, presidente del tribunal del jurado del caso del crimen de los tirantes. Fueron realizadas en una columna publicada en El Heraldo de Aragón.
«La Asociación de Fiscales –que recuerda que es una falta disciplinaria leve y no firme– quiere mostrar su reconocimiento a dicho compañero a quien le avala una implacable trayectoria profesional de más de 32 año, de la que destacada su profesionalidad, dedicación y buen hacer», afirma la AF.
En su columna en el periódico aragonés, el fiscal decano hablaba de un «cúmulo de anomalías» que rodeado al juicio habían conducido a «un desafortunado e injusto veredicto del jurado».
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en apelación, anuló, el pasado mes de abril, el veredicto del tribunal popular que había condenado a cinco años de cárcel a Rodrigo Lanza por un delito de homicidio imprudente, porque no estaba motivado.
El TSJA Ordenó repetir el juicio.
El juicio tuvo lugar el pasado mes de noviembre ante un jurado popular.
Tanto el fiscal Soteras como Juan Carlos Macarrón, abogado de la acusación popular en representación de la víctima, Victorino Laínez Muntane, como David Arranz, de Vox –acusación popular–, argumentaron que el delito era de asesinato.
El tribunal popular llegó a la conclusión de que había sido un delito de lesiones intencionadas en concurso ideal con otro de homicidio imprudente. La causa última de la muerte fue una imprudencia grave con alevosía de Lanza. Las lesiones fueron intencionadas pero no la muerte.
Los hechos sucedieron el 8 de diciembre de 2017 en el bar Tocadiscos de la calle Antonio Agustín, en el barrio de La Magdalena, en Zaragoza, en torno a las 3 de la madrugada.
Allí coincidieron ambos. Lanza, un antisistema, iba con tres amigos. Estos, al parecer, advirtieron que Laínez era de extrema derecha o neonazi porque llevaba unos tirantes con la bandera de España –un punto que no pudo ser probado en el juicio–.
La víctima y Lanza intercambiaron unas palabras que nadie oyó. Luego se insultaron mutuamente, llamándose «sudaca» –Lanza nació en Chile– y «fascista». Finalmente la víctima murió por arma blanca.
