La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha instado hoy a todas las fuerzas parlamentarias a que cumplan con el mandato constitucional de renovación de «tres de las más importantes instituciones democráticas»: El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo.
Esta asociación, que preside Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional, ha difundido hoy un comunicado con este llamamiento.
Señala que «estos tres órganos constitucionales, que forman parte de la estructura democrática de nuestro país, deben ser renovados sin demora porque ningún poder del estado puede sustraerse al mandato de la ley».
«Nuestra democracia se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras instituciones constitucionales, por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan debilita nuestra democracia», destaca.
La UPF recuerda que el CGPJ, regulado en el artículo 122 de la Constitución, está integrado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros que deben ser renovados cada cinco años, y que su renovación está pendiente desde noviembre de 2018.
Añade que el Tribunal Constitucional, regulado en el artículo 159 de la Carta Magna, consta de 12 miembros por un período de nueve años que deben ser renovados por terceras partes cada tres años, y que «estamos a la espera» de la renovación de cuatro de sus miembros desde diciembre de 2019.
Respecto al cargo del Defensor del Pueblo, reconocido por el artículo 54 de la Constitución, que remite su regulación a la Ley Orgánica 3/1981 que establece que el cargo de Defensor del Pueblo sea renovado cada cinco años, recuerda que está vacante desde julio de 2017, quedando en funciones el adjunto primero de la defensora anterior, Francisco Fernández Marugán.
La Unión Progresista de Fiscales hace hincapié en que el órgano del gobierno de los jueces (CGPJ), el tribunal guardián de nuestra Constitución (TC) y el alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución (Defensor del Pueblo) «no pueden permanecer en esta situación más tiempo, porque nuestra Constitución es clara en cuanto al plazo que sus miembros pueden desempeñar sus cargos».
Subraya que «la no renovación de estos órganos constitucionales no es una opción», sino que la Carta Magna «obliga» a todos los poderes públicos y, por tanto, al Congreso de los Diputados y al Senado «a cumplir con sus obligaciones».
«Considerar que esta obligación pueda ser eludida por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza o, incluso que puedan ser utilizados dichos nombramientos como una moneda de cambio para conseguir otras finalidades, es una falta de respeto a nuestra Constitución y a la ciudadanía a la que estas Cámaras representan», expresa la UPF.
«La legitimidad de las instituciones está en juego, por eso creemos que el incumplimiento de las leyes que regulan estos órganos constitucionales nos debilita como sociedad y nos coloca fuera del marco constitucional», concluye.
