María Jesús García García, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, ha solicitado a la Audiencia Provincial de esa provincia ser apartada del caso Deportivo-Fuenlabrada por ser socia del Deportivo de La Coruña.
Desde su punto de vista, supone una incompatibilidad manifiesta ya que una de las partes es, precisamente, su club, descendido a Segunda B, según publica hoy el Ideal Gallego. La magistrada supone que esto afecta tanto a su imparcialidad como a la apariencia de imparcialidad obligatoria, considerada en igual nivel por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
García García no ha explicado por qué ahora considera que su pertenencia al Depor afecta a dicha imparcialidad y no era así a finales de julio, desde el minuto 1 en que abrió diligencias previas sobre el desplazamiento del equipo fuenlabreño sin ver indicios de delito contra la salud pública, en un principio, basada en el escándalo mediático producido.
Sin embargo, después encargó un informe a la Policía Judicial para verificar si se podían confirmar si pudieran aflorar otro tipo delitos por el desplazamiento del Fuenlabrada desde Madrid a A Coruña.
Lo que está por ver.
Si la Audiencia Provincial de A Coruña considerara ajustado a derecho la petición de la magistrada, el caso lo asumiría el compañero que normalmente la sustituye, aunque oficialmente su Juzgado seguiría siendo el competente.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha personado al Ayuntamiento como acusación popular, ha declarado repetidas veces que hay que llegar hasta el final del caso, en parte, claramente dolida por el descenso del Deportivo de la Coruña, un clásico de la Primera División profesional, a la Segunda División B, una división de aficionados.
La edil promovió una declaración institucional contra el Consejo Superior de Deportes (CSD) y contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, al que, además, se le declaró persona non grata. A Irene Lozano se el exigio su dimisión como presidenta del CSD.
EL FUENLA NO BAJA A SEGUNDA B
Por otra parte, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anuló el expediente sancionador impulsado por la Real Federación Española de Fútbol que solicitaba el descenso del Fuenla a Segunda B, como castigo disciplinario por su viaje a A Coruña con personal contagiado de COVID-19.
El TAD sentenció no solo que el Fuenla había seguido los protocolos sanitarios establecidos sino también que la institución competente sobre estos protocolos no era la RFEF sino LaLiga.
Dicha decisión no fue recurrida ni por el CSD ni por la RFEF ni por el Deportivo de la Coruña y se convirtió en firme y final.
