Rafael Redondo Rodríguez, socio del comisario jubilado en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, hizo trabajos para el desaparecido promotor inmobiliario, Luis García-Cereceda, fallecido en 2010, en fechas tan tempranas como 2006.
Así lo atestigua un fax, fechado el 2 de junio de 2006, enviado por Jesús Fernández García, apoderado de la empresa de Promociones y Conciertos Inmobiliarios, S.A. (PROCISA) a Redondo, manifestándole el interés de la empresa en comprar dos parcelas de 12.206 metros cuadrados, en la Romana, la zona más exclusiva de República Dominicana.
Gracias a aquella intermediación de Redondo, que acabó en compra, García-Cereceda encargó al arquitecto Joaquín Torres el diseño y la construcción de una gran mansión en Punta del Águila.
El fax en cuestión prueba, según Yolanda García-Cereceda, que tanto Rafael Redondo como el comisario Villarejo eran colaboradores habituales y estrechos de PROCISA, la empresa de su padre.
Por lo tanto, no entraron en contacto con su hermana, Susana García-Cereceda, a través de David Fernández, exjefe de seguridad de PROCISA, en 2013, como han venido afirmando en el marco de la instrucción de la «pieza Land»; conocían a Villarejo y a su socio de mucho tiempo atrás.
Yolanda García-Cereceda ha solicitado, por ello, a García Castellón que llame a declarar a Emilio Javier Carreras Rodríguez, máximo responsable jurídico de PROCISA, quien, por su puesto puede atestiguar que la referida colaboración con Redondo, con el que solía despachar habitualmente, era estrecha.
Y, por ende, con Villarejo, su socio en la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt).
Esta pieza, la «Land», es la número 3 del caso Tándem, como se denomina a las 25 piezas en las que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en las que ha dividido la investigación sobre los «pluriempleos» del comisario.
VILLAREJO CONTRATADO PARA ESPIAR A YOLANDA GARCÍA-CERECEDA Y CUATRO PERSONAS MÁS
Susana García-Cereceda contrató a Villarejo para espiar a su hermana Yolanda, a su entonces pareja, Jaime Ostos, a la viuda de su padre, Silvia Concepción Gómez-Cuétara Novoa y al arquitecto Joaquín Torres, estrecho colaborador, hasta la muerte de García-Cereceda,promotor de «La Finca», la exclusiva urbanización de lujo situada en el término municipal de Pozuelo de Alarcón, a pocos kilómetros al oeste de Madrid.
En juego estaba la herencia del padre, Luis García-Cereceda, cifrada en más de 1.000 millones de euros.
Cenyt (Villarejo y Redondo) recibió el encargo el 2 de febrero de 2013 de buscar información íntima que pudiera servir para disuadir en las negociaciones por dicha herencia.
Durante 2013 y 2014 Cenyt llevó a cabo el encargo haciendo uso de recursos por completo ilegales.
Hasta el pasado mes de mayo, la argumentación de la Fiscalía Anticorrupción fue que los investigados «Susana García-Cereceda López, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez [su mano derecha] y David Fernández Aumente [quien fuera jefe de seguridad] concertaron con los responsables del Grupo Cenyt, y concretamente a los investigados José Manuel Villarejo Pérez y Rafael Redondo Rodríguez un plan de actuación en orden a remover voluntades, coaccionar y obtener a través de medios no lícitos una solución de los referidos conflictos favorables a sus intereses (…) para conocer en qué situación había quedado la promotora PROCISA a la muerte de su presidente, pero también de averiguar datos sobre la situación del resto de los herederos para remover eventuales voluntades en orden a acceder a la dirección de la empresa…”.
CAMBIO DE OPINIÓN DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
La Fiscalía, en un principio, pidió este pasado mes de junio 16 años y 10 meses de prisión para Susana García Cereceda, por los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
Para Peñalver y Fernández solicitó 19 años y 4 meses de prisión
Una calificación que finalmente cambió a 24 meses, en lo que Yolanda García-Cereceda califica «un claro ejercicio de imaginería jurídica».
Para el comisario Villarejo no ha habido oferta alguna de «colaboración» y de obtener una conformidad. Como tampoco para sus colaboradores.
Así para Villarejo la Fiscalía pide 38 años de cárcel. 36 años y 4 meses de prisión para su esposa, Gema Alcalá, administradora de sus sociedades, y 36 años y 4 meses para su socio Rafael Redondo.
Para el amigo y colaborador de Villarejo, el comisario principal de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, la Fiscalía, que le acusa de obtener información de las víctimas «a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie», solicita 30 años y 10 meses de prisión.
