La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) afirman que alguna de las medidas contenidas en el proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supondrán una «avalancha» de asuntos en los juzgados.
Así lo han manifestado las cuatro asociaciones en un comunicado conjunto en el que manifiestan su «preocupación» por lo establecido en las disposiciones transitorias de la normativa.
En ellas, entre otras cosas, explican «se prevé que la nueva Ley se aplique, al momento de entrar en vigor, a los procedimientos judiciales relativos a la capacidad de las personas que ya estén en trámite».
Además, resaltan que el aspecto más problemático se encuentra en la previsión de que «la totalidad de medidas que hasta ese momento se hayan adoptado judicialmente en relación a la capacidad de las personas, puedan ser revisadas por los tribunales a la luz de la nueva regulación, previa petición de parte (obligatoria en muchos supuestos)».
Las asociaciones de jueces creen que en el mejor de los casos esto supondría «decenas de miles de medidas que podrían volver a los juzgados«.
«Sin dotación presupuestaria»
Algo que, recuerdan, «se hace sin dotación presupuestaria alguna ni previsión de creación de órganos judiciales que permita absorber la avalancha de asuntos que los juzgados, la mayoría de ellos sin especializar en la materia, que van a recibir«.
El resultado, de mantenerse esta previsión, «va a llevar a una sobrecarga de dichos juzgados, con el consiguiente retraso en la tramitación de los asuntos, muchos de ellos particularmente sensibles».
En concreto, «se verán perjudicadas justo aquellas personas con discapacidad a las que precisamente la ley trata de apoyar, al enterrar sus asuntos en órganos judiciales insuficientes y sin apoyos ni medios bastantes».
Por todo ello, las asociaciones firmantes esperan que en su tramitación parlamentaria «este grave error de cálculo pueda ser corregido«.
Desde el pasado mes de julio, se encuentra en trámite parlamentario de enmiendas el proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La nueva ley busca eliminar del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada por tratarse de “figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que ahora se propone”, tal y como recoge el anteproyecto.
De este modo, el anteproyecto propone sustituir la “incapacidad” e “incapacitación” de las personas con discapacidad por la curatela.
Esta reforma persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.
El Gobierno busca dar mayor protagonismo a la curatela, como principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad.
