La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicita tres años de prisión para un agente acusado por su supuesta implicación en una trama de favores hacia una varios empresarios.
El agente responde a las iniciales de J.C.C.D.
Estaba destinado en la Comandancia de Valladolid cuando ocurrieron los hechos que se le imputan.
La AUGC está personada en la causa como acción popular, a través de su abogado Miguel Ángel Romo Comerón, quien ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid apertura de juicio oral.
Imputa al agente la presunta comisión de un delito continuado de revelación de secretos, otro delito continuado de tráfico de influencias y un delito de revelación de secretos.
Además de la pena de cárcel, pide que sea inhabilitado para el desempeño de cargo o empleo público durante ocho años y cuatro meses.
El caso ha sido investigado por el magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción número 1, José María Crespo, que ha dictado auto de procedimiento abreviado, y en junio dio traslado a las partes para que formalizaran sus escritos de acusación.
También acusa la Fiscalía y está personada en calidad de acusación popular la Unión de Oficiales.
El juez Crespo abrió procedimiento al agente y a varios empresarios de Valladolid a los que imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y prevaricación administrativa.
«La AUGC, personándose en la causa como acción popular, pretende el cumplimiento de sus fines profesionales, como son depurar las supuestas responsabilidades que los miembros de la Guardia Civil hayan podido infringir en el cumplimiento de sus obligaciones», señala a Confilegal el letrado Miguel Ángel Romo.
«Salvaguardando así los fines del Instituto armado, que son comunes al ordenamiento jurídico y a la ciudadanía española: las actuaciones democráticas, la transparencia de la actuación policial y la lealtad a la Constitución española, entre otros objetivos», añade.
‘OPERACIÓN ROSADO’
Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la ‘Operación Rosado’ contra presunto tráfico de drogas y de blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre ellas el agente.
En septiembre de 2019, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 exoneró al guardia civil y a otros 21 investigados de un total de 44 de la ‘Operación Rosado’ desplegada contra supuesto tráfico de drogas, al no ver indicios de participación de los mismos en esos hechos.
Entonces, el juez abrió otra pieza separada a fin de investigar los hechos por los que ahora está acusado este guardia civil y empresarios.
Según expuso el magistrado en un auto, presuntamente el agente influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones «incompatibles con su condición» de agente de la autoridad.
Según el instructor, las grabaciones reflejan «la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad» y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.
El juez indicaba que existen indicios de que éste, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación y «vendía» esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.
Además, el magistrado indicaba que de la investigación realizada se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad.
Para ello, supuestamente facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores -en un caso habría señalado a una persona difunta como conductor en el momento de la infracción- y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo, siempre según la investigación.
