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La baja del magistrado del TC acusado de malos tratos: ¿Una maniobra dilatoria para retrasar su juicio?
El magistrado del Tribunal Constitucional, investigado en el Supremo por supuestos malos tratos a su esposa, se ha dado de baja aconsejado por el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.
22/9/2020 12:53
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Actualizado: 22/9/2020 13:09
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Hace una semana y media que me contaron que dentro del Tribunal Constitucional se estaba barajando la posibilidad de que Fernando Valdés Dal-Ré, de 75 años, pidiera una baja.
La intención era evidente: retrasar el juicio contra su persona que tiene que celebrarse en el Tribunal Supremo por supuestos malos tratos contra su esposa.
Lo que deduje que se buscaba era alargar el procedimiento, evitando que, por ahora, se siente en el banquillo de los acusados.
Evitando su dimisión.
Con ello se gana tiempo para que PP y PSOE puedan ponerse de acuerdo próximamente de cara a la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional, entre los que se encuentra Valdés Dal-Ré.
Esta mañana me he encontrado en El Mundo la materialización de lo que me habían contado: «El juez investigado por maltrato abandona el TC».
Un titular que no responde a la verdad.
Porque en su situación de baja, Valdés Dal-Ré sigue perteneciendo al Constitucional y sigue cobrando los 132.431,18 euros anuales brutos de salario, o 9.459,37 euros brutos (por catorce pagas) mensuales; en torno a los 7.000 euros netos.
No los 2.659,41 euros brutos mensuales, que le corresponderían como jubilado si hubiera presentado la dimisión en su momento.
Según ha informado después el Tribunal Constitucional, el presidente Juan José González Rivas ha comunicado a sus diez compañeros restantes, en el Pleno del órgano judicial, sobre esta circunstancia y sobre el hecho de que Valdés Dal-Ré lleva ingresado en un hospital de la Comunidad de Madrid hace unos días.
«La culpa» de que Valdés Dal-Ré haya pedido la baja –se deduce– la tiene en gran parte el presidente de la institución, González Rivas: «De ahí que Valdés –de 75 años de edad y gravemente enfermo– haya optado por solicitar la baja médica, después de que el presidente del TC, Juan José González Rivas, se lo pidiera, según indican distintas fuentes de este órgano».
Así de claro lo cuenta El Mundo.
El magistrado padece un cáncer de pulmón y está en tratamiento, pero, hasta ahora, no había precisado ningún tipo de baja.
Soy muy consciente de que a González Rivas, que se encuentra en un mandato prolongado desde el pasado mes de noviembre, le perturba la idea de ver a uno de los suyos, con su categoría de magistrado del Tribunal Constitucional, sentado en el banquillo de los acusados del Supremo por un supuesto delito de malos tratos a su mujer.
PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DEL SUPREMO
La baja, según varios juristas consultados, puede ser una «maniobra de carácter dilatorio».
El recurso de las bajas para suspender los juicios por malos tratos es bastante común en este tipo de juicios, y más si hay un ingreso en un hospital de por medio.
Dicha situación –su ausencia–, sin embargo, no impediría la celebración del juicio en el Supremo.
Porque al ser un delito castigado con menos de dos años de prisión no es necesaria su presencia en la sala.
“El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido la esposa” será castigado con prisión de “seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días”, dice el artículo 153 del Código Penal.
Es el que citó la magistrada del Juzgado Mixto 7 de Majadahonda, con competencias en violencia sobre la mujer, Elena Garde, en el razonamiento que elevó el 13 de agosto al Supremo, tres días después de tomar declaración a Valdés Dal-Ré, a su esposa y al testigo presencial que llamó a la Policía y que provocó la detención del magistrado del Constitucional. El mismo del fiscal del caso.
La pelota queda ahora, por lo tanto, en el tejado de Martínez Arrieta, que ahora debe optar por interrogar a la mujer del magistrado y a los dos testigos y uno de los agentes, paralizando después la celebración del juicio, hasta que Valdés Dal-Ré vuelva a estar de alta, para que esté presente en la vista pública.
Lo que sería objeto de fuertes críticas por lo del diferente tratamiento por ser quién es el magistrado del Constitucional.
O de seguir adelante, juzgándolo en su ausencia.
Cualquiera de las dos opciones es válida.
Lo único que impediría que eso ocurriera es que Valdés Dal-Ré presentara su dimisión, con lo que desaparecería del foco público. Su caso regresaría a Majadahonda y sería juzgado como un ciudadano más.
Pero eso es, precisamente, lo que no va a ocurrir.
¿O sí?
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