García-Castellón cita a declarar como investigado a Fernández Díaz en ‘Kitchen’

El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, ha citado a declarar como investigado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en la pieza ‘Kitchen’, el supuesto operativo policial secreto y sin control judicial puesto en marcha en 2013 y dirigido a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 atiende así la petición de la Fiscalía.

Lo ha convocado para el próximo 30 de octubre.

También ha citado a declarar a su ‘exnúmero dos’, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien ya estaba investigado. En su caso, para el 29 de octubre.

Además, cita como testigos al exdirector de Comunicación de Interior Juan José esteban y al sacerdote Silverio Nieto, al exdirector de gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a Icíar Castro Álvarez.

Esta resolución no es firme.

Contra ella puede interponerse recurso de reforma y/o subsidiario de apelación en el plazo de 3 dás desde la notificación, o recurso de apelación directa en el de 5 días. 

‘Kitchen’ es la pieza separada número 7 de la macrocausa Tándem, por la que el excomisario José Manuel Villarejo está en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Se abrió a principios de noviembre de 2018 tras un atestado policial que apuntaba a la existencia de ese supuesto operativo que buscaba entrar hasta ‘la cocina’ de los Bárcenas utilizando a una persona de su confianza para conseguir cualquier documentación comprometedora para el PP que se hubiera podido llevar. De ahí su nombre.

En el auto dictado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 indica que no hay lugar a otras diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas la declaración como investigada de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía solicitaba la investigación de Fernández Díaz, Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, por supuestos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

El magistrado explica que, en línea con lo solicitado por el fiscal, resulta «necesaria, útil y pertinente» la comparecencia del exministro del Interior, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.

García-Castellón añade que así se desprende de los audios registrados a Villarejo, así como de los mensajes transcritos y de la documentación referida en su auto.

El magistrado considera «especialmente revelador» de la importancia de la excúpula del Ministerio en el desarrollo de esta operación, el pago a Sergio Ríos de cantidades mensuales abonadas al parecer con cargo a los fondos reservados procedente de Interior, lo que según el instructor, “evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores del organismo”.

También dice que resulta revelador la obtención por parte del chófer de la familia Bárcenas de una plaza como funcionario de Policía tras superar un proceso de oposición, «extremo que requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio».

García Castellón entiende que antes de citar de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez, quien en su primera citación no quiso declarar, y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial.

«Y con mayor razón ahora debe procederse a su citación, una vez que ha podido acceder al contenido del sumario», añade. 

El magistrado reproduce en el auto algunos mensajes que se habrían cruzado Fernández Díaz y Martínez, y que este último registró ante notario.

«Chófer B. Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)», le escribió Fernández Díaz el 13 julio de 2013 y más tarde le añadió: «Es importante». «La operación se hizo con éxito», decía otro mensaje del exministro del 18 de octubre de ese año.

‘EVIDENTE’ EL ENCARGO DE INTERIOR

En su auto, García-Castellón señala que es evidente la existencia de un encargo efectuado a Villarejo «por personas vinculadas al Ministerio del Interior» y encaminado a la obtención de información y documentación procedente de Bárcenas.

Indica que del estudio de las grabaciones incautadas, se desprende que en el verano de 2013 pudo producirse un acceso ilegal en el local de la madrileña calle General Díez Porlier -un estudio de restauración de arte de la mujer de Bárcenas- donde se habría hallado un ‘zulo’ en el que se guardaría documentación del extesorero.

Apunta que esa documentación podría haber estado en poder de otro de los investigados en el caso, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, al que Villarejo insistió para que se la hiciera llegar. Estos hechos, añade el juez, se habrían producido con el conocimiento del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Además, señala que esa presunta operación parapolicial se realizó al margen de la que llevaba a cabo el grupo de la UDEF designado para las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, y que se sostuvo con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Indica que la documentación recabada en registros, permite sostener la existencia de pagos efectuados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que habrían captado como colaborador. Y también, gracias a la documentación desclasificada por el Gobierno, consta que García Castaño recibió entre julio de 2014 y mayo de 2015 un total de 50.000 euros en efectivo con cargo a los fondos reservados.

UNA PISTOLA DE 700 EUROS

García-Castellón expone que aunque el exjefe de la UCAO ha negado que esos pagos tuvieran que ver con Kitchen, sí que ha reconocido recepción de fondos reservados de Interior para comprar una pistola por 700 euros para el chófer, y para comprar material informático (1.905 euros).

Recuerda que los fondos reservados deben ser controlados por el ministro y por el secretario de Estado de Seguridad, y en la época en la que tuvo lugar la operación Kitchen -señala que al parecer pudo desarrollarse entre enero de 2013 y noviembre de 2016- ostentaban esos cargos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez.

El magistrado señala también que en la declaración judicial prestada por el investigado Enrique García Castaño el 8 de octubre de 2019, se ratificó en la directa implicación del secretario de Estado de Seguridad en la operación, añadiendo que la información obtenida por medio del volcado de los dos teléfonos móviles que había entregado el investigado Sergio Ríos se la entregó posteriormente a Francisco Martínez. 

Añade que García Castaño declaró de nuevo en sede judicial el pasado 9 de marzo, y que entonces leyó voluntariamente tres mensajes de WhatsApp recibidos en su móvil, que exhibió a continuación para su incorporación en las actuaciones, y que dos de ellos, «cuya fecha situó recientemente, sin que conste exactamente el momento de su recepción, al parecer fueron enviados por un contacto identificado como «Silverio Nieto», quien al parecer se encontraba con él en el momento de ser detenido el 11 de julio de 2018″.

«Estos mensajes al parecer fueron reenviados por Silverio Nieto a Enrique García Castaño tras haber sido recibidos previamente de Francisco Martínez», agrega.

En esos mensajes, se hablaba de la necesidad de entregar actas notariales que incluían mensajes de 2013 y 2014 sobre Kitchen y que conllevarían «la situación de Jorge y probablemente Rajoy».

Silverio Nieto escribió a García Castaño que ese mismo mensaje se habría enviado a «JF», lo cual, «según Castaño, significaría que el mismo remitente lo habría podido enviar a Jorge Fernández Díaz», apunta el magistrado. 

Por otro lado, indica que de la transcripción de los mensajes cruzados entre Fernández Díaz y Francisco Martínez se desprende que hablan del chófer de Bárcenas y que el que fuera ministro le pedía total coordinación y medios porque debían «conseguir esa info».

Con esos mensajes y otra conversación entre ambos de 2013 en la que hablan de una operación de volcado de dos iphones y un ipad que se habría realizado con éxito y que contendrían información para la defensa jurídica de Bárcenas, el magistrado coloca en la diana de la instrucción a ambos altos cargos de Interior.

«La presencia de Jorge Fernández Díaz resulta necesaria, útil y pertinente, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente, con la participación directa del ministro, y actuando por delegación de este, al parecer, el Secretario de Estado de Seguridad», recalca.

Asimismo, el juez indica que la operación «parece traer causa de un encargo efectuado por órganos superiores del Ministerio del Interior», por lo que indica que este departamento podría ser el responsable de «desplegar» el operativo.

COSPEDAL Y GÓMEZ GORDO

Tras explicar en el auto que quiere escuchar primero a Martínez para luego decidir sobre si llama a Cospedal y su marido, el juez destaca que «uno de los principales indicios en los que se sustenta la llamada al proceso como investigados de Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal, tal y como se desprende del informe del Fiscal, es su conexión con el también investigado Andrés López Gordo, inspector que estuvo prestando servicios de vigilancia personal» para ella.

«Al parecer Gómez Gordo fue quien pudo ayudar a Villarejo a aproximarse a Sergio Ríos tras haber fallado en el intento García Castaño», señala el magistrado.

Añade que Gómez Gordo negó en sede judicial cualquier intervención de Cospedal y López Hierro en su acercamiento a Sergio Ríos.

En cuanto a la citación como testigos de Jorge Sanchis, director de Gabinete de Martínez, e Iciar Castro, indica que les cita por la cercanía con el que fuera secretario de Estado a tenor de las comunicaciones registradas en el móvil del investigado.

En una conversación entre Castro y Martínez de febrero de 2019, ésta le dice que sabe que no es un delincuente y que le han engañado, Martínez le responde que estuvieron «en una piscina de tiburones», que ha sido «un pringao» y reprocha ante ella que Fernández Díaz sostenga que no sabía nada.

FRANCISCO MARTÍNEZ, EL PRIMER CARGO POLÍTICO LLAMADO A DECLARAR COMO INVESTIGADO POR ESTE ASUNTO

El ‘número dos’ de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, fue el primer cargo político llamado a declarar como investigado por este asunto.

Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, afirma que siempre trabajó «con absoluto respeto a la ley». Foto: EP

Fue citado por primera vez el pasado enero y se negó a declarar alegando que las actuaciones estaban bajo secreto de sumario y que no había tenido acceso a las actuaciones.

Tras conocer su imputación, publicó un comunicado afirmando que durante los años que ejerció el cargo en el Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz trabajó “para prestar el mejor servicio al interés general” y que siempre lo hizo “con absoluto respeto a la Ley”.

“Tengo plena confianza en la acción de la Justicia y defenderé mi gestión siguiendo las directrices de mis abogados”, añadió, y pidió respeto a su privacidad y al principio de presunción de inocencia.

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