El magistrado Diego Medina fue el primer presidente del Tribunal Supremo de España elegido de forma democrática. Fue en 1933, durante el periodo republicano.
El presidente del Tribunal Supremo fue elegido democráticamente por primera vez en la historia en 1933
La mañana del 10 de julio de 1933, en plena República, el Tribunal Supremo tuvo, por primera vez en su historia, su primer presidente elegido democráticamente. El elegido fue Diego Medina García, que obtuvo 55 votos.
Sus dos rivales, Félix Ruz Cara, presidente de la Sala de lo Penal, consiguió 21 votos, y Ramón Lafarga y Crespo, presidente de la Audiencia Territorial de Valencia, lo que hoy es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sacó 2 votos.
Hasta ese momento, todos los presidentes anteriores del Tribunal Supremo habían sido nombrados por el Rey a propuesta del Consejo de Ministros. En la práctica, el elegido era el magistrado más antiguo, llamado magistrado decano, el que asumía la Presidencia del Alto Tribunal una vez que el anterior fallecía.
La elección democrática del presidente del Tribunal Supremo fue una auténtica novedad. Estaba contemplada en el artículo 96 de la Constitución republicana de 1931 en el que también se introducía un nuevo factor: el mandato sería por 10 años.
«El presidente del Tribunal Supremo será designado por el jefe del Estado, a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley», decía dicho artículo.
«El cargo de presidente del Tribunal Supremo sólo requerirá: ser español, mayor de cuarenta años y licenciado en Derecho. Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás funcionarios judiciales. El ejercicio de su magistratura durará diez años», añadía.
La ley para la elección del presidente del Alto Tribunal fue elaborada por la Comisión Asesora Jurídica del Ministerio de Gracia y Justicia, cartera que, en esos momentos, ostentaba Álvaro de Albornoz y Liminara y publicada en La Gazeta –el antecedente del Boletín Oficial del Estado– el 18 de octubre de 1932.
Su artículo primero decía: «El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el de la República, a propuesta de una Asamblea constituida por: Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, los miembros del Consejo Fiscal, los Presidentes de las Audiencias Territoriales, los Jueces de primera instancia e instrucción que ocupen los diez primeros números de su Escalafón en el momento de hacerse la convocatoria para la Asamblea, quince diputados a Cortes que designe el Parlamento, los Decanos de los colegios de Abogados de capitales de provincias de más de 50.000 habitantes, los decanos de las facultades de Derecho de la Universidades y los Presidentes de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación».
Entre las facultades reconocidas al presidente del Supremo estaban las de preparar y proponer al ministro de Justicia y a la Comisión de Justicia del Parlamento leyes de reforma judicial y de los códigos de procedimiento, proponer al mismo los ascensos y traslados de jueces, magistrados y funcionarios fiscales y su pertenencia a la Comisión de Justicia del Congreso con voz pero sin voto.
La elaboración de esta ley no fue pacífica pues confrontaron dos puntos de vista antagónicos.
Unos, por una parte, proponían que la elección e realizase por una asamblea formada exclusivamente por personal de la carrera judicial.
Y otros, la que se impuso finalmente, planteó que se llevara a cabo por una asamblea integrada por miembros de la carrera judicial, representantes de los Colegios de Abogados, de la Academia de Jurisprudencia y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas para que estuviera representado no sólo el espíritu de la magistratura sino también de los organismos ajenos a la carrera judicial.
Una idea que también se impuso en 1980, cuando en nuestro periodo democrático se elaboró y aprobó la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.
Mañana del 10 de julio de 1933. Salón de Plenos, durante la elección. Foto: Ahora. 11 de julio de 1933.
UN CANDIDATO QUE PARTIÓ CON VENTAJA
No se puede decir con más claridad pues Diego Medina García, el vencedor de aquellos comicios había sido nombrado para ese cargo el 6 de mayo de 1931 –dos años y dos meses antes– por el primer gobierno de la recién nacida República española, presidido por el político y jurista cordobés, Niceto Alcalá-Zamora, uno de los líderes del partido Derecha Liberal Republicana.
Las elecciones a presidente del Supremo fueron convocadas el 20 de junio de 1933. Y en su exposición de motivos quedó expresada esta circunstancia:
«Aunque esta Ley sólo regule dicho nombramiento refiriéndose a los casos en que la Presidencia del Tribunal Supremo hubiere quedado vacante por cualquier causa o estuviere a punto de terminar la Magistratura constitucional de la persona que desempeñe, es evidente que sus preceptos tienen aplicación desde este instante ya que el actual Presidente (Don Diego Medina García) fue nombrado por el Gobierno antes de promulgarse la Constitución, al amparo de una legislación que ya no es aplicable».
Diez días después, la Gaceta, publicó la lista de 83 personas que tenían derecho a proponer candidatos para concurrir a las elecciones, fijadas para el 10 de julio a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, el mismo en el que se celebró el juicio del «procés».
Por parte de la Fiscalía tenían derecho a votar el fiscal general del Estado, el teniente fiscal, el inspector jefe, el abogado fiscal más antiguo y el fiscal jefe de Madrid. De la judicatura el derecho a voto correspondía a los presidentes de las seis Salas del Supremo del momento –la de lo Civil, de lo Penal, la de lo Contencioso-Administrativo (dividida en dos), la de lo Social y la de Justicia Militar–, los diez jueces de primera instancia de mayor antigüedad, los presidentes de las Audiencias Territoriales, 15 diputados del Congreso y los presidentes de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, Antonio Goicoechea, y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Joaquín Sánchez de Toca.
Los miembros de la mesa electoral en el Salón de Plenos del Supremo, con la mesa actual superpuesta sobre la foto de entonces. Foto: Ahora. 11 de julio de 1933.
EL DÍA DE LA ELECCIÓN
La mañana del 10 de julio de 1933 fue constituida la mesa electoral presidida por el magistrado del Supremo, Francisco Javier Elola –exfiscal general–, y los señores Bravo, Sánchez, González Posada y Ruiz Carrillo.
El decano del Colegio de Abogados de Barcelona protestó porque no había sido citado el presidente de aquella Audiencia Territorial. Y se le hizo saber que ese presidente no era propietario del destino que ocupaba, sino interino.
Diego Medina García siguió en la Presidencia del Tribunal Supremo hasta agosto de 1936, recién declarada la guerra civil. Solicitó la jubilación voluntaria, lo que quedó plasmado en la orden de agosto de 1936.
Esto no impidió que, al acabar la contienda, fuese detenido, procesado, juzgado y condenado a 7 años de inhabilitación especial para cargo público, separado de la carrera judicial y dado de baja en el escalafón. Fue el proceso sumarísimo ordinario 2198/1939.
Con ello perdió su jubilación.
NO HUBO MÁS PRESIDENTES ELEGIDOS DE ESTA MANERA DEBIDO A LA GUERRA CIVIL
El 22 de Agosto de 1936, la Gaceta de Madrid, número 235, páginas 1.403 a 1.404, publicó un Decreto suspendiendo la Asamblea para elegir al nuevo presidente del Tribunal Supremo, autorizando al Gobierno para que pueda convocarla cuando lo considerara oportuno, dentro del término de tres meses.
En el mismo se decía que, teniendo en cuenta las circunstancias del momento, dado que parte de los electores se encontraban en territorio ocupado, se suspendía la convocatoria, y se acordó que las funciones de presidente, fueran ejercidas por el presidente de Sala más antiguo, que resultó ser Mariano Gómez González.
Tras la victoria del general Francisco Franco, las cosas volvieron a su cauce. Los presidentes del Supremo siguientes –Felipe Clemente de Diego y Gutiérrez, José Castán Tobeñas, Francisco Ruiz Jarabo, Valentín Silva Melero y Ángel Escudero del Corral– fueron elegidos a dedo por Franco, a propuesta del ministro de Justicia del momento.
Hasta el 23 de octubre de 1980, cuando Federico Sainz de Robles y Rodríguez, una vez restituida la democracia y aprobada una nueva Constitución, de la 1978, fue elegido democráticamente por los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial presidente del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces.
Pero esa es otra historia.
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