Plantean la intervención la intervención de las jurisdicciones de otros países y del Tribunal Penal Internacional. Foto: Twitter
Investigadores de la ONU acusan a Maduro de crímenes de lesa humanidad
Tras investigar más de dos centenares de casos, concluyen que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura
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17/9/2020 10:34
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Actualizado: 17/9/2020 10:38
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Los investigadores de la ONU han denunciado que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio presidente, Nicolás Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
La misión, que no ha podido visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Maduro, ha investigado más de dos centenares de casos, y concluye que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
En un informe, de 443 páginas, que hará público la semana que viene, afirma que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones «flagrantes» de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones «coordinados» con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad.
Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa, Néstor Luis Reverol y Vladimir Padrino, respectivamente, tenían conocimiento de los crímenes que se estarían cometiendo, según los expertos. Consideran que los tres dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para que siguiesen cometiéndose los abusos, que se remontarían a 2014.
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno», ha señalado la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, no podrían atribuirse a «falta de disciplina» de las fuerzas de seguridad, sino que «parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen», según Valiñas.
Los investigadores de la ONU han llamado a poner fin a la impunidad. La jefa de la misión ha instado a que las autoridades venezolanas «lleven a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas».
Valiñas ha planteado la intervención de las jurisdicciones de otros países, así como del TPI, que «deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la misión ha identificado».
Los investigarores sostienen que el sistema judicial venezolano está viciado en favor del chavismo.
La misión ha investigado 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También ha examinado más de 2.500 incidentes adicionales en los que casi 5.100 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, si bien no todos estos casos serían igualmente arbitrarios.
LA INTELIGENCIA COMO INSTRUMENTO DE ABUSOS
Según los investigadores de la ONU, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana son responsables de casi seis de cada diez de las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado, así como autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el dossier.
También han detectado actos de represión política dirigidos desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que habrían perseguido a personas bajo la premisa de delitos falsos, con pruebas orquestadas o sin el debido proceso.
Según exponen, las detenciones, en algunos casos equiparables a desapariciones forzadas, incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual para obtener confesiones o como castigo.
Un exdirector del SEBIN consultado por la misión ha reconocido que la institución tenía un «comportamiento cultural» de tortura.
Uno de los investigadores, Francisco Cox, ha advertido de que «estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro».
Los comandantes, entre ellos «autoridades de alto nivel» dentro de los organismos de Inteligencia, «tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban». La misión ha identificado a más de 45 funcionarios con vistas a su potencial procesamiento, aunque sin dar nombres.
REPRESIÓN DE MANIFESTACIONES
La persecución política también habría quedado en evidencia en la represión de las protestas convocadas en estos últimos años contra el Gobierno de Maduro, en el marco de las cuales se registraron «el asesinato de 36 manifestantes» y prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como por ejemplo simulacros de ejecución.
«Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara», ha señalado el investigador Paul Seils.
VENEZUELA RECHAZA EL INFORME: ESTÁ ‘PLAGADO DE FALSEDADES’
El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha rechazado el informe y ha dicho que se trata de un documento «plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington».
3/3 Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH.
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 16, 2020
Así lo ha manifestado en un hilo en Twitter, en el que ha añadido que el Gobierno ya rechazó la formación de la misión de investigación.
«Desde el 2 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en Derechos Humanos, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la oficina de la Alta Comisionada (Michelle Bachelet)», ha señalado.
‘RELATA EL DRAMA QUE HEMOS ATRAVESADO’, AFIRMA GUAIDÓ
«Relata el drama que hemos atravesado los venezolanos», ha afirmado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.
Este informe, según ha indicado, evidencia una «sistemática destrucción y violación de los Derechos Humanos» y equipara al de Maduro a otros regímenes como el de Muamar Gadafi en Libia o el de Sadam Husein en Irak.
Guaidó ha asegurado que las acusaciones de los investigadores coinciden con las denuncias planteadas por la oposición política venezolana y también con la denuncia presentada en 2018 por el Gobierno colombiano ante el Tribunal Penal Internacional.
Juan Guaidó ha instado a otros gobiernos y países a leer este informe, y ha apelado de nuevo a la «reflexión» de quienes sostienen al «régimen totalitario» de Maduro, tanto desde fuera como desde dentro de Venezuela, con una alusión específica a las Fuerzas Armadas.
Ha insistido en su defensa de un plan de transición que ponga fin a la «usurpación» del poder en Venezuela, cuestionando de nuevo las elecciones que prepara el chavismo para el 6 de diciembre y que supondrán la renovación de la Asamblea Nacional.
La coordinadora de Vente Venezuela, Maria Corina Machado, se ha preguntado si ahora la UE se «atreverá» a aceptar la invitación de Maduro y enviar una misión que «explore» las condiciones electorales de Venezuela, habida cuenta de que la ONU «ha demostrado cuáles son las condiciones en que Maduro ha cometido y comete crímenes de lesa humanidad».
EEUU ESPERA QUE EL INFORME TENGA UN IMPACTO EN LOS PAÍSES QUE SOPESEN SUS RELACIONES CON MADURO
El Gobierno de Estados Unidos espera que este informe que denuncia crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno de Venezuela «tenga un impacto» sobre cualquier país que «esté pensando sobre sus políticas» hacia Caracas.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, espera que el informe «recuerde a la gente la naturaleza del régimen y que la liberación de algunos presos políticos, en ocasiones una liberación parcial, porque fueron puestos bajo arresto domiciliario o los cargos no se han retirado (…) es una táctica que no cambia la naturaleza del régimen y sus sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos».
Abrams también ha incidido en que «ninguna de las condiciones básicas para unas elecciones libres existen en Venezuela» y ha indicado que «uno de los pilares» de la política estadounidense en el país «ha sido apoyar a un abanico amplio de actores que luchan por la libertad y la democracia allí».
Por último, ha advertido que Washington «no dudará a la hora de usar toda la fuerza de las sanciones» contra aquellos que «socaven la democracia». «Continuamos trasladando nuestro apoyo total a todos los venezolanos que luchan por unas elecciones libres y la restauración de la democracia», ha remachado.
LEOPOLDO LÓPEZ GIL: EL INFORME DE LA ONU ES UN AVISO A LOS QUE QUIEREN DIALOGAR CON ‘CRIMINALES’
Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López y actual eurodiputado del PP, ha dicho que este informe que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad es «un aviso para los que creen que pueden conseguir algo por la vía del diálogo».
«Están intentando dialogar con criminales y con criminales no se negocia», ha manifestado en declaraciones a Europa Press.
López envió ayer una carta al alto representante de la UE, Josep Borrell, pidiendo que no envíe observadores a los comicios que Maduro ha convocado para el 6 de diciembre porque «eso sería darle legitimidad cuando no se dan un mínimo de condiciones para que sea democrático».
Su hijo se encuentra en la Embajada de España en Caracas desde el 30 de abril de 2019.
Está en la Embajada tras la ‘Operación Libertad’, un conato de golpe militar contra Maduro en el que López fue liberado de su arresto domiciliario por sus propios captores.
El destacado opositor no puede pedir asilo porque la ley española solo permite hacerlo en territorio nacional, por lo que permanece como «huésped» del embajador, Jesús Silva, y con una limitación de su actividad política.
España también ha concedido la nacionalidad a los padres de López y a otros familiares suyos y acoge a otros líderes opositores, como el activista Lorent Saleh, que fue liberado, y el exalcalde caraqueño Antonio Ledezma, que se fugó de Venezuela.
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